Hacienda diseña unos Presupuestos expansivos para afrontar la desaceleración

La política española se ha vuelto tan compleja como un cubo de Rubik. Aprobar cualquier ley obliga a un ejercicio de pragmatismo, paciencia, ingenio e incluso una pizca de suerte. Todos los ingredientes que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, deberá conjugar para cuadrar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que aún no han visto la luz pese a que ya se ha consumido un mes y medio ...

La política española se ha vuelto tan compleja como un cubo de Rubik. Aprobar cualquier ley obliga a un ejercicio de pragmatismo, paciencia, ingenio e incluso una pizca de suerte. Todos los ingredientes que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, deberá conjugar para cuadrar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que aún no han visto la luz pese a que ya se ha consumido un mes y medio del año.

Las dificultades para formar gobierno tras las elecciones del año pasado obligaron al Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez a prorrogar las cuentas de 2023. Sin embargo, en la antigua Casa de Aduana, donde se alojan las dependencias de Hacienda, llevan meses trabajando en el diseño de los Presupuestos para este año. Tienen la tarea muy avanzada a la espera de que se desbloquee la situación política que mantienen atascado el presupuesto en dos frentes. En primer lugar, el PP está entorpeciendo la tramitación en el Senado, donde goza de mayoría.

La semana pasada, los populares rechazaron la aprobación del techo de gasto y de la senda de consolidación fiscal, que recoge los objetivos de reducción de déficit y deuda pública para los diferentes niveles de la Administración pública. El movimiento obliga al Ejecutivo a volver a plantear la cuestión en unas semanas, mientras siguen corriendo las agujas del reloj. Los funcionarios de Hacienda prevén que al menos hasta verano no habrá nuevas cuentas: la tramitación parlamentaria se prolongará durante unos tres meses desde que se registre el proyecto en el Congreso, para lo que aún queda cerca de un mes. Y todo eso si el PP no ralentiza los trámites en la Cámara Alta. Así que la pregunta sobre si merece la pena seguir adelante va tomando protagonismo. “No hay una fecha a partir de que no valga la pena presentarlos”, dicen fuentes del ministerio, que recuerdan que los de 2018 se aprobaron el 3 de julio. Para no perder tiempo, Hacienda espera volver a llevar al Consejo de Ministros de este martes la senda fiscal para volver a iniciar los trámites en el Senado.

En segundo lugar, el Gobierno se resiste a presentar las cuentas sin tener asegurado el apoyo de Junts, que se muestra esquivo mientras no consiga que la ley de amnistía contenga todas las garantías que reclaman. Y esa es precisamente la clave de la legislatura, el apoyo de los independentistas catalanes. Montero cree que si logra sacar adelante los Presupuestos de 2024 tendrá la legislatura encarrilada. En caso de que no lo consiga, siempre le quedará otra “vida extra” a partir del próximo septiembre con las cuentas de 2025. Todos los dirigentes saben que los Presupuestos son el principal proyecto político de un Gobierno durante un año. Y que la forma en que se sacan adelante mide la fortaleza o la debilidad de un Ejecutivo.

Mientras se resuelven estas cuitas políticas, los técnicos de Hacienda han elaborado un proyecto de Presupuestos siguiendo las directrices de Montero, que esboza unas cuentas “ligeramente expansivas” para afrontar la desaceleración económica de los próximos trimestres. Las proyecciones oficiales dibujan un ejercicio en el que la actividad se irá moderando conforme la anemia económica que sufre el corazón de Europa va contagiando al resto de socios comunitarios. España cuenta aún con las vitaminas de los fondos europeos.

Este año las cuentas contemplarán otros 9.905 millones de euros procedentes de los Next Generation de Bruselas. Aunque la cantidad es inferior a los 25.156 millones de 2023, servirán para mantener el pulso inversor. En este sentido, el retraso de España en ejecutar los fondos del Plan de Recuperación le puede venir bien para afrontar la desaceleración, pues estos recursos sirven como colchón e incentivo para mantener el pulso de la economía. Gracias a este dinero, las cuentas de 2024 incluirán un aumento de la inversión pública hasta situarla en cerca de 50.000 millones para la obra pública y actuaciones de los organismos autónomos del Estado, lo que supondrá un nuevo récord.

