Los sindicatos piden al Gobierno que apruebe el endurecimiento del registro horario en el próximo Consejo de Ministros

Un día después de que la enmienda a la totalidad presentada por Junts contra el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral saliera adelante, los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han mantenido una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para definir los temas que abordarán en esta materia durante el nuevo curso político. Sin embargo, el malestar por la retirada en primera instancia de la rebaja del tiempo máximo de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales que las centrales habían acordado con Trabajo, ha estado presente durante y después del encuentro. “Vamos a pedir al Gobierno que lleve al próximo Consejo de Ministros la modificación reglamentaria del registro horario”, ha anunciado el líder ugetista. “Y si no es el próximo martes, el siguiente. El control horario es algo que se puede y se debe hacer. Nosotros queríamos que se hubiera hecho vía Real Decreto, y pensamos que debe ponerse en marcha de manera inmediata para acabar con el abuso que se está dando con las horas extraordinarias”, ha añadido Álvarez.

No obstante, esta petición puede verse condicionada por los plazos de la consulta pública a la que Trabajo ha sacado este mismo jueves el texto del reglamento que regulará el registro, y que está abierta a las aportaciones ciudadanas hasta el 26 de septiembre.

Días antes de la previsible y ayer finalmente consumada caída en sede parlamentaria de la reducción de jornada, Trabajo, que ha abanderado esta causa y capitaneado las negociaciones, trató de allanar el terreno señalando que lo que verdaderamente tendría un impacto directo sobre la vida de muchos trabajadores es el reconocimiento de las jornadas que realizan, y el pago de las horas extra. Algo que se llevaría a cabo por medio del endurecimiento del registro horario ―con la obligatoriedad de que este se compute a través de medios digitales a los que pueda tener acceso remoto la Inspección―, y singularmente por el alza de las multas en aquellos casos irregulares.

Sin embargo, pese a que Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha venido señalando que, a diferencia de la reducción de jornada, esta alteración no requiere del paso por las Cortes, lo cierto es que la parte de la elevación de las multas y sanciones está regulada en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), y cualquier cambio en esta norma requeriría la aprobación de una mayoría parlamentaria. “Lo hemos hablado con la ministra [Saiz], y aunque no es algo que competa directamente a este ministerio, hay una hoja de ruta marcada”, ha confesado Álvarez. “Unos 3.200 millones de euros al año dejan de pagarse en salarios y cotizaciones por este incumplimiento. Es algo que se tiene que regular de forma urgente en los próximos días”, ha secundado Sordo.

Parálisis en lo público

Tanto los dos líderes sindicales como la ministra Saiz han criticado duramente el voto contrario a la reducción de jornada emitido ayer por Junts, PP y Vox, aunque han reconocido que esto no supone el fin de esta reclamación. Al mismo tiempo, han conversado sobre los puntos transcendentales en materia de Seguridad Social que quedan pendientes de abordar, entre ellos, y el que será objeto de debate el próximo lunes, 15 de septiembre, el referente al establecimiento de las cuotas para los autónomos sobre la base de sus ingresos reales entre 2026 y 2028 (ambos inclusivo).

“Sindicatos, patronales y organizaciones representativas del colectivo de trabajadores públicos van a hablar en este Ministerio. Una muestra de la normalidad con la que seguimos trabajando, porque el diálogo social es una herramienta fundamental. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y mejorando la vida de la ciudadanía”, ha celebrado Saiz. Aunque la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ya ha dicho que no acudirá a este encuentro, si la Seguridad Social no solventa antes algunas disfunciones del primer proceso de regulación de cuotas.

Otras mesas que se pondrán en marcha “sin solución de continuidad”, según ha matizado la ministra, abordarán las demandas del colectivo de trabajadores públicos, entre las que se encuentra posibilitar y facilitar el acceso a la jubilación parcial anticipada para el personal laboral del sector pública (ahora enquistada por la obligatoriedad de contratar a un relevista con contrato indefinido) y abordar el despliegue (o no) de las altas progresivas. “Hay una parálisis en muchas administraciones públicas a la hora de renovar sus plantillas, y estos está dificultando la jubilación anticipada de lagunas personas”, ha incidido Sordo. “Respecto a las bajas, nosotros lo que queremos es un diagnóstico claro de los que está ocurriendo, porque están ocurriendo muchas cosas a la vez. Y con lo que no vamos a transigir es con la demonización de la que gente a la que le prescriben una baja”, ha añadido.