El Parlamento andaluz recibe 52.000 firmas que exigen a los diputados debatir la bajada de alumnos por aula

Al final, sobraron firmas. La comunidad educativa andaluza ha presentado este jueves 52.846 firmas de ciudadanos para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el Parlamento autonómico que obligue a sus diputados a debatir sobre la bajada del número de alumnos por aula. A solo dos semanas del plazo que cumplía hoy, los profesores, padres y estudiantes requerían 5.000 firmas para llegar al mínimo de 40.000, necesario para que la propu...

Al final, sobraron firmas. La comunidad educativa andaluza ha presentado este jueves 52.846 firmas de ciudadanos para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el Parlamento autonómico que obligue a sus diputados a debatir sobre la bajada del número de alumnos por aula. A solo dos semanas del plazo que cumplía hoy, los profesores, padres y estudiantes requerían 5.000 firmas para llegar al mínimo de 40.000, necesario para que la propuesta se debata en la Cámara. Pidieron un aplazamiento a la Mesa del Parlamento al estar en pleno verano, pero el PP y Vox rechazaron la prórroga, una negativa inédita los últimos 16 años. Este rechazo inesperado provocó una indignación entre los promotores, que los últimos días y en una campaña veraniega de recogida de firmas realizada a toda mecha -con los colegios cerrados- logró la meta de manera holgada, con casi 13.000 firmas de más, que avala su respaldo popular. El objetivo es claro: mejorar la calidad de la educación gracias a la bajada de ratio de alumnos por ley.

“Esperemos que no tumben la iniciativa después de que la comunidad educativa la haya reclamado con tanta insistencia. Apurando los tiempos y tras apretar los tornillos, la ciudadanía se ha volcado. En el debate nos tendrán ahí”, avisa Olga Solano, participante de la comisión promotora de la iniciativa popular y portavoz del sindicato Ustea. Tras la ILP están una treintena de organizaciones, entre los que destacan la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Infantil y Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), la de Direcciones Escolares Públicas de Andalucía, sindicatos como Ustea y Anpe, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAMPA), el Frente de Estudiantes y partidos como PSOE, Izquierda Unida, Adelante Andalucía y Podemos.

Dado que el PP ha intentado que la iniciativa no se debata y cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, la bajada de ratio por ley cuenta con pocas posibilidades de prosperar. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP), ha rechazado responder sobre por qué rechazó la prórroga solicitada por las organizaciones. “Si van a decir que no, que lo digan en el pleno con luz y taquígrafos”, retaba este jueves Solano a las puertas del Parlamento. Una decena de miembros de la plataforma entregó las cajas con las firmas este mediodía tras arañar apoyos por toda la región desde que nació la iniciativa hace más de un año.

La ILP reclama, entre otras medidas, bajar la ratio de 25 a 20 alumnos por clase en infantil y primaria, de 30 a 25 en secundaria y de 35 a 30 en Bachillerato.

La respuesta de la Consejería de Educación, hasta ahora en manos de Ciudadanos y tras las elecciones bajo mando del PP, ante la exigencia de la bajada de ratio por ley siempre ha sido que la bajada de la natalidad propiciará de manera natural y progresiva dicha reducción de alumnos por aula, lo que evitará un esfuerzo presupuestario como el que exige la comunidad educativa. La Junta se negó a reducir la ratio incluso en la pandemia, cuando la recomendación era sobre todo sanitaria más que por la calidad educativa. Desde 2018, las aulas andaluzas han perdido 70.000 estudiantes.

Junto a Solano, Margarita Yedro, del sindicato Anpe, añadía: “La mayoría de firmantes estaban entusiasmados y esto se salió del ámbito educativo para saltar a las playas, los mercadillos y los bares. El momento para bajar la ratio es ahora, se puede hacer para llegar a Secundaria pronto con ese número”. Tanto Yedro como Antonio Ortiz, de IU, enfatizaban las numerosas peticiones de los ciudadanos firmantes para limitar el número de alumnos con dificultades de aprendizaje. La iniciativa persigue que sean cinco estudiantes por profesor, un tope que ahora no existe por ley.

La comunidad educativa censura que los datos globales de la Junta implica muchas trampas porque su política no busca reducir la ratio, sino cerrar aulas, y esto afecta sobre todo a la escuela pública. Los conciertos con colegios subvencionados duran cuatro años y no pueden cerrarse aulas mientras hay un contrato en curso.

A diferencia de Andalucía, el País Vasco sí acordó el pasado mayo reducir sus alumnos en cada ciclo educativo: en educación infantil habrá un ratio máximo de 18 y 20 alumnos por profesor, las clases de Primaria tendrán 23 estudiantes en vez de los 25 actuales, en Secundaria la ratio se mantiene en 25 y en Bachillerato las aulas tendrán 27 alumnos en lugar de los 30 actuales.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.