Óscar López se compromete con los sindicatos a seguir reduciendo la temporalidad en el empleo público

El nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha mantenido ya, durante su primera semana en el cargo, los primeros contactos con los principales representantes sindicales de más de tres millones de empleados públicos que están ahora bajo su dirección. “Los trabajadores del sector público van a ser la prioridad del departamento”, han apuntado fuentes del Ministerio de López.

En concreto, el ministro se ha comprometido a “impulsar la hoja de ruta” de su predecesor José Luis Escrivá —recién nombrado Gobernador del Banco de España— en materia de empleo público, lo que implicará seguir reduciendo la temporalidad enquistada durante años en este colectivo en en el entorno del 30% y, para ello, será imprescindible, según le han recordado los representantes sindicales, que mantenga la promesa gubernamental de eliminar los actuales límites que existen a la tasa de reposición y que impiden reponer todas las bajas que se producen en las administraciones.

En general, los participantes en estos encuentros (el lunes López recibió a UGT y este martes a CC OO y CSIF) han destacado la “cordialidad” con la que se han celebrado las reuniones, en las que el nuevo ministro les ha confirmado también que mantendrá a los equipos que actualmente dirigen la Función Pública. “No se va a dar ningún volantazo respecto a la política mantenida hasta ahora y si se puede incluso se acelerarán los cambios pendientes”, aseguran que ha dicho el ministro en estos encuentros. Si bien, fuentes sindicales precisan que López también ha reconocido el estrecho margen que tiene el Gobierno para sacar adelante estas reformas pendientes en el Parlamento.

Entre las principales cuestiones que deberá abordar López están terminar de reducir la tasa de temporalidad hasta lograr el 8% que el Gobierno se fijó como objetivo para diciembre de este mismo año y, al tiempo, negociar un nuevo acuerdo salarial para los próximos años, después de que finalice el actual, que se pactó con CC OO y UGT para el periodo 2022-2024 y que previsiblemente supondrá un incremento retributivo acumulado de hasta un 9,5% cuando termine este año.

En materia de retribuciones, desde el sindicato de funcionarios CSIF hacen especial hincapié no solo en los futuros incrementos sino también en la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. Según los cálculos de este sindicato, solo en los dos últimos años el colectivo de empleados públicos arrastra una pérdida de poder de compra del 6%, a pesar del acuerdo salarial pactado con los sindicatos mayoritarios y se eleva al 20% desde el recorte salarial de 2010, por la crisis financiera.

Por su parte, el coordinador del Área Pública de CC OO, Humberto Muñoz, ha reclamado al ministro la negociación, no solo de un pacto salarial, sino de un nuevo Acuerdo Marco más amplio “que modernice el sector público, que está muy encorsetado y sobre todo muy envejecido —ha destacado que en sanidad la mitad de la plantilla se jubilará en diez años—”. Para ello, ha insistido en que deberá acabar con la citada tasa de reposición a partir de 2025, algo a lo que ya se comprometió Escrivá nada más ocupar el cargo de ministro de Función Pública.

Estabilización de las plantillas

Así, la cuestión más polémica a la que probablemente se enfrentará López será la ordenación del empleo público. En primer lugar deberá culminar los procesos extraordinarios de estabilización de las plantillas, que se iniciaron hace algo más de dos años y que deben concluir el 31 de diciembre de 2024. Dichos procesos, recogidos en la Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el sector público, han tenido como objetivo llevar la tasa contratos temporales de las Administraciones desde niveles superiores al 30% a un porcentaje “por debajo del 8% de las plazas estructurales” a 31 de diciembre de 2024.

No obstante, la complejidad de dichos procesos de estabilización, que pueden superar los dos años desde que se convocan hasta que los funcionarios ocupan sus puestos, está dificultando una mayor reducción de la tasa de temporalidad. De hecho, desde 2022 se han ofertado casi 600.000 plazas de estabilización en todas las Administraciones (estatal, autonómica y local) y, de ellas, se han convocado 522.000 oficialmente en el BOE, según las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Función Pública antes del verano. Pero solo han sido cubiertas, tras haberse resuelto el proceso y tomado posesión del puesto, unas 225.000.

Pese a ello, el Gobierno ha repetido en varias ocasiones que a final de año se habrá llegado con toda seguridad a los 300.000 estabilizados. Este es el compromiso que el Ejecutivo adquirió con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, aunque no se trata de un hito que condiciones la percepción de fondos comunitarios. Según estas cifras, y tras haber estabilizado estos puestos, aún existirán en las administraciones del orden de entre 700.000 y 800.000 empleados públicos temporales, la mayoría de ellos interinos, lo que situará la tasa de temporalidad en el sector público en el entorno del 20%, si se toma la cifra total de tres millones de empleados públicos que refleja el Boletín Estadístico de Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Esta tasa, aunque es diez puntos inferior a la que existía durante los últimos años, antes de los procesos de estabilización, queda lejos del citado objetivo del 8% comprometido con Bruselas.

En este escenario, en los próximos meses los jueces seguirán también emitiendo sentencias sobre la conversión a fijos de los interinos de larga duración que han reclamado su fijeza en los tribunales, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya emitido varias sentencias en las que reclama al Estado español que acabe con la situación de abuso de temporalidad que se produce en las plantillas públicas. López también podría tener que enfrentarse dentro de varios meses a la toma de una decisión por parte del Gobierno al respecto, cuando el TJUE responda a las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo sobre esta materia.

El sindicato UGT fue el primero en reunirse este lunes con López, a quien el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, transmitió que “entre las cuestiones que más preocupan a los empleados públicos se encuentran la jubilación parcial anticipada; el desarrollo de la carrera profesional, el empleo público, el acceso a la Función Pública y la digitalización”. Posteriormente, López ha culminado en la tarde de este martes la primera ronda de contactos, con los respectivos encuentros mantenidos con los responsables de CC OO y CSIF. A partir de ahora los dirigentes ministeriales retomarán las reuniones técnicas con los sindicatos para negociar todas las reformas mencionadas.