El Gobierno pide a las aseguradoras que precisen a qué precio prestarían el servicio de Muface

El Gobierno y las aseguradoras privadas que prestan el servicio de Muface no consiguieron acordar la renovación del convenio que articula la sanidad de 1,1 millones de funcionarios y de 420.000 de sus familiares antes del 5 de noviembre, cuando terminaba el plazo. A Adeslas, Asisa y DKV, las tres compañías que ahora prestan el servicio, no les satisface el aumento del 17% que ofrecía el Ejecutivo, y por ello dejaron ...

El Gobierno y las aseguradoras privadas que prestan el servicio de Muface no consiguieron acordar la renovación del convenio que articula la sanidad de 1,1 millones de funcionarios y de 420.000 de sus familiares antes del 5 de noviembre, cuando terminaba el plazo. A Adeslas, Asisa y DKV, las tres compañías que ahora prestan el servicio, no les satisface el aumento del 17% que ofrecía el Ejecutivo, y por ello dejaron desierta la licitación. Ante este escenario, el Gobierno da un nuevo paso este miércoles: a las 12.00 de la mañana publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público una consulta preliminar de mercado, por la cual pide “a todas las empresas aseguradoras que informen del precio de este servicio, con el objetivo de dotar a la nueva licitación de la mayor transparencia”, precisan fuentes del Ministerio de Función Pública, que lidera la negociación.

Es decir, el departamento que dirige Óscar López pide a todas las aseguradoras privadas, más allá de las tres que ahora prestan el servicio, que detallen a qué precio asumirían Muface. Cambia el sentido de la conversación: en vez de que el Gobierno ofrezca una mejora concreta, escucha a los potenciales prestadores del servicio para modular su futura oferta. Desde este miércoles, las empresas interesadas tienen diez días para contestar. Entonces se abrirá una negociación para la que el Gobierno no se impone plazos. Aunque el convenio termine el 31 de enero enero, el Ejecutivo puede prorrogar el acuerdo nueve meses más, en base a la ley de Contratos del Sector Público. Esto da margen al ministerio hasta finales de octubre del próximo año.

Fuentes de Función Pública creen que esta es una situación “creada por las aseguradoras”, al dejar desierta la licitación pese a que el Gobierno ofreció el mayor incremento de la historia, de un 17%. “En términos de apuesta, lo hacemos más que nadie. Nunca se había propuesto una subida tan grande”, reivindican. Los datos del ministerio indican que el incremento medio de los últimos 20 años es de un 4,4%. Frente a esa posición, las aseguradoras afirman que ni con ese salto del 17% les resultaría rentable seguir prestando el servicio. Su demanda original pedía un aumento del 38% para compensar la infra financiación crónica que sufre el modelo, y que las compañías cuantifican en pérdidas anuales de unos 200 millones de euros. Defienden que el alza de costes y el aumento de la edad media de la población les obliga a pedir un incremento mayor de la licitación.

“Tranquilidad absoluta”

El ministerio de López pide “tranquilidad absoluta” a los mutualistas protegidos: “El Gobierno no tiene en ninguno de sus planes desmontar Muface. Queremos transmitir tranquilidad. Vamos a ir a una nueva licitación”. Esta posición, tan contundente, es distinta a la que viene mostrando el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, de Más Madrid y parte de la cuota de gobierno de Sumar. “Si el modelo de Muface cae, lo que no depende de mí sino de una negociación, esta población del 2,12% puede venir a la sanidad pública porque está preparada para acogerlos”, dijo García este martes en el Senado, en declaraciones recogidas por Servimedia.

Estas palabras llegan un día después de que su ministerio publique un informe en el que atenúa la gravedad de un hipotético fin de Muface. Ve “viable y razonable” atender a todos los funcionarios en la sanidad pública. Función Pública, en manos del PSOE y que dirige la negociación, cierra esta puerta: “Las aseguradoras seguirán prestando sus servicios en las condiciones actuales hasta que haya un nuevo concierto”. “No vamos a disolver Muface”, insisten las mismas fuentes, pero a la vez precisan que el modelo “no será eterno”.

El proceso que ahora pone en marcha el Gobierno, la consulta preliminar de mercado, es un instrumento habitual en la contratación pública. Con él, el Ejecutivo cree que aporta “transparencia” al proceso de la nueva licitación, “que los criterios estén claros” y sean objetivables. Así, el ministerio espera que cada aseguradora detalle el por qué de cuánto cobraría por cada tipo de ciudadano protegido. En función de “esa investigación de mercado”, Función Pública dará “los siguientes pasos”.

Una precisión importante es que las aseguradoras que no prestaban el servicio de Muface ya se podían haber presentado en el proceso que ha quedado desierto, no estaba limitado a Adeslas, Asisa y DKV. Asimismo, ni estas empresas ni ninguna otra están obligadas a presentar sus condiciones en esta consulta preliminar de mercado, se trata de una petición de información por parte del ministerio antes de lanzar la nueva licitación. “Veremos si se presentan, tres, cuatro, cinco, ocho o doce”, añaden desde el ministerio.

Mejoras pendientes

“En paralelo”, dice el departamento de López, “vamos a estudiar mejoras, reformas que puedan darse en Muface”. Ponen como ejemplo aplicar principios de subasta de medicamentos, lo que podría abaratar las recetas farmacéuticas. Las mismas fuentes sostienen que es necesario “introducir racionalidad en el sistema”, ya que Muface es “un invento que ha ido acumulando capas, y unas son más racionales que otras”. Entre esas capas poco funcionales, el ministerio menciona que hay miles de mutualistas que trabajan para las comunidades autónomas, como los profesionales de la educación, cuya cobertura sanitaria tarea de Muface, que se financia con fondos del Gobierno central. “El escenario planteado obliga a abrir una reflexión sobre el modelo del mutualismo que ha de pivotar en torno a tres grandes principios: transparencia, equidad y sostenibilidad”.

El Gobierno insiste en que “nadie se va a quedar sin asistencia en febrero”, cuando termine el convenio en vigor, dados “los mecanismos de prórroga” con los que cuenta el Ejecutivo. A la vez, el ministerio rechaza marcarse plazos para cerrar esta negociación, con el objetivo de no debilitar su posición. En la misma línea, rechaza contestar qué incremento está dispuesto a ofrecer, ya que ello podría servir a las aseguradoras para fijar un precio. Función Pública no precisa si ya hay otras aseguradoras que han mostrado interés en asumir Muface.

El convenio vigente, el que rige el periodo 2022-2024, contempla una financiación total de 3.521 millones de euros, con una prima incremental del 10% en el último año de unos 1.200 millones.

El 70% de los nuevos prefieren la pública

El ministerio defiende que una de las reflexiones clave es “la voluntariedad del modelo, que supondría que los empleados públicos ahora cubiertos por el mutualismo puedan elegir estar en el régimen común o en el especial, de una vez y para siempre”. Con ese planteamiento, opina Función Pública, “sería más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”.

Desde 2015 el ministerio observa un cambio, por el cual el 72% de los nuevos mutualistas (aquellos con derecho a Muface) eligen la sanidad pública. “Aunque el 70% de los titulares actuales está en la privada y el 30% en la pública, los nuevos apuestan por la pública”, insiste el ministerio. Cree que estas cifras son clave: “Esta preferencia por la pública afecta al modelo. Aumenta los recursos que reciben las mutualidades por aportaciones del Estado que no se traducen en costes de asistencia sanitaria, al ser atendidos por los servicios de salud de las comunidades autónomas”.