Los abogados se frotan las manos con la enseñanza privada

En España hay codazos por comprar viviendas, oficinas, hoteles, negocios… y universidades. La educación privada vive días de vino y rosas. Vitaminada por la escasez de oferta pública y la altísima demanda en formación, esta ecuación ha cristalizado en un notable burbujeo en el mercado de adquisiciones de activos ligados a la educación. El margen de crecimiento que reflejan las estadísticas engorda el apetito inversor: la educación privada contó con 158.186 matriculados en grados en el curso 2013-2014, cifra que este año se situó en 300.094 estudiantes. La demanda creció un 89% en diez años.

Ello explica que inversores nacionales y extranjeros afilen sus estrategias. El ejemplo más claro del enorme interés que despierta el sector educativo es la reciente adquisición por la gestora sueca de capital riesgo EQT de la mayoría del control de la Universidad Europea, por 2.200 millones de euros, la operación más cara en este nicho en años. Fuentes del sector señalan que más activos saldrán al mercado en los próximos meses. Entre las quinielas figura la posible venta de un porcentaje relevante de la Universidad Internacional de La Rioja (Unir), la mayor plataforma de educación online.

Pero vender una universidad no es cuestión de una tarde. Existe una compleja maquinaria legal detrás del traspaso de estas sociedades, donde lo común es vender parte de las participaciones a través de procesos de subasta. Los expertos señalan que estas operaciones pueden ser ligeramente más complicadas que la compra de un activo tradicional de M&A (fusiones y adquisiciones, por sus siglas en inglés) porque, al tratarse de un sector regulado, existen ciertas formalidades legales. Y estas pueden hacer más sinuoso el camino.

“Las autorizaciones regulatorias pueden dilatar los plazos hasta conseguir cerrar una operación”, señala Miriam Pérez-Schafer, socia de corporate del bufete Freshfields, firma con experiencia en este tipo de transacciones. Por ejemplo, un bache puede ser conseguir el visto bueno de la comunidad autónoma, quien debe autorizar el traspaso; otro puede ser potenciales roces con las autoridades de competencia.

No obstante, los bufetes de abogados vaticinan que el hambre por los activos educativos —no solo por universidades, sino también por colegios, escuelas de negocios y plataformas online— no se desinflará. “Es muy probable que el interés se mantenga durante 2025, debido a su potencial de crecimiento y rentabilidad”, vaticina Andrea Sandi, abogada de inmobiliario de Uría Menéndez. La jurista señala dos razones detrás de este furor: por un lado, el potencial de la universidad online, con una extraordinaria capacidad para llegar a grandes públicos. Por otro, la llegada de estudiantes extranjeros.

“Con carácter general son operaciones complejas, cuyo análisis y ejecución se suele prolongar varios meses”, desgrana la letrada. La compra puede tomar más tiempo —entre dos y ocho meses, según las estimaciones de las firmas entrevistadas— si la venta se articula a través de un proceso competitivo. En este escenario hay que llevar a cabo la due diligence del negocio, un estudio al milímetro del activo previo a la compra para evitar pufos. En estos contratos, comenta la abogada de Uría, es común que una de las condiciones a negociar sea la continuidad del equipo directivo, lo que se consigue con “mecanismos económicos de incentivos” para garantizar su “alineación con los objetivos empresariales”.

Efecto llamada

“Cuando hay operaciones que se perciben como éxitos en el mercado, como la venta de la Universidad Europea, hay una tendencia a buscar repetirlas por parte de otros inversores con activos en el mismo ámbito”, coincide Miriam Pérez-Schafer, quien repara en los rumores sobre una inminente venta de la Universidad Alfonso X El Sabio. “Es un sector atractivo”, reconoce la abogada, “se percibe como un nicho en expansión, con gran capacidad de beneficiarse de la digitalización, susceptible de consolidación y que tiene como ventaja ser anticíclico”.

En estas operaciones, normalmente lo que se compra es “la sociedad titular de la actividad educativa”, explica, por su parte, Francisco J. Martínez Maroto, socio de M&A de Cuatrecasas. A esta mercantil están vinculados elementos de vital importancia para ejercer la actividad educativa como “los permisos y autorizaciones regulatorias pertinentes”; también los medios materiales, como el personal y los activos inmobiliarios, que pueden ser propiedad de la entidad o arrendados. Martínez Maroto coincide en el enorme “atractivo para la inversión” que estos activos están levantando entre los inversores, y en consonancia con el sector, augura que la actividad se mantendrá.

Teresa Zueco, socia directora de la firma Squire Patton Boggs, coincide en que la intervención de las administraciones públicas puede complicar las transacciones. “Lo normal es que la normativa autonómica exija que el nuevo titular acredite capacidad para mantener los estándares de calidad y viabilidad”. Sin embargo, cada región cuenta con su propia normativa. Ello implica afinar la lupa entre requisitos y plazos. “Suelen ser contratos complejos y extensos, debido a la cantidad de activos involucrados y a la regulación del sector”, apunta Zueco.

La experta añade que las condiciones regulatorias no son el único punto de estudio. Los abogados también escudriñan otras aristas legales, como la protección de los activos intangibles, es decir, “las marcas, la reputación, los acuerdos con otras empresas o los alumnos matriculados”; las becas, convenios y las subvenciones, o si existen fundaciones o entidades sin ánimo de lucro vinculadas al centro, lo que introduce “particularidades fiscales y estructurales”. Un puzle legal que, en cualquier caso, no intimidará a los inversores, según coinciden los expertos.