Andalucía promueve una universidad a la que se opone el Gobierno y que inspiró su consejero de Educación

La Junta de Andalucía ha aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana el anteproyecto de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTEMED), online y con sede en Málaga, pese al informe contrario de los técnicos del Ministerio de Universidades. “Siguen existiendo serias dudas sobre la sostenibilidad económica (...). Hay una deficiente planificación del profesorado. Imposibilidad de garantizar prácticas obligatorias externas, incertidumbre respecto a la sede de la universidad o falta de garantías que aseguren la financiación económica”, se afirma en las conclusiones.
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La Junta de Andalucía ha aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana el anteproyecto de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo (UTEMED), online y con sede en Málaga, pese al informe contrario de los técnicos del Ministerio de Universidades. “Siguen existiendo serias dudas sobre la sostenibilidad económica (...). Hay una deficiente planificación del profesorado. Imposibilidad de garantizar prácticas obligatorias externas, incertidumbre respecto a la sede de la universidad o falta de garantías que aseguren la financiación económica”, se afirma en las conclusiones.

El proyecto lo puso en marcha la Escuela de Negocios del Mediterráneo (MEDAC), dueña de un centenar de academias ―30 de ellas de Formación Profesional― y fundada por el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda. El también renombrado entrenador de baloncesto vendió sus acciones (el 29% del total) al fondo Queka Real Partners por 8,6 millones al entrar en política con Ciudadanos en 2018; y este verano el fondo de inversiones Kohlberg Kravis Roberts (KKR) compró toda la empresa por 200 millones de euros, multiplicando por siete el valor de la compañía en tres años.

El proyecto de UTEMED tampoco cumple con el decreto de creación y reconocimiento de universidades, que entró en vigor en agosto de 2021, y establece unos requisitos mínimos de calidad en investigación, docencia y equipamientos que deben cumplir las instituciones para merecer el nombre de universidad. La Junta les dará cinco años desde su autorización para ponerse al día, pero muchos juristas interpretan que deberían inaugurarse cumpliendo la nueva normativa desde el primer momento.

La ley ahora obliga a ofertar 10 grados, seis másteres y dos títulos de doctorado. UTEMED pretende nacer con seis grados (carreras), siete másteres y un título de doctorado. Además, los estudios tienen que versar según la norma sobre al menos tres de las cinco áreas de conocimiento y en este caso todas gravitan en torno a las ciencias sociales: nuevas tecnologías, marketing digital, derecho, educación y emprendimiento. “No veo mal el decreto, porque te exige más investigación, porque una universidad no puede ser solo docencia. Nosotros no haremos investigación básica, sino aplicada, será un modelo muy yanqui”, explica Paco Ávila, presidente de UTEMED y antes socio de Imbroda.

Fuentes de Universidades afirman que “el ministerio está y estará en contra de todos aquellos proyectos que no se ajusten a la ley”. “Es competencia directa de las comunidades autónomas velar por el cumplimiento del decreto de creación y reconocimiento de universidades, ya en vigor y que, como todas las leyes, ha de cumplirse. Las universidades que no lo cumplan tendrán cinco años para adecuarse y, en caso de no hacerlo, son las comunidades quienes tendrán que revocarles el permiso en aplicación de dicho real decreto”, añaden estas fuentes del ministerio.

El informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que redacta el ministerio, es preceptivo pero no vinculante, y Andalucía, con UTEMED, no es la primera comunidad que pasa por alto el dictamen. Ocurrió con el Gobierno de Cantabria y la Universidad Europea del Atlántico y, presumiblemente en una semana, con el Gobierno del PP el Madrid, que todo indica que sacará adelante en la Asamblea con el respaldo de Vox la creación de la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), la cual cuenta también con cuatro informes en contra del propio Ejecutivo regional.

