La paradoja de la okupación: cuando el miedo gana a la estadística

Desde hace unos años, la okupación de viviendas en España ha sido retratada como una amenaza creciente, protagonizada por grupos organizados que entran a la fuerza en casas ajenas, dejando a familias en la calle. Algunos programas de televisión, algunos titulares de prensa y anuncios de empresas de seguridad han alimentado la idea de que cualquiera puede perder su hogar de un día para otro, que hay mafias detrás del fenómeno y q...

Desde hace unos años, la okupación de viviendas en España ha sido retratada como una amenaza creciente, protagonizada por grupos organizados que entran a la fuerza en casas ajenas, dejando a familias en la calle. Algunos programas de televisión, algunos titulares de prensa y anuncios de empresas de seguridad han alimentado la idea de que cualquiera puede perder su hogar de un día para otro, que hay mafias detrás del fenómeno y que los propietarios están desprotegidos. Sin embargo, los datos muestran que no se trata de un fenómeno tan frecuente ni tan descontrolado, y en la mayoría de los casos las personas que recurren a este delito tienen una realidad más compleja de la que se cuenta, según las estadísticas judiciales.

España cuenta con 27 millones de viviendas, según las últimas estimaciones del Ministerio de Vivienda. El año pasado se registraron 16.400 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles, según los datos recabados por el Ministerio del Interior. Esto supone un impacto máximo del 0,06% sobre el parque total asumiendo que todos estos hechos conocidos terminen en sentencia condenatoria. Si se mira con más detalle, y se contrasta con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se observa que del total de denuncias por intromisión en la vivienda, solo un 7% fueron ocupaciones ilegales de casas habitadas o segundas residencias. Es decir, el año pasado los juzgados recibieron 2.309 denuncias por okupación de vivienda habitual, lo que significa que la mayoría de los casos este fenómeno se da en inmuebles vacíos. Además, el aumento de las denuncias en la última década (en 2014 hubo poco más de 10.000 denuncias) se debe, según explican fuentes estadísticas, a que en 2015 hubo un cambio en el Código Penal y en la Ley de Seguridad Ciudadana que hizo que también se empezaran a computar otro tipo de delitos y sanciones.

La estadística refleja que la imagen de familias expulsadas de sus hogares por desconocidos es algo tan anecdótico que algunos jueces consultados insisten en que, en 20 años de experiencia, han visto un caso así en una o dos ocasiones. El Instituto Nacional de Estadística también avala esta conclusión; los últimos datos correspondientes a 2023 muestran que las condenas firmes por allanamiento de morada ―el delito que implica la entrada ilegal en una vivienda habitada― ascendieron a 218 en todo el país. Con estos datos, “la narrativa de la epidemia okupa se sostiene más en el miedo que en la estadística”, explica Jaime Palomera Zaidel, director del área de vivienda y ciudad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. En su opinión, “desde la pandemia, la narrativa sobre la amenaza okupa ha crecido de manera desproporcionada, distorsionando la realidad del mercado de la vivienda y desviando la atención de los verdaderos problemas, como la falta de vivienda asequible y la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad”. Su opinión se asemeja a la de Elisa Barragán, abogada de Vilches Abogados, quien asegura que “se ha creado una alarma social sin base”.

Los analistas y las fuentes jurídicas apuntan a que esta propagación del miedo está condicionada al constante debate público al que contribuyen algunos medios, así como algunos sectores políticos y empresariales. Esto también ha sido reconocido así por distintos miembros del Gobierno, incluido el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en distintas ocasiones han advertido de que la desinformación ha hecho que un alto porcentaje de ciudadanos tema que su casa pueda ser okupada. La creciente preocupación ha fomentado la proliferación de alarmas y seguros para protegerse de esta aparente problemática. De acuerdo con la aseguradora Línea Directa, actualmente en más del 70% de los nuevos seguros de hogar que comercializan el cliente añade una cobertura frente a la okupación, “lo que evidencia el interés por estar protegido frente a este riesgo”.

¿Quién okupa una casa?

Fuentes judiciales insisten en que la mayoría de las personas que okupan lo hacen como último recurso, de forma desesperada, porque apenas tienen otra opción. Suelen ser colectivos más vulnerables, lo que dificulta el tratamiento judicial. “No hablamos de delincuentes organizados, sino de familias que no pueden afrontar un alquiler, jóvenes en situación de precariedad o personas que han perdido su empleo y no tienen recursos para acceder a una vivienda”, explican. “El problema es que, jurídicamente, quedan en un limbo. No tienen derecho reconocido a permanecer en la vivienda, pero tampoco tienen alternativas viables. Es una situación debilidad total”, admiten.

Esa inseguridad es lo que describe una integrante de la Asamblea de Vallecas, que okupa una casa de un fondo israelí desde hace siete años. Tiene 27 años y trabaja en educación ambiental, cobra 1.034 euros al mes y, como el resto de personas con las que vive, admite no tener “la posibilidad de acceder a una vivienda en el mercado actual”. Después de todos estos años enfrentando intentos de desalojo, reconoce que “okupar no es una elección sencilla. Conlleva el riesgo de enfrentarse a la policía, vivir con el miedo al desalojo y tener que reparar casas en mal estado. Quienes tienen otra opción, suelen elegirla. Pero también es una forma de cuestionar por qué hay viviendas vacías durante años mientras hay personas sin hogar, y de criticar la especulación inmobiliaria”.

