El rompecabezas de Muface pone en jaque la sanidad de un millón de funcionarios

La atención sanitaria de un millón de funcionarios lleva dos meses en el limbo. Profesores, policías, carteros o diplomáticos reciben desde hace 50 años cuidados médicos a través de Muface, una mutualidad administrativa dependiente del Ministerio de Función Pública que les permite escoger si quieren sanidad pública o privada. Ahora no saben qué va a ocurrir. El modelo saltó por los aires el 5 de noviembre. Ese día, las aseguradoras presentes en el último concierto con Muface —Adeslas, Asisa y DKV— dijeron basta, ...

La atención sanitaria de un millón de funcionarios lleva dos meses en el limbo. Profesores, policías, carteros o diplomáticos reciben desde hace 50 años cuidados médicos a través de Muface, una mutualidad administrativa dependiente del Ministerio de Función Pública que les permite escoger si quieren sanidad pública o privada. Ahora no saben qué va a ocurrir. El modelo saltó por los aires el 5 de noviembre. Ese día, las aseguradoras presentes en el último concierto con Muface —Adeslas, Asisa y DKV— dijeron basta, negándose a participar en un sistema que les genera pérdidas crónicas. El Gobierno ha tratado de maniobrar poniendo sobre la mesa 1.000 millones de euros adicionales. Ni por esas. Muface se ha convertido en un intrincado rompecabezas que opera en varios planos (empresarial, ideológico, político, sindical...), y en el que influye desde la guerra de Ucrania hasta las futuras elecciones a la Comunidad de Madrid. Sus piezas cada día están más desgastadas e hinchadas y encajarlas se ha convertido en una misión endiablada.

Aunque la mayoría de los españoles no tiene mucha idea de qué es Muface, para los 1,53 millones de beneficiarios —1,1 millones de empleados públicos y los 430.000 cónyuges e hijos— es una parte fundamental de su día a día. Acceder a la web de esta mutualidad para pedir cita con el dentista o el reembolso de su gasto en medicamentos es su forma cotidiana para recibir estos servicios. Además de trabajadores del Estado en activo, una parte importante del colectivo lo componen funcionarios jubilados. Es el caso de Pilar Gutiérrez, docente retirada residente en Segovia que lleva más de 30 años en Muface, optando siempre por la sanidad privada. “Los funcionarios pagamos una cuota mensual que nos da derecho a elegir si queremos ir por la pública o por la privada. Ahora no sabemos qué va a pasar. Cada cual se acostumbra a sus médicos y se hace difícil cambiar”, relata con preocupación.

Esas aportaciones que realizan los mutualistas están entre los 25 y los 55 euros al mes. La cuota es obligatoria, pero solo cubre una mínima parte de los gastos de la mutualidad. El resto sale de los Presupuestos Generales del Estado. La factura para los tres próximos años, de acuerdo con la última propuesta, alcanzaría los 4.500 millones de euros. El incremento en las primas que cobrarían las aseguradoras con el nuevo convenio 2025-2027 es un 33,5% superior al vigente. Unas cifras mareantes que no han bastado para seducir al sector privado. Tan solo Asisa sigue planteándose acudir a la licitación. Tiene hasta el 27 de enero para decidirse. Si no concurre, se abren dos alternativas: un nuevo concurso público —sería el tercero en unos meses—, poniendo aún más dinero o dinamitar el sistema de forma controlada trasladando a todos los beneficiarios de Muface al sistema nacional de salud, tal y como ha pedido el Ministerio de Sanidad, controlado por Sumar. Algo a lo que se oponen frontalmente todos los sindicatos de funcionarios y la inmensa mayoría de consejeros de salud de Comunidades Autónomas, que son quienes tendrían que lidiar con el desembarco masivo de pacientes hacia un sistema que ya está muy estresado. Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, advertía recientemente de que la desaparición de Muface “incrementará la espera para cirugías y agravará la falta de médicos”.

En España hay tres millones de funcionarios, pero solo un tercio está cubierto por esta peculiar figura de las mutualidades administrativas. Además de Muface —donde el 66% son docentes de colegios, institutos y universidades— hay otras dos entidades similares. Una para militares y guardias civiles (Isfas) y otra para jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia (Mugeju). Pero, ¿por qué solo una pequeña parte de empleados públicos tiene este modelo? Para entenderlo hay que remontarse a sus orígenes, en pleno franquismo.

Enrique de Porres, traumatólogo y primer ejecutivo de Asisa, recuerda que en los años 40 y 50 “la sanidad pública universal no existía. Solo había médicos privados, hospitales de beneficencia, igualatorios [un precedente del seguro de salud] y mutualidades gremiales”. Fue en ese contexto en el que el régimen impulsó la creación de las mutualidades administrativas para dar cobertura sanitaria y para la jubilación al personal de los ministerios. En 1975, justo al final del franquismo, se optó por unificar las decenas de mutualidades en solo tres (Muface, Isfas y Mugeju), para igualar las condiciones y simplificar el sistema.

