El Gobierno amenaza con reducir la financiación a las comunidades que no apliquen la ley de vivienda

El Ejecutivo está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su política de vivienda. “Quien no aplique la ley de vivienda, no va a tener financiación del Gobierno central”, ha advertido este jueves la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, durante una entrevista en televisión. En una clara alusión al poder económico que el Gobierno puede ejercer sobre las autonomías, ha recordado que entre el 70% y el 75% de las políticas en esta materia que ejecutan las comunidades se financian con fondos del Estado. “Mi intención es seguir apoyándolas económicamente, pero no puedo tratar por igual a quien está haciendo esfuerzos y cumpliendo la ley, que a quien por atacar al Gobierno se muestra insumiso”, ha recalcado Rodríguez, en clara alusión a Madrid.

La ministra fue especialmente crítica con la presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de insumisión frente a una ley que tiene como objetivo aliviar la presión en el mercado del alquiler y mejorar la oferta de vivienda asequible. “Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras, que están obligados a compartir piso. Que esto es insostenible socialmente”, ha incidido en televisión.

El choque entre ambas partes no es nuevo, incluso antes de su aprobación en el Congreso, en abril de 2023, Ayuso ya había dejado claro que no pretendía limitar precios del alquiler o declarar zonas tensionadas en su territorio, una decisión que la norma deja en manos de las comunidades autónomas porque son las que tienen las competencias en la materia. Todos los territorios gobernados por el Partido Popular secundaron la idea, argumentando que se trata de medidas intervencionistas, contrarias a la libertad del mercado y dañinas para la inversión. De hecho solo una comunidad, Cataluña, ha habilitado hasta la fecha topes a los alquileres.

Pero la ley de vivienda va más allá, y fija otras vías por las que las comunidades deben priorizar en sus políticas el incremento del parque de pisos sociales y asequibles. Un instrumento para orientar ese camino es, por ejemplo, los planes estatales de vivienda. Y en este contexto, el Ministerio de Vivienda ha movido ficha con la nueva amenaza de cortar los fondos a las regiones que se nieguen a implementar la regulación.

Sin embargo, los analistas consideran que la advertencia tiene poco recorrido, al menos en la parte relativa a los límites de rentas. “Topar los precios es potestad de la comunidad autónoma. No hay un incumplimiento de la ley porque la propia norma deja la decisión de aplicarse o no en manos de las autonomías”, explica José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. En su opinión, para que el Gobierno pudiera recortar la financiación autonómica en esta materia, sería necesario cambiar la legislación y hacer obligatorio el control de precios. “Solo así hablarías de un incumplimiento y podría haber un castigo”, precisa.

Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores de España, asegura que no está claro que el recorte de financiación sea posible y que, de serlo, no es lo que el país necesita. “Nuestros políticos tienen que acercar posturas porque la vivienda es un problema de país, que afecta a nuestro crecimiento económico, a nuestro modelo de sociedad y a nuestro futuro. El diagnóstico del problema está claro, la falta de oferta, y las soluciones también: más seguridad jurídica, más suelo y menos burocracia”, detalla.

Quien sí ha acogido positivamente las palabras de Rodríguez ha sido Sumar. “Las comunidades del PP, que no están aplicando la ley de vivienda y que están permitiendo que sigamos teniendo abusos y precios absolutamente desorbitados, tienen que aplicar la ley. Y una manera de forzarles es supeditar los fondos estatales destinados a la política de vivienda”, ha incidido el portavoz parlamentario en el Congreso, Íñigo Errejón. Y ha insistido en que la medida anunciada por la ministra fue, en realidad, promovida inicialmente por su partido para incluirla en el pacto de Gobierno. Sin embargo, desde el entorno del PSOE han recalcado que es una postura defendida históricamente por el partido y que la ministra ya había apoyado en declaraciones anteriores.

Tiempo para la Ley de Vivienda

La ministra ha asegurado que su departamento trabaja en un nuevo plan estatal de vivienda, más ambicioso y ajustado a las necesidades actuales del mercado inmobiliario. Este programa, según la ministra, será diferente de los anteriores, ya que la situación actual “no es la misma que se venía gestionando años atrás”. Los anteriores, ha explicado, habían sido un “apoyo” del Gobierno a las comunidades autónomas que ejercían sus competencias sin el amparo de una ley de vivienda. Sin embargo, ahora el Tribunal Constitucional ha determinado que “el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda”. En consecuencia, “ahí donde se está produciendo una tensión en los precios de la vivienda, que está definida en la ley y que por motivos partidarios no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias”, aludiendo a los territorios gobernados por la oposición.

Frente al desafío de Madrid y otras regiones gobernadas por el PP, el Gobierno apuesta a que la Ley de Vivienda arroje buenos resultados en Cataluña, donde este año ya entró en vigor el índice de precios de referencia para limitar el alquiler. “Estamos en un periodo de prueba, pero soy optimista. Con estabilidad y tiempo, la ley va a ir dando soluciones”, ha dicho Rodríguez al ser preguntada.

La ministra ha puntualizado que el control de precios depende de la “determinación” de las Administraciones regionales, es decir, que si los alquileres se siguen encareciendo es por falta de voluntad política. Otro de los frentes abiertos es el destino del suelo público. Para Rodríguez, la protección de este recurso es fundamental para garantizar que no vuelva a ocurrir lo que ella describe como “el expolio” de lo público en manos de “especuladores y fondos buitre”, una acusación que dirige particularmente hacia Madrid en pleno debate sobre el destino que tendrán las casas de Operación Campamento. A día de hoy, la ley contempla que las viviendas protegidas puedan salir al mercado libre 15 años después de su concesión.

El nuevo objetivo de la Administración es que las viviendas construidas sobre suelo público permanezcan siempre destinadas a fines sociales. Esta misma semana, el PSOE de Madrid registró en la Asamblea regional una iniciativa para que las viviendas protegidas mantengan esa condición indefinidamente, pero fue rechazada por el Partido Popular. Ante esta negativa, la ministra ha repetido esta semana que toda la financiación que salga del ministerio que dirige deberá tener una “garantía de perdurabilidad”, y hoy ha revelado que Madrid ha recibido 2.000 millones de euros del Gobierno central desde 2018 para políticas de vivienda, y ahora quiere que “esos fondos se ejecuten bien y se orienten hacia el cumplimiento de la ley”.

Ante estas presiones, la respuesta de Madrid no ha tardado en llegar. El consejero de Presidencia y portavoz del gobierno de la comunidad, Miguel Ángel García, ha asegurado ante los medios que la comunidad “cumple con las normas que le afectan”. “También con las que no nos gustan”, ha precisado. El Ejecutivo regional se ha negado a declarar zonas tensionadas en localidades como Rivas Vaciamadrid o Fuenlabrada, cuyos ayuntamientos, gobernados por la izquierda, lo han solicitado.