Fiasco del proyecto en Melilla

Imbroda con MEDAC trató en 2018 de abrir en Melilla una universidad muy parecida a la de Málaga y con idéntico nombre. Contaba con el respaldo de su hermano Juan José, presidente de la ciudad autónoma, pero recibió un informe demoledor del ministerio. Entonces se afirmó en las conclusiones (la información de acceso público): “La viabilidad del proyecto está insuficientemente garantizada, puesto que las pérdidas del primer año pretenden cubrirse con un aval que no se aporta”. Los técnicos sostuvieron: “No se dedican recursos ni se contemplan estructuras específicas para investigación”. También estos echaron en falta entre la documentación programas de doctorado, composición de la plantilla, número de créditos de las asignaturas o datos del emplazamiento.

El respaldo ahora de un fondo de inversiones multinacional da más solidez al proyecto de Málaga. “Medios nunca han faltado. Tenemos mucha caja. Nos faltaba experiencia universitaria por eso pensamos en KKR, que tiene el sistema universitario más importante del mundo”, prosigue Ávila. “Es un proyectazo, se va a montar”.

La intención en Melilla de Imbroda, a quien este diario tratado sin éxito de contactar, era contar con 60 trabajadores el primer año y 220 un lustro después. Al principio Imbroda inscribió en 2016 a su nombre la empresa Universidad del Deporte y la Salud, pero 24 horas antes de que su hermano Juan José ―presidente de la ciudad autónoma desde 20 años antes― diese la bendición a su propuesta en el Consejo de Gobierno de Melilla, pasó a llamarse a UTEMED y él dejó de ser el administrador de la empresa, aunque sí uno de los socios que presentó el proyecto.

El consejero Imbroda y sus socios quisieron levantar la universidad de Melilla para que los alumnos que cursan FP superior en sus academias se titulasen como universitarios de forma exprés al convalidarse parte de estos estudios. “Nuestra insistencia nos ha llevado a conseguir que algunas universidades privadas nacionales nos hayan convalidado actualmente más de 80 créditos universitarios presentando nuestro título de FP superior”, escribió Paco Ávila, presidente de MEDAC, en una tribuna publicada en el digital El Confidencial en 2018, cuando esperaban las conclusiones del informe. Ahora Ávila asegura que esta idea está “muy verde” y su interés se centra en que la universidad sea accesible para todos por precio ―4.000 euros, se ajusta a lo que se puede recibir de beca― y presencia en cualquier lugar al ser a distancia.

En la primavera de 2019 Imbroda se lamentó en La Razón: “Vendí mis acciones, salvo un 20% que conservo en temas de centros médicos. El resto lo tuve que vender todo, un proyectazo que va como un cohete y que terminará haciendo una universidad como quisimos”. La sombra de las incompatibilidades ha perseguido al consejero porque MEDAC no ha parado de abrir centros privados de FP: 30. Desde la consejería justificaban antes de la venta que esas academias no están concertadas con la Junta; pero entre las atribuciones de Imbroda (que no tiene competencias en Universidad, a diferencia de consejeros de otras regiones) sí está la convalidación de asignaturas de FP en créditos de la carrera.

Otro proyecto del CEU en Sevilla

Junto al proyecto de UTEMED, la Junta de Andalucía ha aprobado el de la Universidad Fernando III el Santo en la localidad de Bormujos (Sevilla), la cuarta universidad de San Pablo CEU en España. Esta sí pasó el informe preceptivo del ministerio, pero tampoco cumple con los requisitos mínimos fijados este pasado verano el decreto de creación y reconocimiento de universidades. Una portavoz de la Universidad San Pablo-CEU señala que la Universidad Fernando III sumará en esos cinco años que tiene de margen los dos grados y el máster que le faltan para cumplir ese requisito del decreto y hará la inversión en investigación que se requiera. El CEU cuenta ya con una universidad en Barcelona y otra en Valencia.

La Junta estudia la creación de otras cinco posibles universidades esta legislatura, pero no ofrece ninguna información previa a la resolución.

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