Con la vuelta de la democracia se desarrolló la sanidad y la educación públicas y el Estado de las autonomías, lo que disparó el número de funcionarios. En 1975 había 1,5 millones de empleados públicos, la mitad que ahora. Los cuerpos que ya existían entonces (policías, profesores, inspectores de Hacienda, de Trabajo, de Educación o de Seguros, funcionarios de prisiones, conservadores de museos estatales...) han mantenido la adscripción a las mutualidades administrativas, mientras que los nuevos no tienen ni Muface ni ninguna otra mutualidad. Por eso, para muchos, el modelo es un privilegio del franquismo que debería desaparecer.

Sanidad marca perfil

Entre las voces que más ha clamado por la desaparición de Muface está la de Mónica García, ministra de Sanidad. Desde su departamento se divulgó el 18 de noviembre un informe en el que se concluía que “la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública es una opción tanto viable como razonable”.

El estudio considera que si los 4.500 millones de euros que están presupuestados para las aseguradoras hasta 2027 se destinaran al sistema nacional de salud, este “debería tener capacidad para prestar ese servicio, con la adecuada gestión del proceso de transición”.

En caso de que se decidiera hacer ese cambio de modelo, la incidencia por comunidades autónomas sería muy desigual. El mayor impacto se produciría en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Ceuta y Melilla. En estas regiones y ciudades habría un incremento de usuarios de la sanidad pública por la desaparición de Muface de entre el 3% y el 5%, mientras que la media está en el 2,5% de aumento.

Para Sumar, la cuestión de Muface se ha convertido en una bandera ideológica con la que marca perfil propio dentro del gobierno de coalición con los socialistas. En su programa electoral ya recogían su intención de acabar con este modelo y han aprovechado la espantada de las aseguradoras para defender la necesidad de pasar a los funcionarios a la sanidad pública. Mónica García ha insistido en que el traslado parece la mejor solución porque “a las aseguradoras no les dan los números”.

Números rojos perpetuos

Hace unos años, compañías aseguradoras como Sanitas, Mapfre, Caser, Axa o el Igualatorio Médico Quirúrgico y el de Cantabria también participaban en el concierto de Muface. Poco a poco, todas ellas fueron saltando del barco. El máximo directivo de una de estas aseguradoras relata que “dar servicio a la mutualidad era un quebradero de cabeza, nos hacía perder el foco de asuntos importantes y casi siempre acabábamos perdiendo dinero, por eso nos fuimos”. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, coincide en esta idea: “dejamos el modelo hace años por la falta de rentabilidad, y no vamos a volver”.

En la anterior licitación de Muface, para el periodo 2021-2024 y con Miquel Iceta como ministro de Función Pública, se pactó una subida agregada de las primas que reciben las aseguradoras del 10%. Sin embargo, la guerra de Ucrania trastocó todos los planes. Fernando Campos, consejero delegado de DKV, recuerda que “en 2022 se vivió un incremento brutal de los precios, con lo que toda la mejora en la prima nos la comimos el primer año por el aumento de costes y a partir de ahí volvimos a las pérdidas”.

DKV calcula que en este último convenio (que aún está vigente por una prórroga forzosa al menos hasta el 1 de abril) han perdido 70 millones de euros. Adeslas se ha dejado mucho más, 256 millones en estos tres años. Junto con Asisa, las tres han tenido números rojos conjuntos por valor de casi 600 millones de euros.

El descuadre financiero no se explica solo por la invasión rusa de Ucrania y la desbocada inflación de 2022. “La edad media de los beneficiarios de Muface cada vez es mayor, lo que hace que aumente el gasto sanitario”, explican fuentes de Adeslas. “Además, desde la pandemia la población está más preocupada por la salud, por lo que recurre más que antes a los servicios médicos, lo que también aumenta la siniestralidad e impacta directamente contra nuestra cuenta de resultados”.

En el convenio 2022-2024, el 30% de los mutualistas de Muface escogió la sanidad pública (un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos años), mientras que el 33% optó por los servicios de Adeslas, el 24% por Asisa y el 13% por DKV Seguros.

Fernando Campos, el directivo de DKV, defiende que este modelo de colaboración público-privada “tiene todo el sentido, porque es más barato para el Estado, descarga las listas de espera de la sanidad pública, fortalece el sector médico privado y genera una alta satisfacción para los pacientes”. El gran problema del sistema, a su juicio, es la infrafinanciación permanente y el tener que presentarse a las licitaciones cada dos o tres años “con lo que no hay posibilidad de una planificación a más largo plazo”. Con la última licitación, que contempla una mejora de las primas del 33,5%, DKV calcula que seguiría perdiendo dinero: los números rojos a tres años podrían llegar a los 100 millones de euros.

