El Gobierno exigirá a las aseguradoras la transparencia en los precios de pólizas al taxi

El Ejecutivo va a exigir algunas consideraciones a las compañías aseguradoras, entre ellas, en primer lugar, el principio de transparencia en los precios de las pólizas que ofrecen al sector del taxi, según ha señalado este viernes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras celebrar una reunión con los responsables de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), para abordar los retos y preocupaciones del sector. Estos trabajadores se manifestaron a finales de enero en varias ciudades para protestar contra las subidas de precio de las pólizas que cubren su actividad —que el colectivo tacha de “abusivas”, al llegar a suponer en algunos casos más de 7.000 euros al año—, y para exigir al Gobierno que tome medidas para proteger a un sector que presta un servicio público.

La ministra ha resaltado en declaraciones a los medios al término de la reunión que el sector del taxi está sufriendo “una especie de negociación desigual y leonina por parte de las compañías aseguradoras”. Ha añadido que estas empresas, “sin criterios racionales y objetivos, no solamente instalan precios de aseguramiento que son imposibles para el sector del taxi, sino que, además, de manera también irracional operan de forma cuando menos sorprendente, y fijan precios de manera casual en distintas comunidades autónomas y con distintos operadores del seguro concretos”. Díaz ha subrayado que el sector “tiene derecho a saber con criterios racionales, indicadores racionales, cuáles son los precios, por qué, en qué se fundamentan, por qué se suben en algunas ocasiones”.

El taxi es un servicio fundamental para garantizar el derecho de movilidad en España, con una calidad extraordinaria y, además, sirve como mecanismo de vertebración social no solamente en las grandes ciudades, sino también en las rurales, donde es clave para poder desarrollar parte de las funciones vitales en muchas comunidades autónomas, ha destacado Díaz.

Jubilación Anticipada

Por otra parte, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha manifestado que han aprovechado la reunión para tratar otras cuestiones “pendientes”, como el tratamiento en las jubilaciones anticipadas con arreglo a coeficientes reductores “o de la manera que se determine”. Tras calificar de “penosa” la situación de los trabajadores del taxi, ha señalado que las jubilaciones anticipadas permitirían “abandonar la profesión antes” y evitar que los taxistas continúen “ejerciendo unas largas jornadas de trabajo”.

A propósito, Díaz ha señalado que los taxistas están viviendo situaciones complicadas, por rasgos de penosidad y otros más que “merecerían una atención propia en términos de jubilación anticipada”. “Nuestra posición es clara dentro del Gobierno y es que hay sectores y actividades profesionales que no pueden trabajar hasta las edades que hoy exige la legislación vigente”, ha insistido. “Y lejos de todo ello, lo que deberíamos hacer es facilitar efectivamente jubilaciones anticipadas sin penalizaciones que pueden alcanzar hasta el 40 % en la actualidad”, ha agregado.

Amenaza a la viabilidad del taxi

Por su parte, tras agradecer la sensibilidad del Ministerio de Trabajo, Sanz ha explicado que la situación del sector “ya no es delicada ni grave, sino crítica en algunos lugares, con la imposibilidad de hacer frente a estas subidas desproporcionadas de la póliza de la prima de sus seguros”. Lo que, a su juicio, amenaza la continuidad de este servicio público de interés general. En ocasiones, ya se está pagando más del seguro que de la letra del coche, en las zonas rurales y los vehículos adaptados tienen serios problemas para asegurarlos, ha explicado Sanz

“Nos da la impresión es que estamos pagando los platos rotos de otras modalidades de transporte porque la siniestralidad del taxi se mantiene estable”, ha apuntado, en una referencia clara a los miles de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que operan en el territorio nacional. “No hay ningún elemento ahora que justifique ese aumento desproporcionado de las cuotas y nos podemos encontrar ante un colapso importante que amenace la viabilidad de lo que es servicio público que damos a los usuarios”, ha advertido.

El sector quiere seguir manteniendo un servicio público de calidad y, ante eso, solicita la tutela de la administración, que “tiene herramientas para poder topar el precio de los aumentos desproporcionados de las pólizas y dotar de transparencia a esas primas y que cada uno pague por los siniestros que provoca, y todo esto sin duda se puede y se debe de hacer”, ha defendido. “Alguien tiene que poner freno y fin a esta sin razón, es una auténtica locura. Somos cautivos de las compañías de seguros”, ha lamentado.