Más allá del ‘blackout’
En 2024, la CNMV impuso 51 multas por un total de 12,3 millones de euros y abrió 277 expedientes por operaciones sospechosas de abuso de mercado
La reciente aclaración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en línea con la interpretación del supervisor bursátil europeo (ESMA), ha arrojado luz sobre el alcance del denominado blackout period: ese periodo de silencio en el que los directivos de emp...
La reciente aclaración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en línea con la interpretación del supervisor bursátil europeo (ESMA), ha arrojado luz sobre el alcance del denominado blackout period: ese periodo de silencio en el que los directivos de empresas cotizadas tienen prohibido operar con acciones propias antes de la publicación de resultados.
La CNMV ha precisado que debe existir un único periodo cerrado por cada informe financiero —intermedio o anual—, que concluye en la fecha del anuncio de resultados, no en la fecha de publicación formal del informe. Así, si una entidad difunde un avance de resultados que incluya toda la información clave, será esa publicación la que marque el final del periodo cerrado. A partir de ese momento, los directivos podrán operar, siempre que no estén en posesión de información privilegiada por otras operaciones relevantes.
Esta obligación de no operar durante los 30 días previos a la publicación de resultados financieros, introducida por el Reglamento sobre el abuso de mercado (MAR), es una medida que ya formaba parte de los reglamentos internos de conducta de la mayoría de las entidades. Es una práctica consolidada que refleja el compromiso con los principios del buen gobierno corporativo. Sin embargo, el verdadero problema no radica en el cumplimiento de los closed periods, sino en el uso indebido de información privilegiada fuera de ellos.
Aunque la CNMV no ha impuesto hasta la fecha ninguna sanción por vulnerar el periodo cerrado, el panorama cambia cuando se trata del uso de información privilegiada. En 2024, el organismo impuso 51 multas por un total de 12,3 millones de euros —más de seis veces el importe del año anterior— y abrió 277 expedientes por operaciones sospechosas de abuso de mercado, un 13,5% más que en 2023. De ellos, el 72% estaban relacionados con el uso o intento de uso de información privilegiada.
Estas cifras reflejan un endurecimiento en la supervisión del mercado y subrayan la importancia de garantizar la igualdad de acceso a la información. Según el Instituto Europeo de Mercados Financieros, los casos de uso de información privilegiada pueden reducir la liquidez de los valores afectados hasta en un 15% en las semanas posteriores a la sanción, debido a la pérdida de confianza de los inversores institucionales. Esta desconfianza se traduce en una mayor volatilidad y en un coste de capital más elevado para las empresas implicadas, lo que pone de relieve el impacto económico directo de estas prácticas sobre el mercado.
En suma, el verdadero desafío para los mercados reside en la prevención y persecución del uso indebido de información privilegiada. Las cifras de sanciones y expedientes abiertos por la CNMV demuestran que este riesgo sigue vigente y que su impacto va mucho más allá de la mera infracción normativa: afecta directamente a la confianza de los inversores, a la liquidez y a la reputación de las compañías.