Trabajo vigilará con empresas y sindicatos el impacto del conflicto bélico sobre el empleo para activar medidas de urgencia

El Gobierno de España pondrá a disposición de trabajadores y empresas todas las políticas públicas que sean necesarias para proteger el tejido productivo de todos los sectores ante los efectos negativos de la escalada bélica en Oriente Próximo y las amenazas de Donald Trump sobre la economía española que ya están empezando a sentirse. Ese ha sido en esencia el mensaje lanzado este jueves por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras reunirse con los líderes sindicales y parte de los patronales (el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no ha acudido a la cita). De momento, las partes han quedado en que sus respectivos técnicos harán un seguimiento en el marco del diálogo social para vigilar los efectos que tenga el conflicto bélico en el ámbito laboral del que se ocupa este ministerio para “activar, solo si fuera necesario, de forma inmediata las medidas que estén disponibles, porque se han ido forjando en los últimos seis años”, ha indicado la vicepresidenta.

Dichas medidas abordadas por Díaz en la reunión abarcan desde todo lo relacionado con la protección al empleo y a los pagos de las empresas como otras que implicarían un escudo social más amplio, como la reactivación de bonificaciones al gasóleo o las prórrogas de los alquileres que venzan a corto plazo, que defiende Sumar.

En concreto, las propuestas que Díaz ha trasladado a patronal y sindicatos consisten, entre otras, en la activación de condiciones especiales para los ERTE o el Mecanismo Red para suspender temporalmente los empleos; la limitación del despido objetivo por causas relacionadas con la crisis (esta medida estaba incluida en el decreto sobre el escudo social que tumbó la oposición recientemente en el Congreso y, por lo tanto no está vigente); las bonificaciones y aplazamientos de pago de cotizaciones a la Seguridad Social o las prestaciones y subsidios por desempleo o cese de actividad para autónomos.

Asimismo, Trabajo ha indicado que hay otras iniciativas de su competencia que se podrían activar en el caso de que el conflicto se extendiera en el tiempo y su impacto económico fuera mayor, como hacer prioritario el trabajo a distancia; posibilidad de adaptar el horario con una reducción de hasta el 100% de la jornada (esto quedó recogido en el Plan Mecuida, y dejó de estar vigente en junio de 2022); o los cuatro días de permiso remunerado “por causa de catástrofe u orden de autoridad competente”, ha precisado el Ministerio.

Pero más allá de este seguimiento en el marco del diálogo social, los líderes de CC OO, Unai Sordo y de UGT, Pepe Álvarez, han reclamado otras dos cosas. En primer lugar, un foro de vigilancia más amplio, en el que se involucren todos los ministerios afectados bajo la dirección del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y también han exigido al Ejecutivo que, ante el posible despliegue de cualquier medida para mitigar daños, “faciliten las memorias económicas y el coste fiscal de toda iniciativa que se adopte”, ha pedido Sordo. “Ya se gastaron 30.000 millones de euros con los ERTE en pandemia para salvar el empleo de 3,5 millones de personas y medio millón de empresas y otra cantidad ingente en costear la energía después de la guerra de Ucrania”, ha añadido el líder sindical, para reclamar “que no se caiga en la trampa de pedir una bajada de impuestos, porque si se quieren pedir ayudas, primero hay que pagarlas”, ha concluido en referencia al discurso electoral de la derecha.

La reclamación sindical llevaría, por tanto, a la negociación llegado el caso de un escudo social más amplio. En este punto, el documento de medidas ofertadas por Díaz este jueves a patronal y sindicatos ha incluido también otras soluciones. Las que presentan como más cercanas, por el aumento del precio del petróleo un 17% y del gas natural un 61%, son la recuperación del tope del precio del gas en el mercado mayorista (la conocida como excepción Ibérica, que España lideró en Europa tras la invasión rusa de Ucrania); la recuperación también de las bonificaciones al gasóleo; y el control de los precios energéticos.

Asimismo, Díaz también les ha planteado, tal y como piden las centrales sindicales, la búsqueda de un escudo social más amplío —que también reclamaron este miércoles desde Sumar— y que, en su opinión, debería incluir “la ampliación del bono social eléctrico, la prohibición de los desahucios; la prórroga de los alquileres (congelación de sus precios) y otras medidas de protección de rentas familiares”, señala el documento.

Si bien, la propia Díaz ha admitido que estas últimas medidas no son de su ministerio y corresponderá a otros departamentos y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plantearlas y, en su caso, aprobarlas.

“La soberanía no se defiende con pulseritas”

Más allá de todas estas medidas, los líderes sindicales han agradecido al Gobierno español la defensa de la soberanía nacional, por haber plantado cara a Estados Unidos y a su presidente, Donald Trump, negándose a que se utilizaran las bases militares españolas para el despegue de aviones de combate para atacar Irán. “Hemos mostrado todo nuestro apoyo y agradecimiento al Gobierno español y a su posicionamiento, del que nos sentimos muy orgullosos. Porque la soberanía no se demuestra con pulseritas (en referencia a las pulseras con la bandera de España), sino en el día a día, defendiendo la legalidad internacional”, ha dicho el líder de UGT.

Sordo, por su parte, ha restado gravedad a la amenaza de Trump de llevar a cabo embargos comerciales a España asegurando que obedece a una “bravuconada de un tiranuelo”. En ese sentido, el secretario general de CC OO ha destacado “el papel de España como contrapunto de soberanía europea, porque la disputa no va solo contra Oriente Próximo sino que pretende dinamitar la Unión Europea”. No obstante, ha confiado en que los Estados de la Unión actúen todos a una en el ámbito comercial.

Finalmente, preguntada por si los ministros de Sumar estaban al tanto del envío de una fragata española a Chipre, ha asegurado que han estado informados en todo momento y que, incluso, apoyan este envío porque se ha producido en un estricto marco defensivo y dentro de la legalidad internacional.