Castilla y León insiste en asignar a la mediación laboral una cantidad denunciada por los sindicatos por “insuficiente”

La consejería de Empleo de Castilla y León, dirigida por Vox, insiste en mermar los fondos para el Servicio de relaciones laborales (Serla). El departamento comandado por Mariano Veganzones tiene previsto financiar a esta entidad con 400.000 euros, la mitad de lo establecido en 2022. La decisión llega después del amago de la consejería con eliminar por completo las partidas, pero ante la oposición frontal de los sindicatos, quienes han denunciado este recorte, y de la patronal, acc...

La consejería de Empleo de Castilla y León, dirigida por Vox, insiste en mermar los fondos para el Servicio de relaciones laborales (Serla). El departamento comandado por Mariano Veganzones tiene previsto financiar a esta entidad con 400.000 euros, la mitad de lo establecido en 2022. La decisión llega después del amago de la consejería con eliminar por completo las partidas, pero ante la oposición frontal de los sindicatos, quienes han denunciado este recorte, y de la patronal, accedió a reducirlo a la mitad, esos citados 400.000. Los agentes sociales insisten en que es una cantidad insuficiente. El Ministerio de Trabajo, liderado por la también vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, envió sendos requerimientos a la Junta instando a que se mantuvieran las sumas establecidas habitualmente para el Serla, si bien Empleo se negó. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se declaró hace unas semanas incompetente, ante las denuncias de los sindicatos, para cuestionar las políticas de la Junta.

El anuncio de Industria, Comercio y Empleo se ha producido en la mañana de este miércoles y, a través de un comunicado oficial, ha amparado esta actuación en que la dirección del Serla no ha tomado “medidas de austeridad”. La nota los acusa de “dejar sin liquidez las cuentas de la fundación para el pago de las nóminas de los trabajadores”, para lo cual han comprometido 400.000 euros, un dinero que los sindicatos se han apresurado en catalogar como “insuficiente” para cubrir los gastos pendientes, como los sueldos de la plantilla. Esa partida, según la Junta, debería servir para “paliar las consecuencias de una gestión inadecuada, con el bloqueo de decisiones por la negativa de los sindicatos a cualquier iniciativa de ahorro. Veganzones ha atacado reiteradamente a los sindicatos UGT y CCOO, con frecuentes descalificativos, mientras que estos le reprochan su actitud hostil hacia el Diálogo Social, una herramienta habitualmente engrasada en Castilla y León merced a la buena relación de esos agentes sociales con la patronal.

El director del Serla, Julio Cordero, reiteró en septiembre, ante el juzgado que instruyó el recurso sindical, la imposibilidad de prestar ese servicio de mediación con 400.000 euros anuales. El Serla atendió en 2022 un total de 3.534 conflictos individuales y 341 colectivos, pese a que Veganzones lo cataloga de “chiringuito”. El empeño de Empleo, pese a la opinión de los implicados en el Serla, pasa por reconducir estas funciones y derivarlas a los funcionarios de la Junta, algo muy criticado por los sindicatos porque creen que acarrearía saturaciones y multiplicaría la carga en los juzgados por motivos laboralistas al no conseguir la mediación entre las partes en muchos procesos. El Gobierno central, mediante el Ministerio de Trabajo, envió dos requerimientos a la Junta para incrementar esas subvenciones en riesgo, si bien se tradujeron en ese aumento tras el amago con reducir a cero las cifras.

El caso llegó al TSJCyL ante el recurso de los sindicatos, pero el tribunal plasmó la “falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo [las medidas contra el Serla]”. Así, entendieron que los recortes “no derivan de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria”.

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