Amenazas empresariales fuera de lugar

Causa estupor la destemplada reacción de destacados directivos empresariales ante la propuesta de la coalición PSOE – Sumar de “readaptar y mantener” los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas una vez que expire su periodo de aplicación en 2023 y 2024. Unos gravámenes que han proporcionado unos 3.000 millones de euros a las arcas públicas, en su primer ejercicio, según indicó con lógica satisfacción la ministra de Hacienda María Jesús...

Causa estupor la destemplada reacción de destacados directivos empresariales ante la propuesta de la coalición PSOE – Sumar de “readaptar y mantener” los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas una vez que expire su periodo de aplicación en 2023 y 2024. Unos gravámenes que han proporcionado unos 3.000 millones de euros a las arcas públicas, en su primer ejercicio, según indicó con lógica satisfacción la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Los gravámenes fueron aprobados el pasado diciembre por la Ley 38 /2022, ante las expectativas de mayores beneficios de las energéticas y entidades de crédito por la subida de precios tras la invasión de Ucrania. El propósito de la norma es aumentar los recursos de la acción pública para sostener a los más desfavorecidos.

La mencionada ley justifica los gravámenes exclusivamente en los principios de la Constitución: “España se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho”; “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo (...) sean reales y efectivas” y se garantiza que el Estado podrá planificar la actividad económica para “atender las necesidades colectivas y estimular el crecimiento de la renta y su más justa distribución”, entre otros.

La realidad es que los beneficios bancarios baten récords. CaixaBank y Sabadell, por ejemplo, han ganado más en nueve meses que nunca en todo un año. La causa principal ha sido la subida de los tipos de interés que han trasladado plenamente a las hipotecas y mínimamente a la remuneración de los ahorros. Las entidades de crédito reciben además un trato privilegiado del banco central que les retribuye los depósitos al 4%, mecanismo por el que logran una tercera parte de sus beneficios. Por otra parte “el impacto anual estimado del gravamen apenas representa un 0,06% del valor de los activos de las grandes entidades de españolas”, según el Dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, de noviembre de 2022.

También han sido fabulosos los beneficios de las energéticas Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, que en 2022 aumentó sus ganancias en un 70% hasta 4.251 millones y en los nueve primeros meses de 2023 ha obtenido los segundos mejores de su historia. Beneficios que conviven con una subida de la pobreza energética, que ya alcanza al 17% de las familias, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

Resultados excelentes que revelan que ambos sectores son los más privilegiados de la sociedad española gracias en parte a una favorable regulación.

En este escenario resultan fuera de lugar los calificativos y amenazas en que están coincidiendo destacados ejecutivos empresariales. Es difícil justificar que se trata de un gravamen “ilegal, discriminatorio y anticonstitucional”, y sobre todo la amenaza de llevar las inversiones a otros países si se mantiene la contribución. Palabras que confirman el injusto desequilibrio existente entre estas empresas y sus usuarios, pues estos no pueden optar por irse del país. La Constitución es para todos.

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