Los jueces consultados explican que “el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental, pero sí es un principio rector de la política social económica”, que debe ser “conciliado” con el derecho a la propiedad privada. En este sentido, recalcan que es “muy difícil articular una medida cautelar de expulsión de un inmueble porque no toda persona que no paga la renta está en una situación de desamparo”. “Hay que saber diferenciar esas situaciones que merecen no pagar la renta de aquellas que directamente no quieren pagar”, apostillan.

Misma palabra, distintos delitos

“Se ha confundido entre lo que es la okupación y lo que es el allanamiento de morada”, lamenta Barragán. La usurpación es cómo se tipifica a la ocupación de viviendas vacías sin uso habitual y se trata de un delito leve (solo castigado con una multa). Por su parte, el allanamiento de morada es más grave y, aunque según advierte la abogada, “técnicamente no son okupaciones”, se refiere a la entrada en viviendas habituales o segundas residencias.

Esta conducta es excepcional tanto que prácticamente no se ve en los tribunales, señalan las fuentes judiciales. De las estadísticas del INE se desprende como esta tendencia ha disminuido más de un 30% en un decenio, pasando de 315 condenas en 2013, plena crisis económica, a 218 en 2023, último dato registrado. Solo en 2016 hubo un ligero repunte, alcanzando 357 resoluciones en contra de los okupantes. Y en 2020 la cifra llegó a su mínimo de toda la serie histórico, con 185 sentencias. Los analistas insisten en que las consecuencias económicas de la pandemia no incentivaron la okupación, y que el confinamiento fue determinante porque limitaba la movilidad.

Por otro lado, se encuentra lo que coloquialmente se denomina “inquiokupación” para aquellas personas que dejan de pagar el alquiler, pero siguen dentro del inmueble. Jurídicamente, esta situación es un impago y según destacan los expertos, realmente no tiene nada que ver con el fenómeno de la okupación, sino con el incumplimiento o extinción de un contrato por distintos motivos. Al respecto, los analistas insisten en que no existe un problema generalizado de morosidad, si bien la crisis habitacional está provocando un aumento en el número de hogares que tienen dificultades para hacer frente a este gasto y dejan de pagar. “Últimamente, estoy viendo gente que no puede pagar el alquiler o gente que sí puede, que lo está haciendo, pero no encuentra otro piso con el mismo precio para cuando le expire el contrato de arrendamiento”, apunta Barragán.

Por su parte, Palomera advierte de que “el problema real es la emergencia habitacional, no la okupación. Si la precariedad en el acceso a la vivienda es tan alta, sorprende que no haya más usurpaciones de viviendas vacías. La realidad es que para la mayoría de las personas, okupar una vivienda sin título habilitante es una última opción, ya que genera inseguridad e incertidumbre”. España tiene en torno a cuatro millones de casas vacías, la mayoría en zonas con poca demanda. Hay poco más de tres millones de pisos en alquiler, de los que un 15% pertenecen a fondos de inversión y otro 10% son de titularidad pública, según datos del ministerio.

Pilar Manzano Escudero está okupando una de esas casas. Ella y sus dos hijas huyeron de su casa hace 10 años escapando de la violencia de su marido. Sin tener otro sitio a donde ir, terminaron en un piso que pertenece un banco. “Cuando llegamos era una casa abandonada, sin cristales y llena de basura. En estos años la he ido arreglando como he podido. El banco me ha intentado desahuciar cuatro veces y también me han ofrecido dinero para marcharme. Pero yo lo que quiero es que me permitan pagar un alquiler asequible y quedarme en lo que ya es mi hogar. Nunca me han ofrecido esa opción ni he obtenido una alternativa desde la Administración”.

En los últimos tres años, la renta ha registrado repuntes interanuales promedio del 10%, según el Banco de España. La incesante subida de precios ha derivado en más de 20.500 desahucios por impago de alquiler, lo que supone un aumento del 4,5% respecto al año anterior, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A ello se suman aquellos pleitos iniciados por los propietarios que acaban con un acuerdo antes de llegar a juicio, ya sea porque el inquilino entregó la vivienda, abonó las mensualidades adeudadas, se archivó el procedimiento o hubo un desistimiento. El año pasado, hubo 25.971 de estos casos, siendo la cifra más baja registrada desde el año 2013.

Si se contrasta esta cifra con los casos que sí acaban con una sentencia, se observa que hay un número muy superior que prefiere solucionar el problema antes de llegar a juicio. “Es más fácil llegar a un acuerdo porque los procedimientos judiciales son mucho más largos y se tienen que dar una serie de circunstancias para poder echarles, que casi nadie las cumple. Normalmente okupa la vivienda gente sin recursos que está protegida por las nuevas leyes”, dice Barragán. Los jueces apostillan que el tiempo medio de espera para resolver las demandas por usurpación, allanamiento o impago es una incógnita. Normalmente, la vía civil suele ser más rápida que la penal, pero también depende de la carga de trabajo que tenga el órgano judicial al que le toque resolver un asunto de estas características.