Las comunidades renuncian a 5.700 millones de euros en ingresos por sus rebajas fiscales

El sistema tributario español permite a las comunidades cierto margen de maniobra para modular al alza o a la baja algunos impuestos estatales, a la vez que las faculta para crear nuevas figuras sobre bienes o actividades no gravados por el Estado. Con estos elementos, en el año 2022 se produjo una rebaja fiscal generalizada de tributos propios y cedidos que provocó que los territorios dejaran de recaudar 5.700 millones de euros re...

El sistema tributario español permite a las comunidades cierto margen de maniobra para modular al alza o a la baja algunos impuestos estatales, a la vez que las faculta para crear nuevas figuras sobre bienes o actividades no gravados por el Estado. Con estos elementos, en el año 2022 se produjo una rebaja fiscal generalizada de tributos propios y cedidos que provocó que los territorios dejaran de recaudar 5.700 millones de euros respecto a lo que podrían haber obtenido aplicando estrictamente la normativa estatal. Las autonomías emprendieron una carrera a la baja en sucesiones, donaciones, patrimonio y, en menor medida, el tramo regional de IRPF.

Estos 5.700 millones de ingresos perdidos suponen el 0,5% del PIB de las 15 autonomías de régimen común —País Vasco y Navarra quedan excluidas por tener sistemas propios—, lo que equivale al 4,8% de la cosecha tributaria. En términos más mundanos, implica un saldo recaudatorio negativo medio de 129 euros por habitante. En general, las comunidades gobernadas por el PP fueron las que más descuentos fiscales aprobaron, mientras que las capitaneadas por la izquierda mantuvieron o ampliaron los parámetros de la normativa estatal.

El comportamiento de los territorios fue de todo menos homogéneo, según se desprende del VI Informe sobre la Desigualdad en España 2024, presentado este martes por la Fundación Alternativas. De los 15 analizados, 10 registraron saldos negativos y los cinco restantes, un balance positivo. En los dos extremos se situaron Baleares, con un saldo favorable del 1,6% del PIB que equivale a 550 millones de más, y Madrid, con uno desfavorable del 2,4% que entraña una caída recaudatoria de 6.255 millones.

Para llegar a estas conclusiones, el documento utiliza los datos del Observatorio de Información Económico-Financiera de las comunidades autónomas, desarrollado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Esta herramienta, explica Rafael Granell, doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia y coautor del capítulo tributario del informe, permite cuantificar en proporción al PIB cuál es el impacto de las rebajas y de los beneficios fiscales aprobados por las comunidades. A partir de ahí, las cantidades resultantes se dividen entre los habitantes, el PIB y los ingresos tributarios de cada región para poder ponerlos en perspectiva.

“Madrid es la comunidad que, con gran diferencia, más ha reducido sus impuestos, perdiendo 928 euros por habitante, el 2,39% de su PIB, o el 26,1% de sus ingresos tributarios”, detalla el informe, en el que también han colaborado la Fundación 1º de Mayo (CC OO), Oxfam Intermón y el Consejo Económico y Social de España (CES). “Además, estas rebajas fiscales se han centrado en la imposición sobre la riqueza, beneficiando especialmente a los ciudadanos con más recursos“, añade. Por el otro lado, destaca el caso de Baleares, “debido principalmente a las operaciones inmobiliarias gravadas por el ITP a unos tipos que van desde el 8% hasta el 13%”.

Todas las figuras que aparecen en estos dos ejemplos ilustran a la perfección cuál es la tónica predominante de las comunidades a la hora de modular los impuestos, haciendo uso de la autonomía tributaria de la que gozan. Así, suelen centrar el foco en tributos cedidos como patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En menor medida, también hay modificaciones en los que afectan a juego y a determinados medios de transporte.

Sobre estos tributos, las autonomías se reservan toda la recaudación y se encargan de su gestión, pero no tienen completa autonomía sobre su normativa. El Estado se encarga de establecer los principios básicos y el papel autonómico queda limitado a modificar aspectos importantes como el mínimo exento, las reducciones, los tipos de gravamen, las deducciones o las bonificaciones. Las mayores rebajas, prosigue Granell, se han centrado tradicionalmente en estas figuras, como ha sucedido en Madrid con patrimonio y con sucesiones y donaciones.

También han influido en la pérdida recaudatoria las deflactaciones impulsadas por algunos territorios en la parte autonómica del IRPF, un impuesto en cierta medida compartido. Y, de nuevo, hay diferencias marcadas: mientras que Madrid perdió un 6,6% de su recaudación potencial, Extremadura consiguió un 4,9% más de recursos por este impuesto.

En la ecuación, además, entran los impuestos propios, es decir, aquellos diseñados y aplicados por cada autonomía. Son figuras independientes para cada territorio, normalmente de carácter ambiental, aunque también se gravan otros hechos imponibles como el juego, las estancias turísticas o las bebidas azucaradas. Cataluña, que tuvo un saldo positivo total de 1.199 millones, es el territorio que más de estas figuras presenta. Madrid es la única que en 2022 —sucede lo mismo en 2024—no contaba con ninguna.

El informe, por todo ello, sugiere disminuir la autonomía tributaria con la que cuentan actualmente las regiones, a fin de asegurar “un sistema más igualitario que garantice unos recursos similares independientemente del lugar de residencia”. Para ello, insiste, es necesario establecer una tributación mínima en impuestos como patrimonio y sucesiones con el objetivo de poner fin a la carrera a la baja entre territorios. De momento, esta disparidad no parece reflejarse en el IRPF, ya que los incrementos y pérdidas de recaudación derivados de esta autonomía se mueven “en un margen razonable”.

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