El Gobierno ofrece a las comunidades un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028
La propuesta de Hacienda, que se votará en el Consejo de Política Fiscal de este lunes, eleva en unos 5.500 millones el margen de gasto autonómico
El Ministerio de Hacienda ha propuesto este lunes a las comunidades un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada ejercicio entre 2026 y 2028, según avanzan fuentes conocedoras de la reunión técnica que se está celebrando en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne al Ministerio de Hacienda y a los consejeros regionales del ramo para debatir asuntos relativos a las cuentas autonómicas. Esta meta eleva el margen de gasto de los Gobiernos autonómicos en unos 5.500 millones, según trasladan las mismas fuentes, pero no satisface las exigencias de las comunidades del PP, que son mayoría y que piden priorizar una reforma completa del sistema de financiación.
El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades para trasladarles los objetivos de déficit y deuda de los tres próximos años (2026-2028) y el límite máximo de crecimiento del gasto, dos coordenadas imprescindibles tanto para diseñar los Presupuestos Generales del Estado como para que las comunidades elaboren sus cuentas. Pero el orden del día no prevé profundizar en la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva más de una década pendiente y que los barones regionales reclaman con insistencia desde hace tiempo.
Hacienda ha incluido en el orden del día un debate sobre el sistema de financiación, pero fuentes del departamento de Montero avanzan que no se presentará un nuevo modelo cerrado en todos sus aspectos, sino que se abrirá un diálogo sobre ello. El Gobierno ya hizo un atisbo a finales de 2021, en la pasada legislatura, de modificar el modelo existente. Presentó entonces una propuesta de reforma de la población ajustada, una de las principales variables para establecer el reparto de los fondos que se inyectan a las autonomías y que se basa en el cálculo de la población real ponderada con variables demográficas y geográficas. Pero la iniciativa quedó en saco roto.
El Gobierno tampoco ha podido aprobar la senda de déficit en los últimos años —y en consecuencia los Presupuestos, que llevan desde 2023 prorrogados—, pues no ha obtenido los apoyos necesarios en el Congreso. El último rechazo, cuando el Gobierno presentó los mismos objetivos que propone ahora, vino de Junts, que se ha desmarcado ahora del pacto de investidura y que amenaza con vetar nuevamente las metas presupuestarias cuando lleguen a la cámara baja.
“Nos enfrentamos a una situación de parálisis”, ha lamentado la consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana (PP), Ruth Merino, justo antes de acudir a la reunión. “En el Gobierno de Asturias esperamos que la reunión transcurra dentro del marco de lealtad y respeto institucional”, ha añadido su homólogo asturiano, Guillermo Peláez (PSOE). “La confección de la regla de gasto es importante para la configuración del presupuesto y por eso reclamamos que se ponga en marcha”.
“Llegamos a la reunión bastante escépticos, porque nos van a dar a conocer unos objetivos de estabilidad que nos tendrían que haber dicho antes del 30 de junio”, ha lanzado la consejera del ramo andaluza, Carolina España (PP), a su llegada al ministerio. España ha explicado que la Junta ya tiene aprobado el presupuesto para 2026, pero que ha tenido que hacerlo sin conocer las magnitudes fiscales asignadas por Hacienda. “Es un auténtico desgobierno que llega tarde y mal”, ha añadido.
Al margen de la senda, Andalucía ha reclamado la reforma urgente del sistema de financiación y ha exigido “lo mismo que pedía la señora Montero cuando era consejera de Hacienda autonómica”. Es decir, que “no haya reuniones bilaterales” entre el Gobierno y algunos territorios y que no haya ni privilegios regionales ni modelos de financiación singular, en referencia a Cataluña. Según España, en el supuesto de que haya reforma del sistema, habría que partir de “esos 4.000 millones de euros que le faltan a Andalucía” y que la ministra Montero reclamaba cuando era consejera. Ha añadido que la senda de déficit que propone el Gobierno es “incoherente”, puesto que a la vez que pretende condonar 83.000 millones de deuda autonómica, ha sellado un acuerdo con los independentistas de ERC que ha definido como “un chantaje”. “Darnos un mayor déficit a las comunidades es permitir endeudarnos más. Es incoherente que al mismo tiempo nos condonen la deuda”, ha afirmado.
