Planas ofrece más ayudas fiscales a los agricultores, pero estos no descartan nuevas protestas

Tres horas de encuentro no han sido suficientes para poner de acuerdo al Gobierno y a los agricultores. La reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, con las principales siglas del campo (Asaja, COAG y UPA) apenas ha dejado anuncios relevantes. La novedad ha sido, en todo caso, la promesa de más ayudas fiscales para el sector. “Estamos examinando qué tipo de contribuciones y reducciones se pueden aplicar en esta campaña para los agricultores en una situación más comprometida desde el punto de vista productivo”, ha anunciado Planas. Los trabajadores del campo insisten,...

Tres horas de encuentro no han sido suficientes para poner de acuerdo al Gobierno y a los agricultores. La reunión del ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, con las principales siglas del campo (Asaja, COAG y UPA) apenas ha dejado anuncios relevantes. La novedad ha sido, en todo caso, la promesa de más ayudas fiscales para el sector. “Estamos examinando qué tipo de contribuciones y reducciones se pueden aplicar en esta campaña para los agricultores en una situación más comprometida desde el punto de vista productivo”, ha anunciado Planas. Los trabajadores del campo insisten, por su lado, en que se deben concretar medidas en materia de simplificación de la Política agraria común (PAC), el control de precios y las exportaciones de terceros países. Sin embargo, creen que la reunión, la tercera en lo que va de mes, ha finalizado sin llevar a tierra sus exigencias.

El ministro también ha mencionado que están estudiando una manera para que los pequeños y medianos agricultores no deban acogerse a los controles de la condicionalidad reforzada, que forman parte de las exigencias de la PAC. Esta normativa está relacionada con la rotación de cultivos y superficies no productivas. “Casi el 55% de explotaciones quedarían exentas de esta condicionalidad”, ha remarcado. Sin embargo, más allá de estos anuncios, el titular de este ramo ha comunicado que se deberán seguir trabajando en concretar las aristas pendientes en cuanto a simplificación de la burocracia.

En consecuencia, las asociaciones agrarias se volverán a citar la próxima semana con el ministro. Hasta entonces, se desplegarán una serie de mesas técnicas de trabajo con el fin de pulir las medidas al campo. El trabajo se realizará a contracorriente. Quedan menos de 100 días para las elecciones al Parlamento Europeo, por lo que ha sugerido que sí hay cambios en el seno de la UE, estos deben producirse con brevedad “Está muy claro que las medidas de la comisión deben pasar por una reforma legislativa acelerada”, ha precisado.

La Comisión Europea, ha declarado durante la sesión, está “dando un paso al frente” en materia de la simplificación de la PAC y en la aplicación de una ley de cadena alimentaria que se aplique a nivel comunitario. También ha mencionado que se han producido avances en materia de prácticas comerciales, así como en la imposición de las cláusulas espejo. No obstante, sobre esta última ha lamentado no haber conseguido el apoyo necesario para llevar adelante la medida. “No lo hemos logrado, pero estamos un poco mejor que el consejo del lunes”, ha compartido en la sede de Agricultura.

Los principales representantes de las asociaciones agrarias esperan que las reuniones programadas para esta semana permitan que se “resuelvan las reivindicaciones” que el campo lleva exigiendo con cuatro semanas de propuestas consecutivas. “Debemos saber cómo se va a simplificar la operativa de la siembra y el manejo de las explotaciones”, ha declarado Miguel Padilla, secretario de COAG en la rueda de prensa posterior al encuentro. De lo contrario, las asociaciones no descartan otro calendario de protestas.

En la misma línea, Pedro Barato, presidente nacional de Asaja ha remarcado que: “Tiene que quedar claro que no se ha concretado lo que estamos demandando”. También ha solicitado la participación en las reuniones de otros ministerios, como el de Transición Ecológica. “Deberíamos seguir el ejemplo de Italia, que ha prohibido la carne sintética”, ha puesto como ejemplo.

Lorenzo Ramos, líder de UPA, ha sido más flexible, cree que la reunión “ha permitido avances”. “Los agricultores ya están haciendo los expedientes [de la PAC]”, ha dicho Ramos, pidiendo que se agilice cualquier decisión tomada desde el Ejecutivo.

La reunión se ha llevado a cabo en el margen de varias manifestaciones en la capital. El lunes se concentraron este lunes cerca de 5.000 manifestantes, según los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, aunque las organizaciones agrarias señalan que fueron cerca de 30.000. Y hace una semana, al menos 500 tractores entraron a la capital. La sede comunitaria en Bruselas tampoco se libró de las tractoradas, que llegaron a protestar mientras ocurría la reunión de ministros de Agricultura este lunes, lo que evidencia que el malestar del campo es un enfado compartido.

Cortes de carretera en Cataluña

Los agricultores catalanes mantienen este miércoles por la mañana los cortes en las vías AP-7 y N-II en Pontós (Girona) y en la AP-2 y la C-28 en la provincia de Lleida, los cuales iniciaron este martes por las protestas convocadas por Unió de Pagesos (UP) hasta el jueves, según informa Europa Press. En Girona, según la información del Servei Català de Trànsit (SCT), las tractoradas afectan a la AP-7 de Borrassà a Vilademuls y a la N-II de Bàscara a Vilamalla; y en Lleida, afectan a la AP-2 de Aitona a Albatàrrec y a la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu.

UP ha convocado protestas este miércoles en varios accesos hacia la frontera con Francia, en Girona, y desde el martes hasta el jueves en carreteras de Lleida, para protestar por “la competencia desleal de las importaciones que no cumplen con las mismas condiciones exigidas a los productos” en la UE.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ya avisó este lunes de que si las fuerzas de seguridad catalanas no garantizan el derecho a la libre circulación durante las protestas agrarias exigirán responsabilidades tanto públicas como civiles a los convocantes y a la Administración.

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