Los Presupuestos de 2024 tienen algunas certezas pese a no haber visto la luz. El techo de gasto público del Estado —sin incluir intereses y algunas transferencias— crecerá hasta los 199.120 millones de euros, un 0,5% más que el del año anterior. No obstante, sin contar con los fondos europeos, el incremento del gasto no financiero será del 9,3%, mucho mayor que el tímido avance del 1,9% del anterior presupuesto, que fue calificado como contractivo por la Comisión Europea. Hacienda ha decidido acelerar el crecimiento ordinario de gastos para compensar el descenso en la llegada de los recursos de Bruselas.

De esta forma, Montero contará con una pizca de margen para algunas alegrías. Además de las inversiones, también crecerán las partidas en educación, sanidad y para jóvenes. Son las políticas con las que este Gobierno hace bandera y el alza le permitirá enviar un mensaje sobre su acción. Las cantidades destinadas a estas áreas son, no obstante, reducidas porque las competencias están en manos de las comunidades autónomas.

Entre las grandes partidas presupuestarias destacan las pensiones, que volverán a comerse buena parte del margen. Estas prestaciones para casi 12 millones de jubilados y otros colectivos representan casi cuatro de cada diez euros públicos del Estado. La reforma de la Seguridad Social obliga a revalorizarlas con el IPC, lo que supone un aumento del 3,8%, el equivalente a unos 8.500 millones de euros más si se incluye, las mínimas, las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV).

Otra de las grandes rúbricas es la nómina de los empleados públicos, que se revalorizarán un 2,5% si no hay una nueva ola inflacionista. Si se añaden las nuevas incorporaciones de empleados públicos por las oposiciones de los últimos años, el resultado será un gasto de cerca de 30.000 millones de euros, el máximo. Por último, el coste de la deuda pública volverá a aumentar este año hasta situarse cerca de los 32.500 millones de euros debido a la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

Todos estos aumentos de gasto deberán estar muy medidos. Tras las dificultades políticas, el otro gran obstáculo que se encontrará Montero para elaborar las cuentas es el límite fiscal. España tiene que reducir el déficit público del 3,9% del PIB previsto para el cierre de 2023 al 3%, lo que supone un ajuste de algo más de 12.000 millones en un año en el que vuelven a aplicarse las reglas fiscales, el corsé de Bruselas que obliga a los países a reducir sus números rojos. Hacienda fía buena parte de la corrección a la mejora de los ingresos tributarios. “La economía y la recaudación ha evolucionado mejor de lo esperado en los últimos dos años”, explican fuentes de Hacienda.

El buen cierre económico de 2023 y el arranque de este, con una economía creciendo más de un 2% al año, les ofrece motivos para que se sientan confiados con la marcha de los impuestos. Además, recuerdan que trabajan para que los dos gravámenes extraordinarios y temporales a la banca y energéticas se transformen en estructurales. Ambas figuras aportan casi cerca de 2.500 millones al año.

Explorando límites

Además, comenzará a aplicarse la tributación mínima del 15% para las filiales en el extranjero de las multinacionales españolas, que supondrá otro buen bocado para las arcas públicas. En el extremo contrario, la rebaja en el IRPF para las rentas más bajas para que no tengan que tributar por la mejora del salario mínimo y, sobre todo, el impacto de la sentencia que ha tumbado la reforma del impuesto de sociedades de Cristóbal Montoro, que obliga a Hacienda a devolver ahora entre 4.000 y 7.000 millones a las empresas, elevarán el listón para conseguir reducir el déficit.

El Gobierno está explorando los límites presupuestarios. Podría haber afrontado el ajuste que exige Bruselas retirando todas las ayudas públicas aprobadas para afrontar el impacto de la guerra de Ucrania y la crisis de precios. Pero ha decidido mantener buena parte del paraguas social pese a la moderación de precios y el fin de la crisis energética. El plan, justifican desde la calle Alcalá, sede de Hacienda, es ir retirando poco a poco las ayudas y concentrarlas en los sectores más vulnerables, pero ese camino le resta un margen presupuestario necesario para el ajuste que reclama Bruselas.

Los técnicos de Hacienda que están familiarizados con los Presupuestos restan importancia al proyecto que se presenta en el Congreso. Suelen recordar que la importancia de ese trámite es medir la fortaleza y apoyos de un Gobierno. Recuerdan que siempre se pueden añadir modificados, ampliaciones de créditos, u órdenes para paralizar la ejecución, como suele ocurrir los años en los que el déficit se descontrola. Al final, es como un cubo de Rubik, múltiples posibilidades, pero una única solución.

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