España revisará el plan de recuperación para priorizar las subvenciones pendientes frente a los créditos
El plazo para solicitar a Bruselas los cobros que faltan del Fondo aprobado para amortiguar la crisis acaba en menos de un año
España tiene claro qué parte es la prioritaria del plan de Recuperación: las subvenciones, no los créditos. Con esta idea, el Gobierno español encara la recta final del Fondo de 650.000 millones entre transferencias directas y préstamos a los Estados que la UE puso en marcha en 2021 para combatir la crisis que provocó la pandemia del coronavirus. Así que partiendo de ese eje planteará en noviembre una revisión de su plan para simplificarlo y agilizar su despliegue para así poder llegar al 31 de agosto de 2026 habiendo reclamado los 79.854 millones −o la inmensa mayoría− que tiene asignados en subvenciones, apuntan fuentes del Ejecutivo. A la petición completa de la línea de créditos concedida (83.160 millones), Madrid no le concede tanta relevancia.
Va a ser casi imposible que el Fondo de Recuperación se despliegue completamente en la UE. A menos de un año para cursar todas las peticiones de subvenciones y créditos, Bruselas ha entregado el 55% de los 650.000 millones asignados a la que ha sido la herramienta financiera más expansiva de la historia de la UE: un 61% de los 359.000 millones en transferencias y un 48,4% en el caso de los préstamos. Pero la Comisión Europea sabe que esta era la medida estrella del primer mandato de Ursula Von der Leyen y ha tratado de facilitar su despliegue. De ahí que en varias ocasiones Bruselas flexibilizara los requisitos que exige a las capitales para dar por cumplidos los compromisos adquiridos. La última, a comienzos de junio.
Con esos nuevos criterios, y una vez ya se ha aprobado por Bruselas la modificación del plan para destinar 1.200 millones a paliar los desastres de la dana que azotó Valencia el año pasado, el Gobierno va a preparar una nueva revisión que prevé presentar en noviembre. En esa modificación tendrán prioridad las subvenciones. España ya ha recibido más de 55.000 millones de los casi 80.000 que tiene asignados, el 69% del total. En cambio, con los créditos la situación es casi la contraria, ha recibido casi 16.300 millones de 83.160, el 19%.
La lógica que aplica el Ejecutivo a esa priorización parte de un elemento básico: las subvenciones no se convierten en deuda; los créditos, sí. Y, además, fuentes del Ejecutivo apuntan que no hay una gran diferencia entre lo que tiene que pagar España para emitir deuda y lo que tendría que pagar por solicitar los préstamos del plan de Recuperación, que se devuelven al precio que marca el mercado. Esto se ve con claridad con las últimas subastas de bonos a 10 años del tesoro español y de la Comisión Europea: 3,230% y 3,199%, respectivamente.
Esta pequeña diferencia de precios no compensa, admiten en el Gobierno, las obligaciones políticas y administrativas que implica pedir los créditos del plan de Recuperación.
Hay otro elemento que apuntala la lógica del Ejecutivo español. Diseñó el plan para que buena parte de los préstamos del Fondo financiaran líneas de crédito específicas del ICO y del BEI dirigidas a las empresas que decidieran invertir. Por tanto, es la demanda del sector privado la que acabará condicionando cuánto dinero de esos 83.000 millones acabará pidiendo Madrid.
Una vez el Gobierno presente esta modificación del plan y reciba el visto bueno de la UE, España presentará las solicitudes de pago restantes. No podrá demorarse mucho, y no solo porque el tiempo para solicitar el dinero (tanto de subvenciones como de créditos) se agota. También porque el plazo para ejecutar las inversiones comprometidas también tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2026, excepto en aquellas en la que se ha concedido un crédito y el gasto está plenamente comprometido, en cuyo caso podrá irse más allá.
Del total de hitos comprometidos con Bruselas, España ya ha cumplido con 264. El último desembolso llegó el pasado 8 de agosto, algo más de 23.100 millones entre préstamos (16.000 millones) y subvenciones (7.100), que ha supuesto la mayor transferencia realizada hasta la fecha a cualquier Estado miembro del Fondo de Recuperación. No obstante, Madrid no pudo recibir todo el dinero correspondiente a este tramo, el quinto, porque el Parlamento no aprobó la subida de los impuestos al diésel y no resolvió la situación de los interinos en la Administración pública. El Gobierno todavía tiene tiempo, algo menos de medio año, para subsanar estos problemas y recibir los 1.127 millones que no cobró en agosto.