Bruselas recibe la petición española para renunciar al 75% de los créditos del fondo europeo de recuperación
La Comisión y el Gobierno negocian la última reforma del plan que ideó la UE para sostener a los países más afectados por la pandemia
La Comisión Europea ya tiene “un primer borrador” de la nueva adenda al plan de recuperación que está negociando con el Gobierno español, según explican los portavoces oficiales del Ejecutivo comunitario. “Mantenemos un contacto constructivo con España sobre este asunto”, añaden. En estas negociaciones, el Ejecutivo ha informado a Bruselas de su renuncia a solicitar en torno al 75% de los créditos que le corresponden al programa español del fondo de recuperación, lo que supone reducir los créditos de los algo más de 83.000 millones asignados a una cantidad que rondará los 22.000 millones, ...
La Comisión Europea ya tiene “un primer borrador” de la nueva adenda al plan de recuperación que está negociando con el Gobierno español, según explican los portavoces oficiales del Ejecutivo comunitario. “Mantenemos un contacto constructivo con España sobre este asunto”, añaden. En estas negociaciones, el Ejecutivo ha informado a Bruselas de su renuncia a solicitar en torno al 75% de los créditos que le corresponden al programa español del fondo de recuperación, lo que supone reducir los créditos de los algo más de 83.000 millones asignados a una cantidad que rondará los 22.000 millones, según ha adelantado EL PAÍS. Las cantidades previstas en subvenciones que no hay que devolver se disfrutarán, eso sí, íntegramente.
Aunque la aprobación de la solicitud oficial con los cambios planteados le corresponde aprobarla al Consejo de Ministros, el Gobierno está negociando con la Comisión estos cambios. Será la séptima modificación del plan desde que se presentó la versión original en 2021. Entonces solo contenía la petición de las subvenciones, que ascienden a cerca de 80.000 millones y no hay obligación de devolver. De esta parte, España ha recibido ya unos 55.000 millones y no renuncia a un solo euro. Después llegó la primera modificación, la más grande de todas, ya que en ella cursó la petición de los préstamos y estaba ligada a la cantidad definitiva de subvenciones que le correspondían.
Tras ese cambio han llegado varios más, algunos de los cuales han surgido por las modificaciones de la propia Comisión Europea en los criterios de gestión para facilitar la ejecución. Conforme echó a andar el fondo de recuperación, el programa financiero más ambicioso de la historia de la UE, aprobado para amortiguar el impacto de la pandemia, se observó que había elementos muy rígidos que dificultaban mucho que los Estados miembros pudieran implementar sus ambiciosos programas en un tiempo tan ajustado, apenas cinco años. También ha habido cambios que han llegado para poder cumplir con las demandas del Tribunal de Cuentas de la UE. Y en otros casos, han sido circunstancias sobrevenidas las que han llevado a esos ajustes: España, por ejemplo, ha hecho modificaciones a raíz de la dana.
El cambio que ahora está planteando España llega tras la última modificación de criterios que aprobó Bruselas en junio y una vez ha tramitado las modificaciones que hizo para la reconstrucción de Valencia por la catástrofe. Aprovechando estos cambios, ha sido cuando ha llegado esta séptima modificación, con la renuncia a tres cuartas partes de los créditos asignados.
“España mantiene un buen acceso a los mercados financieros, eliminando en su práctica totalidad la ventaja de coste de la financiación de los préstamos de la Comisión Europea. Por ejemplo, en los préstamos a 20 años (vida media del préstamo de la Comisión Europea), el diferencial es negativo: está ahora 3,84% en el caso de los bonos europeos y en el 3,77% en el español, es decir, en términos generales nos financiamos en mercados a costes inferiores”, argumentan fuentes gubernamentales.
Otro elemento es que esos algo más de 60.000 millones menos en préstamos no dejan de ser endeudamiento y si se pide todo en un solo año puede suponer un salto en la deuda pública de una cantidad equivalente a cuatro puntos de PIB, aunque esto es una medición dinámica que podría ser más baja si la economía crece mucho.
La muy diferente situación económica española en solo cinco años ayuda a entender el paso que da el Ejecutivo. Aunque también hay un elemento evidente: la falta de tiempo para gastar todo el dinero. El fondo de recuperación se aprobó con la condición de que el dinero recibido por las capitales tendría que estar rematado entre finales del próximo agosto y el 31 de diciembre de 2026, es decir, con casi todos los recursos ejecutados. Esto supone un reto casi imposible de cumplir, de ahí que España, en la negociación actual, esté buscando mecanismos para poder aplazar la inversión de algunos recursos cumpliendo el reglamento europeo que regula el Fondo de Recuperación y Resiliencia, nombre oficial de este programa financiero.
“La adenda en la que se está trabajando permitirá seguir dando continuidad a los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026, que es cuando finaliza el plazo de ejecución del plan de recuperación”, apuntan fuentes gubernamentales. Esto, en principio, ya estaba entre los planes del Gobierno utilizando empresas públicas para canalizar esa inversión. No obstante, desde el Ejecutivo se recupera esta idea y se enfatiza.