Madrid y Cataluña perderán 1.000 millones cada una en margen de gasto extra si fracasa la senda de déficit

El Gobierno ha activado la maquinaria presupuestaria y pretende llevar al Congreso, antes de que termine el año, la senda de estabilidad para los años 2026, 2027 y 2028. Esta hoja de ruta marca los objetivos de déficit de comunidades y ayuntamientos y supone un paso previo decisivo para la elaboración de las cuentas públicas, pero desde hace tiempo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo: el año pasado, su senda ...

El Gobierno ha activado la maquinaria presupuestaria y pretende llevar al Congreso, antes de que termine el año, la senda de estabilidad para los años 2026, 2027 y 2028. Esta hoja de ruta marca los objetivos de déficit de comunidades y ayuntamientos y supone un paso previo decisivo para la elaboración de las cuentas públicas, pero desde hace tiempo se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo: el año pasado, su senda fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, y este año tampoco las tiene todas a su favor para conseguir el plácet de las Cortes. Si el bloqueo parlamentario volviera a materializarse, el Ministerio de Hacienda ya ha avisado de que se esfumaría el colchón extra de gasto de 5.485 millones que ha ofrecido a las comunidades para el periodo, un mapa donde Madrid y Cataluña deberían renunciar a los mayores importes: unos 1.000 millones cada una en tres años.

Estos cálculos los ha elaborado el propio departamento dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en medio del pulso que tiene a cuenta de la senda de déficit con la oposición y las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP. La titular de Hacienda les ofreció el lunes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se reunió con los consejeros autonómicos del ramo, un déficit del 0,1% para cada ejercicio. Es decir, que cada año podrían gastar más de lo que ingresan hasta un máximo de una décima de su PIB.

El objetivo del 0,1% del PIB, en dinero contante y sonante, supondría un colchón adicional de 1.755 millones para el año que viene, de 1.828 millones en 2027 y de 1.901 millones en 2028 para el conjunto de las comunidades. En total, casi 5.500 millones extra que los Gobiernos regionales podrían usar para financiar sus políticas, principalmente la sanidad, la educación y la dependencia, pilares del Estado del bienestar cuya competencia recae en las autonomías. Y ese argumento es justo el que ha usado Montero para defender su propuesta y buscar apoyos en el Congreso, afirmando que rechazar la senda sería como “tirarse la piedra en su propio tejado”.

De no salir adelante la propuesta, las comunidades con mayor impacto negativo serían Madrid y Cataluña, puesto que son los territorios más boyantes económicamente, con el mayor PIB del país. El espacio fiscal adicional que ganarían con un objetivo de déficit del 0,1% sumaría casi 2.200 millones en tres ejercicios entre las dos regiones, una cifra que representa casi el 40% del total del margen extra propuesto por Hacienda. Ambas podrían gastar unos 350 millones adicionales cada año. Por el tamaño de su actividad, en tercera posición se sitúa Andalucía: perdería 234 millones en 2026, 243 el año que viene y 253 el próximo, por un total de 731 millones a lo largo de la vigencia de la senda.

Con estos números, Hacienda aumenta la presión sobre el PP, principal partido de oposición y formación que gobierna en 11 comunidades. También le echa un pulso a Junts, que ha anunciado su ruptura con el Ejecutivo y que se opuso a la senda anterior, que también contemplaba un déficit del 0,1% para las comunidades. Pero nada asegura que la jugada le salga bien.

Los consejeros autonómicos de Hacienda ya votaron en contra de la senda presupuestaria el lunes en la reunión del CPFF, el órgano designado para debatir cuestiones relativas a las cuentas regionales y donde el ministerio debe, por ley, informar sobre los objetivos de déficit y deuda autonómicos para los ejercicios futuros. Además, muchas de ellas están tramitando sus presupuestos sin contemplar desviaciones entre ingresos y gastos. “Es Génova la que está decidiendo la capacidad de gasto a la baja de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular”, lamentó Montero tras el encuentro.

De hecho, la dirección nacional del PP ha entrado de lleno al debate. Le afea a La Moncloa que un mayor margen de déficit significa más endeudamiento, una posición que comparten sus barones regionales, y que a la vez contradice la propuesta de condonación de la deuda autonómica que el Gobierno ha pactado con ERC y que ha empezado a tramitar en el Congreso. Defienden, en cambio, que la prioridad debe ser la reforma del sistema de financiación autonómico, una petición a la que se suman los gobernantes de las comunidades socialistas y que Hacienda ha prometido desbloquear.

Montero ha anunciado que presentará entre enero y febrero del próximo año un nuevo modelo de financiación, que lleva más de una década pendiente de una reforma. Su objetivo es que el modelo se pueda cerrar a lo largo de 2026 para que empiece a rodar al término de la legislatura.

Equilibrio

La fecha para presentar la senda de déficit en el Congreso, sin embargo, es inminente: antes de diciembre, para que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado pueda estar listo a principios del próximo año y ponga un punto y aparte a la actual parálisis legislativa. El Gobierno lleva desde 2023 sin poder dar luz verde a unas nuevas cuentas, resultado de la fragmentación parlamentaria que cristalizó tras los últimos comicios generales.

Todo apunta a que la inestabilidad política volverá a dejar mella también en la tramitación de estas cuentas, pero Hacienda ya ha anunciado que tiene un as en la manga. La ley de estabilidad presupuestaria prevé que el Congreso vote los objetivos de déficit y, en caso de rechazo, el Gobierno vuelva a presentar una nueva senda en el plazo de un mes. No obstante, nada dice en el supuesto de que la votación fracasara dos veces seguidas, ni impide expresamente al Gobierno que avance en el diseño de los Presupuestos si las metas de déficit no reciben el aval parlamentario.

Es justo a este vacío legal al que se está agarrando el Gobierno, esgrimiendo además que existe un mandato constitucional que obliga al Ejecutivo a elaborar las cuentas y que la Ley Fundamental vela por el principio de la estabilidad presupuestaria. “En caso de que esta senda se rechace, la que entrará en vigor es la contemplada en la Constitución, que fija el equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas”, ha dicho Montero esta semana en repetidas ocasiones.

En realidad, la Constitución hace referencia a un principio de equilibrio estructural, una magnitud distinta al déficit contable de la senda trienal que se tiene en cuenta para evaluar eventuales incumplimientos. Este indicador, que no tiene en cuenta los ciclos económicos, es más difícil de calcular y solo se podría medir a posteriori. Sin embargo, ante un escenario inédito, la interpretación del texto constitucional se presenta como una baza para romper el bloqueo.