Del azadón al GPS: el campo cultiva tecnología

Agricultura de precisión, digitalización, inteligencia artificial, drones, sensores para detectar plagas o conocer las necesidades de las plantas, sistemas de geolocalización en explotaciones ganaderas y cultivos… son instrumentos hasta hace unos años apenas conocidos y utilizados en la actividad agraria. Hoy, aunque a veces no lo parezca, son términos con los que ya se ha familiarizado el sector, especialmente las nuevas generaciones, con el objetivo de ganar eficiencia y rentabilidad, aho...

Agricultura de precisión, digitalización, inteligencia artificial, drones, sensores para detectar plagas o conocer las necesidades de las plantas, sistemas de geolocalización en explotaciones ganaderas y cultivos… son instrumentos hasta hace unos años apenas conocidos y utilizados en la actividad agraria. Hoy, aunque a veces no lo parezca, son términos con los que ya se ha familiarizado el sector, especialmente las nuevas generaciones, con el objetivo de ganar eficiencia y rentabilidad, ahorrar y lograr la sostenibilidad.

Según datos de la Asociación Española para la Digitalización de la Agricultura, el Agroalimentario, la Ganadería, la Pesca y las Zonas Rurales, AgroTech, España se halla en los puestos de cabeza en el desarrollo de este tipo de empresas con más de 750, solamente superada por Estados Unidos e India, con casi medio centenar de diferentes firmas de aplicaciones tecnológicas. Con esas cifras, España lidera el sector en Europa triplicando las empresas de Estados miembros como Países Bajos, Alemania o Francia. Un dato que habla de la juventud del sector: el 60% de estas empresas se creó hace menos de cinco años y el 40% tiene entre cinco y diez años.

Para el presidente de la asociación, Ivan Lütolf, dada su reciente constitución, sus volúmenes de facturación no son muy importantes, aunque lo más destacable es que van creciendo año tras año, incluso en los peores momentos de la pandemia, ante el interés de muchos empresarios por contratar sus servicios. Una de cada ocho empresas aumentó su facturación en el último año y el 84% de ellas preveía incrementar sus plantillas; es una de las actividades que más está aumentando sus niveles de empleo, según sus datos. Hoy, el 60% de estas firmas factura menos de 250.000 euros. “Nuestros sectores agrario y alimentario se enfrentan a numerosos desafíos, como ser más productivos desde la exigencia de ser más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y en un contexto de subidas muy elevadas de los precios de los insumos, costes sociales, etcétera, y la práctica imposibilidad de fijar los precios de venta”, señala. Lütolf cree que el reto solo se puede cumplir si se avanza en unos procesos de transformación digital que sean económicamente viables y rentables y, a la vez, alineados con las exigencias medioambientales y sociales.

En Mazuela, Burgos, en la Castilla más profunda, hace medio siglo el señor Zacarías esparcía la semilla y el abono, con un saco, “cebadera”, al hombro. Unas décadas más tarde, su hijo Fidenciano lo hacía con la abonadora acoplada al tractor, pero sin saber exactamente dónde colocaba el producto. Hoy, el hijo, Eduardo, tiene incorporado al tractor un GPS. “Eso me permite una mayor racionalización a la hora de sembrar o de abonar, con un ahorro de unos 100 kilos por hectárea. Hago lo mismo para el empleo de los productos fitosanitarios”, asegura. El agricultor lamenta, no obstante, que el avance que suponen las nuevas tecnologías no se haya impuesto en el campo, pues supondría disponer de una información exacta sobre cada tierra, con sus análisis correspondientes para tratar a cada una en función de sus exigencias, y un ahorro importante así como mayores rendimientos.

El desarrollo de las empresas agrotech se extiende por toda España, si bien se concentran en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, con el 21%; Cataluña, que representa el 16%; Madrid, el 15%, y Valencia, un 11%.

Entre las múltiples tecnologías que aplican este tipo de empresas figuran la utilización de sensores en diferentes puntos de una explotación que permitan a los agricultores monitorizar sus cultivos obteniendo datos sobre su comportamiento, tendencias, uso del agua, estado hídrico de las plantas, humedad media, temperatura, etcétera. O el uso de geolocalizadores, GPS, con el objetivo de lograr una mayor agilización y optimización de las tareas agrícolas diarias, desde la fertilización a la siembra, pasando por la recolección, logrando así un seguimiento permanente de la evolución de las explotaciones agrícolas y datos sobre la situación de las cabañas ganaderas extensivas. Con la inteligencia artificial el agricultor tiene la posibilidad de predecir la aparición de enfermedades de las plantas y mejorar su ciclo.

Las nuevas tecnologías se expanden por todo el sector agrario. En el viñedo, el presidente de Terras Gauda, José María Fonseca, ha sido uno de los bodegueros pioneros en su aplicación en diferentes proyectos, desde la búsqueda de nuevas varietales hasta el control del emparrado. “Desde 2021 participamos en un proyecto europeo de inteligencia artificial, big data, drones y satélites para tener un seguimiento de viñedo y, sobre todo, para detectar de forma precoz sus posibles enfermedades y sus necesidades hídricas”, informa.

En Castilla y León, el desarrollo de la superficie del pistacho ha ido acompañada desde el Grupo Pistacyl con un proyecto de investigación dirigido a la sostenibilidad a través de sensores y drones que permiten conocer las necesidades de recursos hídricos en función de las expectativas de producción.

Con los datos manejados por Agrotech, en función de la utilización de cada tipo de tecnología, son posibles logros como un ahorro de hasta un 70% en el empleo de agua y de un 40% en el uso de fitosanitarios, a lo que se debe sumar el ahorro en tiempo, combustible, uso de la maquinaria, además de evitar posibles sanciones ligadas a los compromisos exigidos en materia verde por parte de las autoridades comunitarias.

La apuesta por la digitalización de la agricultura tiene un impacto dispar según sectores y territorios.

La iniciativa con más años de rodaje es el foro Datagri, protagonizado por la organización agraria COAG junto a Hispatec, las Cooperativas Agroalimentarias y la Universidad de Córdoba. José Luis González, responsable de estos programas en COAG, considera que España se halla en unos niveles similares a los países del entorno europeo, aunque reconoce que su implantación es muy desigual entre los pequeños y los grandes agricultores. “El gran reto es lograr una agricultura de futuro, una actividad sostenible en todas sus facetas, tal como establecen las orientaciones de la reforma de la PAC y el Pacto Verde”, sostiene. Asaja ha dado un paso suscribiendo un convenio con una empresa de drones y servicios, DSD, para sus asociados. Por su parte, UPA desarrolla trabajos de asesoramiento en la digitalización de la actividad agraria a través de los fondos dispuestos desde la Administración.

Planes y fondos públicos

La digitalización de la actividad agraria y el uso de las nuevas tecnologías para lograr un sector rentable y sostenible y a la vez con capacidad para competir en todos los mercados es uno de los retos que promulga la Administración española. Pero los fondos son básicamente comunitarios, derivados del programa Next Generation, y desde el sector se han calificado como insuficientes frente a los dispuestos para otras actividades, a los que se han sumado aportaciones del Estado.

En este objetivo se hallan los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, en el marco del cual se contempla como componente 3 un Plan de Impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y de la Ganadería para lograr un sector más eficiente. Cuenta con recursos de 1.050 millones de euros procedentes del Next Generation (956 millones son para agricultura y 95 para pesca).

Igualmente, en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE, del sector agroalimentario, se asignaron otros 1.000 millones de los fondos comunitarios para avanzar en la digitalización y la investigación, a los que se sumaron otros 800 millones de la Administración española.