El Consejo Económico y Social sugiere aumentar los recursos propios de la UE emitiendo deuda pública conjunta

El Consejo Económico y Social (CES) considera que las nuevas reglas fiscales europeas aprobadas a principios de año conforman un marco presupuestario que “no resuelve del todo los principales problemas de los que adolecía el sistema anterior”, puesto que mantiene “la complejidad, la prociclicidad y la desprotección” de la inversión. Para remediarlo, un informe elaborado por el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, difundido este miércoles, recoge distintas recomendaciones, entre las que considera prioritarias la consecución de la Unión Bancaria; la profundización en la integración financiera asociada a la conformación de la Unión del Mercado de Capitales; la definición de una política industrial que abogue por ramas de actividad específicas; así como la emisión de deuda pública conjunta (eurobonos) que permita reforzar el sistema de recursos propios de la UE. Es decir, lanzar un nuevo fondo de recuperación millonaria para que Europa pueda acometer las inversiones tecnológicas y verdes necesarias.

De acuerdo con el diseño de las nuevas reglas fiscales —que embridan el déficit público anual al impedir que supere de forma continuada el 3% del PIB, y señalan que el volumen de deuda pública tiene que situarse en el 60% o menos—, “parece que la UE se prepara para volver a la castidad fiscal”, ha reflexionado Antón Costas, presidente del CES, que ha juzgado como “muy oportuna” la elaboración del informe en estos momentos, puesto que del 6 al 9 de junio se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. En su opinión, de acuerdo con el panorama sociopolítico actual, “Europa se ve obligada a decidir qué tipo de comportamiento va a desarrollar bajo estas reglas fiscales: si quiere ser madrastra, con una actitud rígida o inmisericorde como la que empleó en la crisis de 2008; o hada madrina, como ocurrió durante la pandemia, cuando llegó incluso a suspenderlas”, ha abundado Costas.

“Esto va a depender de si la UE puede mantener (y recuperar) ciertos bienes públicos, como lo fue el SURE [un programa de 100.000 millones de euros que permitía a la Comisión Europea recaudar fondos en los mercados para prestarlos a los Estados miembros a tipos de interés favorables y que estuvo en vigor hasta finales de 2022]; y los fondos Next Generation”, ha remachado el presidente del organismo.

Aunque la valoración del CES respecto del diseño de las nuevas reglas fiscales es positiva, puesto que el organismo con sede en Madrid considera que esta nueva gobernanza “se focaliza en el medio plazo, favorece la implicación de los Estados y permite conciliar mejor la sostenibilidad del fiscal y el crecimiento al dar más margen fiscal a los países más endeudados”; observa, sin embargo, que este “sigue siendo un sistema de reglas complejo” y que utiliza variables “no directamente observables” y “conceptos indeterminados”.

“Algunas previsiones son poco realistas”, ha indicado Antonio Romero, presidente de la Comisión de Trabajo del CES, que ha elaborado un informe en el que han participado 60 consejeros tanto de las organizaciones empresariales y sindicales más importantes del país, como también de las organizaciones agrarias, de las de la pesca, de las de la economía social y de los consumidores. “Para resolver este problema es necesario reformar los mecanismos europeos comunes con capacidad presupuestaria, reforzar esos mecanismos a la inversión a nivel europeo y complementarios de las políticas fiscales nacionales, que permitan hacer frente a las particularidades macroeconómicas del momento”, ha convenido Romero.

Para alcanzar el equilibrio del nuevo marco con la política monetaria, el informe del CES considera necesario prestar atención “al impacto en la recuperación económica de la coexistencia de una posición fiscal más estricta con los efectos retardados de la restricción monetaria”. Y también a la “capacidad para conciliar los objetivos de política monetaria y de sostenibilidad de la deuda” o a la “colisión que pudiera surgir entre la definición del criterio de sostenibilidad de la deuda según el nuevo marco y según el Instrumento de Protección de Transmisión del Banco Central Europeo (BCE) que también define y evalúa este criterio”. Por todo ello, el Consejo señala como prioritario completar la Unión Bancaria, puesto que esto “permitiría evitar situaciones de inestabilidad financiera”, al tiempo que contribuiría a la “resiliencia y la sostenibilidad económicas de la Unión”.

Mayor competitividad

En la misma línea se ampara otra de las principales recomendaciones recogidas en el documento —que será presentado en una Comisión Mixta en el Congreso y el Senado, tal y como ha confirmado Costas—, como es profundizar en la integración financiera “avanzando en la Unión del Mercado de Capitales”. Con ella se configurarían unos “mercados financieros y de capitales más diversificados, profundos y competitivos”, que permitirían “movilizar el capital privado y contar con los recursos financieros necesarios para impulsar la innovación y respaldar las inversiones en el marco del programa Next Generation”, indica el texto. La forma de obtener esos recursos pasaría, “además de la emisión de deuda pública conjunta”, como ha señalado Costas, por la creación “de nuevos impuestos europeos, cuya recaudación se repartirá entre los Estados miembro”.

Otra de las recomendaciones con mayor peso dentro del informe es la que sugiere la definición de una política industrial común que debería avanzar “en un modelo de ayudas supranacional” que permita a la UE “competir con otros bloques a nivel internacional” y que “vele por la cohesión y vincule la actividad económica al territorio”. Esta implementación de nuevas reglas de juego comunes debería extenderse, en opinión del CES, “a la estrategia comercial de la Unión Europea”. Y apremia a que esto sea así, puesto que advierte de que las fricciones comerciales que se están dando en estos momentos “parecen haberse exacerbado por la necesidad de acelerar la descarbonización de la economía europea, de luchar contra el cambio climático y de proteger la biodiversidad”.

Para terminar, Costas ha abogado por “tener en consideración el capital humano europeo, valorar las inversiones en su integridad, teniendo en cuenta todos sus efectos”, y “por incorporar a esta dimensión la perspectiva de infancia y de género, puesto que está más que demostrado que la inversión en la lucha contra la pobreza infantil tiene un gran retorno en términos económicos y sociales”.

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