Fedea aflora un diferencial de 870.000 parados entre los datos de la EPA y los de Trabajo desde 2018

La monitorización del mercado de trabajo es una tarea ardua y no exenta de polémica. Las fuentes de información más recurrentes y contrastadas para su estudio son, en primer lugar, la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE de forma trimestral; y la estadística mensual de paro registrado, compuesta por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo), a partir de las altas que se computan en sus oficinas. Ocurre, sin embargo, que los resultados de estas dos series —que emplean distintas metodologías—, suelen dibujar escenarios no siempre paralelos, y especialmente desde que el instituto estadístico ha incorporado las cifras del Censo de Población y Viviendas de 2021 a la EPA de los últimos tres años (frente al censo de 2011 que se venía utilizando). Con esta actualización, los últimos resultados respecto a las series de paro se han agrandado hasta ofrecer un diferencial oculto, en valores absolutos, de 870.000 personas desde 2018, según se detalla en el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo del primer cuatrimestre de 2024 elaborado por Fedea, y presentado este lunes en Madrid.

La falta de convergencia en el número de parados se ha acrecentado, según el documento, por las divergencias en los comportamientos de los parados dependiendo de su edad. “La discrepancia entre el desempleo EPA y el registrado entre los jóvenes procede más de su no registro como demandantes de empleo, que de su exclusión del paro registrado”, señala uno de los bloques del informe, elaborado por Florentino Felgueroso, investigador de Fedea. De acuerdo con los datos analizados por el centro de estudios, financiado por grandes empresas españolas, mientras que tan solo algo menos del 60% de los parados de entre 16 y 24 años declaran estar registrados como demandantes de empleo, cerca del 90% de los mayores de 45 acreditan estarlo.

Este matiz es clave a la hora de arrojar luz sobre la cada vez menor correlación entre los datos de ambas series. Mientras que en la estadística del SEPE un parado es considerado como tal siempre y cuando esté apuntado como demandante de empleo en una oficina pública; para la EPA lo es si en la semana de referencia en la que se lleva a cabo la encuesta esa persona ha estado sin trabajo, disponible para trabajar y buscando activamente empleo, aunque para esto último no sea necesario estar registrado en un centro de empleo. “Estas 870.000 personas son aquellas que están en una u otra contabilidad, pero no en las dos a la vez”, ha matizado Felgueroso. [En este vídeo se explican las diferencias metodológicas entre ambos estudios.]

Fuentes del Ministerio de Trabajo detallan que las diferencias en el cómputo de los parados entre ambas fuentes se han venido reduciendo en los últimos años, y lamentan que desde determinados sectores se cuestione continuamente la evolución del mercado de trabajo.

Contaminación

Donde ambas estadísticas se encuentran más alejadas es en el cómputo de las personas que están trabajando. El texto de Fedea reconoce que la discrepancia entre las cifras de ocupados de la EPA y de los afiliados a la Seguridad Social se interpreta “como un indicador del empleo irregular”, esto es, de aquellas personas que reconocen estar trabajando, pero no están dadas de alta.

Sin embargo, a esta contaminación suma la proveniente de otros colectivos, como el de los empleados públicos —“en especial los afiliados a las mutuas de funcionarios”—, quienes no aparecen recogidos en las estadísticas de afiliación de la Seguridad Social; los trabajadores afiliados al antiguo sistema especial agrario —”que se mantienen en alta aunque no trabajen”—, y los pluriempleados —”que no siempre se recogen en la EPA”—.

Respecto a estos últimos, Felgueroso ha recordado que el dato de afiliación que ofrece mensualmente el Ministerio de Trabajo responde al número de “relaciones laborales que se llegan a tener”, y que, por tanto, no es un dato que necesariamente pueda equipararse con personas. “El número de pluriempleados ha crecido un 23% desde 2019″, ha indicado. Desde 2012, los datos de afiliación oficiales están muy por encima de los que recoge la EPA en esta categoría.

Mejora insuficiente

Otro de los apartados que disecciona el observatorio es el relacionado con la productividad. En la comparación internacional, España no sale reforzada a pesar del buen desempeño de la economía y de la fortaleza demostrada por el empleo a lo largo del año. Aunque los datos van al alza —la productividad laboral por hora trabajada ha aumentado un 4,2% entre 2013 y 2023—, lo hace a menor ritmo que la media comunitaria (5,5% en la eurozona). “A pesar de que en los dos últimos años España se ha comportado mucho mejor que el resto de países europeos, eso no ha sido suficiente para acortar la diferencia que se había abierto a lo largo de las últimas décadas”, ha señalado Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research.

En los dos últimos años, se ha producido una mejora de casi dos puntos de la productividad gracias fundamentalmente a la productividad interna, es decir, a la mejora de productividad de cada uno de los sectores. El comercio y la hostelería han aumentado su productividad, gracias, en parte, a las mejoras que implementaron durante el tiempo que estuvieron cerrados durante la covid-19. La industria, por su parte, se ha visto afectada por la crisis energética y, tras reducir el empleo, se ha vuelto más productiva. En cambio, la mayoría de países de Europa se vieron mucho más afectados por el alza de precios energéticos por el mayor peso de la industria, por lo que perdieron productividad interna y permitieron a España tratar de cerrar la brecha de productividad.

Este contexto se agrava, sin embargo, al tener en cuenta que la tasa de desempleo en España duplica la media de la Unión Europea (12,29% y 6,4%, respectivamente). “El diferencial con respecto a la zona del euro se debe a la menor productividad de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), las actividades inmobiliarias y las actividades profesionales”, añade el informe de Fedea.

Factores clave

En la presentación del informe también ha participado Matilde Mas, profesora emérita de la Universidad de Valencia y directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que ha expuesto los resultados de su investigación acerca de la relación entre la productividad y diferentes elementos de bienestar laboral (salarios, beneficios, teletrabajo...) en las 17 comunidades autónomas.

Según sus conclusiones, Cataluña, Madrid, País Vasco y, en menor medida, Navarra, se colocan de manera constante en todas las comparaciones realizadas y muestran que existe una relación entre la productividad de una región y algunos factores, que también incluyen la formación de los ocupados, la formación de los empresarios, el peso de los inmigrantes o el pago de la Seguridad Social por cada nacimiento.

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