Estos son los 13 profesionales que controlarán el macrofondo de pensiones de Escrivá

El macro fondo de pensiones de empleo de promoción pública puesto en marcha por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para autónomos, pymes y sector público, ha cumplido una de las últimas exigencias antes de estar operativo: la elección de los 13 miembros de la Comisión de Control Especial, que se encargará de “supervisar todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos”,...

El macro fondo de pensiones de empleo de promoción pública puesto en marcha por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para autónomos, pymes y sector público, ha cumplido una de las últimas exigencias antes de estar operativo: la elección de los 13 miembros de la Comisión de Control Especial, que se encargará de “supervisar todos los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos”, según recoge la norma de este organismo controlador. Los profesionales que forman esta comisión han tenido que ser evaluados y aceptados previamente por la Comisión Promotora y de Seguimiento, el otro órgano gestor del macrofondo.

Se trata de cinco profesionales de perfil netamente técnico y financiero, conocedores del sector de los fondos y planes de pensiones desde distintos ámbitos que han sido propuestos por el Ministerio de Inclusión y otros ocho aportados por las organizaciones patronales y sindicales (cuatro por parte de cada agente social), cuyos perfiles son por lo general menos especializados en el mercado de la previsión social.

Si bien, todos ellos han pasado la evaluación correspondiente de la Comisión Promotora para comprobar si, según recoge la última orden ministerial que regula este macrofondo, cuentan con “al menos cinco años de experiencia profesional en la gestión de fondos o planes de pensiones o en otras actividades relacionadas que garanticen el suficiente conocimiento, capacidad de supervisión y gestión, además de no incurrir en incompatibilidades ni en situaciones de conflictos de interés”. El régimen de incompatibilidades se establecerá reglamentariamente más adelante y determinará con qué actividades podrán compaginar o no su pertenencia a este organismo.

En función de todo esto, estos son los 13 profesionales elegidos:

A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

• Rocío Eguiraun Montes, ex consejera delegada y ex presidenta de Bankia Pensiones EGFP y Bankia Fondos SGIIC. Tiene una dilatada experiencia en la gestión de activos financieros. La directiva fue responsable de la gestora de fondos de inversión de Bankia (antes de su integración en CaixaBank), donde supervisaba vehículos financieros con un patrimonio de más de 10.000 millones de euros. También dirigía la gestora de planes de pensiones. Antes trabajó en banca privada, en Banco Urquijo y el banco estadounidense Citi.
• Lorenzo Esteban Jódar, ex subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
• Francisco Javier Garayoa Arruti, ex director general Spainsif. Experto en finanzas sostenibles, es el máximo responsable de la asociación Spainsif, que agrupa a todos los agentes implicados en inversiones con una perspectiva socialmente responsable.
• Xabier Ibars, ex subdirector financiero en Nestlé España.
• Virginia Oregui Navarrete, ex gerente general de GEROA PENTSIOAK EPSV. Se trata del alma mater de una de las entidades de previsión social más importantes y exitosas del País Vasco, Geroa, donde fue la máxima responsable durante 27 años, hasta que se retiró a principios de 2023. Allí lideraba a 23 profesionales encargados de gestionar las pensiones 8.500 empresas vascas de pequeño y mediano tamaño, con un patrimonio agregado de más de 2.500 millones de euros. Precisamente la vocación de la nueva regulación es que las pymes y autónomos puedan adherirse a los 15 nuevos fondos de promoción pública, que gestionarán los grandes bancos (CaixaBank, Santander, BBVA, Ibercaja) y la aseguradora Caser, en colaboración con Indexa Capital. Su voz fue una de las escuchadas en el Pacto de Toledo, en 2017, donde subrayó que el modelo de Geroa era perfectamente replicable en el conjunto de España.

A propuesta de las organizaciones sindicales más representativas:

• Luis Pérez Capitán, Inspector de Trabajo y Seguridad social, director del Servicio de Estudios de UGT.
• Cristina Antoñanzas Peñalva, vicesecretaria general de UGT e integrante del Comité de Negociación Colectiva Europeo en representación de Comité Europeo de Mujeres.
• Víctor Raúl Olmos Mata, parte del equipo de Planes y Fondos de Pensiones de la Confederación Sindical de CC OO desde el año 2000 y actualmente en el equipo de Acción Sindical de la organización.
• Paloma Fernández Álvarez, responsable del Área de Planes y Fondos de Pensiones de CC OO en Cataluña.

Los miembros de la Comisión de Control Especial nombrados a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas son:

• José Alberto González-Ruiz Martínez, secretario general de CEOE y ex CEO de la Sociedad Estatal de Transición al Euro
• Luis Aribayos Mínguez, secretario general de CEPYME y miembro del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación
• Rosa Santos Fernández, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE y ex secretaria general de la Confederación de empresarios de Aragón. Es la encargada de encabezar, por parte de la patronal, todas las negociaciones del diálogo social en materia de empleo y pensiones.
• Mª del Carmen Alsina Arízaga, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de CEOE y ex concejala de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Gijón.

Estos 13 miembros, a diferencia de los vocales de las comisiones de control de los planes de empleo privados, sí estarán retribuidos. Deberán reunirse mensual, trimestral y anualmente para ejercer la supervisión de todos los planes del fondo; y, por acudir a dichos encuentros, cada uno de ellos recibirá una retribución básica de 3.375 euros brutos al mes en doce pagas, lo que supondrá unos pagos anuales de 40.500 euros brutos. Además, por cada reunión adicional extraordinaria a la que asistan (con un máximo de 22 anuales) cobrarán una “retribución adicional” que oscilará entre los 1.390 y 1.668, según la cuantía total gestionada. Todos estos pagos se activarán tan pronto el fondo cuente con al menos 1.500 millones de activos.

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