Bruselas vaticina que España corre el riesgo de incumplir los objetivos de gasto en 2026

España gastará más el año que viene de lo que tiene pactado con Bruselas en su senda de ajuste fiscal. Todavía conserva margen, pero, hechos los cálculos, la Comisión Europea advierte de que “está en riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto en 2026″. No puede decir mucho más el Ejecutivo europeo porque el Gobierno todavía no ha enviado su proyecto de presupuestos, que la vicepresidenta María Jesús Montero pretende presentar en febrero del año próximo, y, por tanto, no hay un análisis profundo sobre las cuentas como en años anteriores. Tampoco lo ha hecho Bélgica. Sí que han presentado su planes presupuestarios, en cambio, otros 25 Estados miembros.

El paquete fiscal de otoño de la UE se parece bastante a un examen que tienen que pasar los Estados miembros cada año para ver si sus cuentas cumplen con los parámetros que marcan las normas comunitarias. Y en esta reválida han aprobado bastantes, una veintena, entre ellos Francia y Alemania, los dos grandes de la Unión que, por causas diferentes, tienen problemas presupuestarios y económicos. Hay seis que, como España, estarían en riesgo de no cumplir: Croacia, Lituania, Bulgaria, Hungría y Eslovenia. Aunque en su caso la conclusión se basa en el examen del proyecto de presupuestos. Para Países Bajos y Malta, la nota es peor porque el riesgo de incumplimiento es “significativo”.

La revisión de las cuentas ha estado condicionada esta vez por la excepción que han pedido 16 países —España no está entre ellos— para que el incremento del gasto en defensa no sea tenido en cuenta a la hora de abrir procedimiento de déficit excesivo. Esa puerta la abrió la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como un mecanismo para incrementar en un 1,5% del PIB el gasto en seguridad en toda la UE, unos 650.000 millones de euros.

El año pasado Madrid y Bruselas pactaron una senda de ajuste fiscal que España debe seguir durante siete años. Esta es la herramienta básica de la nueva redacción del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que tiene como brújula central la evolución del gasto neto en las cuentas públicas. El déficit y la deuda, con sus cifras límite casi totémicas (-3% y 60% del PIB, respectivamente), siguen ahí. Esculpidas. Pero la aguja apunta prioritariamente a un concepto, el gasto neto, del que se eliminan componentes cíclicos (como parte de la factura del desempleo) o los que se pagan una sola vez (el desembolso para la reconstrucción de Valencia por la dana). Siguiendo esto, el plan fiscal español contempla para este año un aumento del gasto neto del 3,7% y del 3,5% en 2026.

Pero España se está desviando de estos números, aunque no mucho. De hecho, las propias normas admiten un margen de desvío tanto anual como acumulado en los últimos años (hasta 2026) que las cuentas españolas no han sobrepasado ni parece que vayan a sobrepasar. El motivo es que España tuvo un saldo muy positivo en 2024 que le da margen en 2025 y todavía conservará en 2026. “Se prevé que el crecimiento del gasto neto en 2026 supere el límite máximo recomendado por el Consejo, pero la desviación es inferior al 0,3% (anual) y al 0,6% del PIB (acumulado)”, expone el documento presentado este martes por la Comisión, que, no obstante, advierte explícitamente: “Se prevé que España corra el riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto neto en 2026″.

¿Cómo llegan los economistas de la Comisión a estas cifras? Junto a Bélgica, España es el único país que no ha enviado todavía sus planes para las cuentas públicas del año que viene. Ni siquiera tienen las cifras del techo de gasto presentadas la semana pasada en el Consejo de Ministros. Por tanto, las conclusiones que saca la Comisión parten de cálculos en la evolución del gasto ejecutado y de las previsiones macroeconómicas presentadas hace una semana. Partiendo de esto, creen que el año que viene el incremento del gasto llegará a los 30.000 millones, 5.000 millones más de lo pactado. Esta última equivale algo más de 2,8 décimas de PIB y está, por tanto, dentro de ese desvío anual que permiten las nuevas reglas fiscales.

No obstante, el margen es muy escaso y la Comisión tendrá la ocasión de revisar si el desvío se agranda. Si se llega a este punto sin que España adopte medidas para aumentar los ingresos, entonces se podría abrir un procedimiento contra el país. Aunque el Gobierno tiene otras herramientas para eludir esto. Por ejemplo, España es uno de los pocos Estados miembros que todavía no ha solicitado una cláusula de escape para que no le cuenten el incremento del gasto, una posibilidad que se abrió a comienzos de este año por la emergencia geopolítica y de seguridad.

Precisamente este, la defensa, es uno de los capítulos que provocan el aumento del gasto. El otro más significativo, según apuntan fuentes de la Comisión, son las pensiones, que crecen impulsadas por el incremento de precios (que revaloriza las prestaciones) y el envejecimiento de la población.

Más allá de las advertencias, la Comisión también ha concluido que España está “en condiciones de salir del programa de vigilancia financiera” bajo el que se encontraba desde que pidió el rescate financiero en 2012. En diciembre, está previsto que el Tesoro pague al Fondo de Rescate europeo (MEDE, por sus siglas españolas) 4.600 millones. Habrá amortizado entonces el 75% del crédito que tomó para salvar a la banca, 41.300 millones. Todavía quedará dinero por devolver al Mecanismo Europeo de Estabilidad, pero al superar ese nivel –y tras la misión de la Comisión Europea y el BCE en septiembre y octubre pasados– la conclusión del Ejecutivo de la Unión es que España podría ser el primer país que sale de este programa.

Durante la crisis financiera, cinco Estados miembros precisaron de préstamos europeos: Grecia (varias veces), Irlanda, Portugal y Chipre, además de España. El caso español fue algo diferente al de los otros, pues no fue un rescate global sino que se focalizó en salvar a la banca, arrastrada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y una lenta, pero pesadísima digestión de esa crisis. Esos cinco países reciben dos veces al año la visita de economistas de las instituciones para evaluar su situación y el resultado se plasma en un informe que analiza la situación económica ampliamente, desde la macroeconomía a las cuentas públicas, las finanzas el mercado laboral y financiera, fiscal, del mercado laboral.