España bloquea junto a otros ocho países la propuesta de Orbán para la directiva de becarios

La presidencia húngara del Consejo de la UE no logra el visto bueno para negociar con el Parlamento

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este lunes en Bruselas.OLIVIER MATTHYS (EFE)

Las propuestas húngaras para la directiva de prácticas laborales en la UE han encallado en el Consejo de la UE. Hungría, país que preside el Consejo este semestre, había planteado a sus socios modificaciones en el texto que lanzó la Comisión el pasado marzo y estos cambios se han encontrado este lunes con el rechazo de España, Alemania y otros siete Estados miembros en la reunión de ministros de Trabajo en Bruselas. “Es inaudito que una direct...

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Las propuestas húngaras para la directiva de prácticas laborales en la UE han encallado en el Consejo de la UE. Hungría, país que preside el Consejo este semestre, había planteado a sus socios modificaciones en el texto que lanzó la Comisión el pasado marzo y estos cambios se han encontrado este lunes con el rechazo de España, Alemania y otros siete Estados miembros en la reunión de ministros de Trabajo en Bruselas. “Es inaudito que una directiva que tiene que ver con propiciar derechos laborales y dar seguridad a las personas que se encuentran en procesos de formación lamine derechos”, ha criticado la vicepresidenta española, Yolanda Díaz, sobre el planteamiento del Ejecutivo de Viktor Orbán, advirtiendo que su intención era bloquearlo junto a otros países.

En marzo de este año, la Comisión Europea presentó una directiva y una carta con 10 recomendaciones para fijar un suelo en las regulaciones de la UE sobre las prácticas laborales de las personas en formación. El objetivo era establecer con claridad qué no es un becario o qué es un falso becario, aconsejando, por ejemplo, que estos periodos de prácticas no superen los seis meses. Ahora los dos colegisladores (Consejo de la UE y Parlamento Europeo) tienen que establecer sus posiciones sobre los textos lanzados por el Ejecutivo comunitario para después negociar entre ellos la redacción definitiva.

Como Hungría es el país que preside el Consejo durante la segunda mitad de 2024 le corresponde presentar una propuesta de compromiso que aglutine, al menos, a una mayoría cualificada de Estados miembros (55% de países que sumen al menos el 65% de la población). Budapest no lo ha conseguido este lunes, puesto que se ha encontrado con el voto en contra o la abstención de España, Alemania, Bélgica, Portugal, Austria, Bulgaria, Eslovenia y Chipre. Al ser la última reunión de ministros antes de acabar el año, lo más probable 2024 se agote sin poder alcanzarse un punto de encuentro y la tarea pase a Polonia, que coge el relevo de Hungría a partir de enero.

La propuesta húngara plantea bastantes excepciones en la misma definición como que la directiva no se aplique a “las relaciones de formación profesional, los contratos de aprendizaje, los períodos de prácticas que se realicen en el marco de la educación formal”. Esto, según el criterio explicado por Díaz antes de comenzar la reunión, supone que “todas las practicas formativas quedan excluidas”. De quedar así, ha apuntado la política gallega, “la propia directiva indica los caminos para que no se aplique”.

A pesar de que Trabajo, que pretende presentar en breve su Estatuto del becario, ha logrado frenar la iniciativa de Hungría, hay que tener en cuenta que la UE tiene pocas competencias en materia laboral y también que la gran diferencia de tradiciones en las relaciones laborales de cada Estado miembro hace muy difícil alcanzar acuerdos que vayan más allá de un suelo mínimo que España suele tener ya garantizado en su legislación nacional. Esto se vio con mucha claridad en la tramitación de la directiva sobre el salario mínimo: los países nórdicos, con una gran tradición de regulación de sus relaciones laborales a través del diálogo social, rechazaban una norma de este cariz aunque fuera de mínimos porque temían que se convirtiera en un objetivo a la baja; en cambio, los países del este con mucha menos protección creían que eso les encarecería mucho los costes laborales. Es decir, más allá de la ideología política de cada Gobierno hay también tradiciones nacionales que condicionan mucho las posturas de las capitales.

Y esto es, en cierto modo, lo que se ha visto en la votación de este lunes. Los países del este, excepto Bulgaria, han estado junto a Hungría. También los nórdicos, que suelen preferir normativas que no interfieran en su modelo de relaciones laboral. En cambio, los países en una situación diferente, como España, Alemania, Austria o Portugal, han rechazado la posición de Budapest.

La ministra de Trabajo española ya frenó hace un par de años la posición que planteó la República Checa, entonces al frente del Consejo, sobre la directiva de los trabajadores de plataformas digitales. Finalmente no fue Praga quien pudo armar la posición del Consejo, sino que lo hizo Suecia y España acabó aceptándola subrayando su posición crítica. Paradójicamente, fue la base que tuvo que utilizar posteriormente el Gobierno español cuando presidió el Consejo de la UE, en la segunda mitad de 2023, para negociar con el Parlamento Europeo la redacción final.

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