En el caso de DKV, la compañía es filial del grupo alemán Munich Re, el mayor gigante del reaseguro del mundo, y cotizado en Bolsa. Adeslas es propiedad de Mutua Madrileña y CaixaBank, que también está sometida al escrutinio de los mercados. “A ver cómo le explica a un gran inversor que te presentas a un concurso público en el que vas a perder sí o sí”, subraya un directivo del banco.

Asisa, la última bala para salvar Muface, tiene una situación muy distinta. La compañía de seguros es propiedad de una cooperativa de 10.000 médicos, Lavinia. Durante años, han asumido que la parte aseguradora podía operar con ciertas pérdidas porque así conseguían pacientes para las clínicas y las consultas de sus cooperativistas. Ahora están analizando si la mejora del 33,5%, que no ha bastado a Adeslas y a DKV, sí que les vale a ellos. “Es como elegir a qué pie te disparas”, apunta un alto cargo de la competencia, “si se quedan en Muface perderán mucho dinero y en dos años pueden ver comprometida su viabilidad, pero si se van, muchas de las clínicas de los dueños tendrán que cerrar”.

Precisamente, la negociación con las clínicas y grupos hospitalarios es otro de los grandes dilemas para las aseguradoras. Aunque Asisa o DKV tienen centros médicos propios, la mayor parte de la atención médica que prestan a los mutualistas de Muface es a través de centros de terceros. Tanto de grandes grupos hospitalarios como Quirón, HM Hospitales o el grupo Recoletas, como a través de cuadros médicos que incluyen otorrinos, dermatólogos y oculistas privados por toda España. Los profesionales sanitarios que prestan estos servicios se quejan de que, con las estrecheces de Muface, ellos cada vez cobran menos.

Ignacio Guerrero, oftalmólogo sevillano y presidente de la asociación de médicos independientes Unipromel, denuncia que “en esta batalla que se traen las aseguradoras con el Gobierno, los médicos somos los convidados de piedra, a pesar de ser la parte más importante en el trato con el paciente”. De acuerdo con algunos cálculos, más de un tercio de la mejora de las primas por parte de Muface tendrá que destinarse a pagar mejor la prestación sanitaria.

La situación de Óscar López

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, accedió al cargo hace solo cuatro meses. El tercer ministro en tres años. Desde que la penúltima licitación de Muface quedó desierta en noviembre, siempre ha insistido en llamar a la calma a los funcionarios y en que tienen garantizada la continuidad del sistema. Pero los hechos han ido desmintiendo sus palabras. Si el 27 de enero Asisa no va al concurso público, tendría que lanzar una nueva licitación con incrementos ya cercanos al 40%, lo que dejaría al ministro en una posición muy incómoda. Máxime cuando acaba de ser designado como líder del PSOE en Madrid, lo que le convierte en posible candidato para desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia.

La Comunidad de Madrid es la segunda región de España con mayor número de mutualistas, con 235.000 personas (solo por detrás de Andalucía), aunque su peso respecto al conjunto de la población es menor que en Andalucía o Castilla y León. Teniendo en cuenta que 2026 será año de elecciones autonómicas y que este colectivo puede ser determinante, estos meses de zozobra pueden pesar mucho en la candidatura de López. Fuentes del ministerio reiteran el mensaje de tranquilidad y se remiten al 27 de enero porque “hasta ese día el plazo está abierto para que lleguen nuevas aseguradoras”.

Álvaro Fernández, Policía Nacional y secretario general del sindicato UFP, reconoce que la intranquilidad que se percibe entre sus compañeros es muy grande. “Cada familia tiene ya sus especialistas, sus pediatras, o su hospital de referencia y pensar que ahora van a tener que cambiar es complicado, por eso nos estamos movilizando para que el Gobierno y las aseguradoras lleguen a un acuerdo por fin”, explica.

Durante los últimos meses, las protestas de los funcionarios ha ido in crescendo. Desde los sindicatos de clase (CC OO y UGT), hasta el más extendido dentro de la Administración General del Estado (CSIF), pasando por centrales especializadas en determinados colectivos (funcionarios de prisiones, inspectores de educación...) se han manifestado delante de las sedes de Muface en toda España para reclamar el mantenimiento del sistema.

Una veterana sindicalista de UGT reconoce que se enfrentan a un dilema. “Nosotros lo hacemos un poco con la boca pequeña, porque realmente defendemos la sanidad pública y universal, pero la adscripción a Muface es un derecho adquirido por varios cuerpos funcionariales y no nos lo pueden quitar de un plumazo”. En el rompecabezas de Muface, las piezas de la ideología y las de los intereses sindicales también tienen que encajar. Igual que las de las ambiciones políticas y las cuentas de resultados de aseguradoras y grupos hospitalarios. Un puzzle en varias dimensiones que cada día que pasa parece más irresoluble.