A su llegada, el consejero de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín (PP), ha calificado el encuentro como “déjà vu y día de la marmota”. “Venimos con expectativas de salir con una reforma del sistema, pero sabemos que va a ser un soliloquio de la ministra para contentar a sus socios de Gobierno”. Marín ha recordado que, entre comunidades y ciudades autónomas, el PP representa a 14 territorios. “Creemos que tenemos la legitimidad moral de que se escuche nuestra reivindicación”. Y ha zanjado: “Vamos a ser beligerantes con la reforma del sistema”.
En el mismo punto ha incidido la consejera madrileña, Rocío Albert. Por un lado, ha criticado que los objetivos de déficit se conozcan varios meses después de la fecha tope con la que cuentan las comunidades para hacer sus números. Por otro, ha asegurado que el orden del día previsto este lunes por Hacienda no es más que un mero “trámite” al servicio del Ejecutivo para que “la señora Montero pueda llevar su senda”, ahora que el Gobierno parece que quiere presentar los Presupuestos.
Hacienda tiene asegurado el voto favorable a la senda de estabilidad en el CPFF, puesto que por el mismo funcionamiento del órgano solo necesita el apoyo de una comunidad —un margen que le ofrecen Cataluña y las otras dos autonomías del PSOE—. El verdadero examen llegará en el Congreso. Los objetivos tienen que recibir luz verde en las Cortes, un trámite previo e imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado que no está asegurado. Aunque el Gobierno haya logrado eliminar el veto que hasta hace un año podía ejercer el Senado, donde la oposición tiene la mayoría, el encaje de bolillos siegue siendo complicado desde que Junts ha anunciado su ruptura con el Ejecutivo.
Mejora de las entregas a cuenta
El Ministerio de Hacienda también ha actualizado, al alza, el importe de las entregas a cuenta para 2026. Se trata de los recursos que las autonomías reciben del sistema de financiación por adelantado, en función de las previsiones de crecimiento económico y de la recaudación fiscal. El pasado julio, el departamento encabezado por Montero anunció por carta que los gobiernos autonómicos recibirían 156.990 millones de euros por este concepto, que ahora eleva hasta los 157.731 millones, según fuentes ministeriales, el mayor importe de la historia y un 7% superior al de este año.
Las mismas fuentes explican que la revisión ha sido posible gracias a la buena dinámica de la economía. De hecho, el Gobierno actualizará mañana sus previsiones de crecimiento para este año, del 2,7% al 2,9%. Si a la cifra de las entregas a cuenta se le suma la previsión de liquidación de 2024, la financiación total para las comunidades en 2026 será de 170.300 millones, un 7,7% más que el ejercicio en curso.
Los consejeros del PP piden rectificar el acta de la pasada reunión
La reunión entre las comunidades y el ministerio ha empezado con bronca a cuenta del acta del anterior CPFF, celebrado a finales de febrero. En esa ocasión, los consejeros del PP se levantaron y abandonaron la sala al poco de arrancar el encuentro, un gesto que pretendía escenificar su oposición a la propuesta de la condonación de la deuda autonómica pactada con Cataluña. Pero el acta de la reunión no lo recoge así: afirma que los representantes del PP se abstuvieron en la votación, un extremo que los consejeros rechazan y así lo trasladaron en una carta remitida el domingo a la ministra y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.
“Debe hacerse constar que las comunidades autónomas que abandonamos la sesión estábamos ausentes en el momento de la votación y, por lo tanto, deben corregirse en el acta las menciones relativas a nuestra abstención, que no se ha producido”, denuncian en el documento, al que ha tenido acceso este periódico. En el mismo escrito, lamentan que los puntos que se votaron en su ausencia –básicamente, condonación de la deuda y reparto de los ingresos procedentes del nuevo impuesto a la banca– no contaron con el quorum suficiente que se exige a un órgano colegiado, puesto que todos los representantes populares abandonaron la reunión.
Las consejeras de Madrid y Andalucía han cargado contra el criterio de Hacienda antes del inicio del CPFF de este lunes. "Llama la atención que cuando todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas del PP nos fuimos y, por tanto, no votamos el punto de la condonación, se diga que nos hemos abstenido”, ha criticado Rocío Albert. “Hemos pedido la rectificación y parece que no se tiene en cuenta en el acta", ha lamentado. Más directa ha sido Carolina España: “A este Gobierno no le gusta reflejar la verdad porque no nos abstuvimos, sino que nos levantamos de la mesa por la falta de lealtad institucional, ya que nos enteramos de los criterios de la asunción de la deuda por la prensa”.