Los Veintisiete acuerdan la reforma del mercado eléctrico para reducir la volatilidad en el precio de la luz

El pacto busca impulsar las energías renovables, reforzar la garantía de suministro y fomentar los contratos a largo plazo

Teresa Ribera, vicepresidenta española y ministra de Transición Energética en funciones, en la cumbre de ministros de Energía en Luxemburgo.JULIEN WARNAND (EFE)

Los Veintisiete han dado un paso muy importante este martes para tener la reforma del mercado eléctrico lista antes de que acabe el año. Los ministros de Energía han logrado consensuar una posición que abra la negociación con el Parlamento Europeo. Para lograrlo, después de casi siete meses de negociación, han tenido que lanzar algún guiño a la energía nuclear francesa y, al mismo tiempo, asegurar que esto no va a dar...

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Los Veintisiete han dado un paso muy importante este martes para tener la reforma del mercado eléctrico lista antes de que acabe el año. Los ministros de Energía han logrado consensuar una posición que abra la negociación con el Parlamento Europeo. Para lograrlo, después de casi siete meses de negociación, han tenido que lanzar algún guiño a la energía nuclear francesa y, al mismo tiempo, asegurar que esto no va a darle una ventaja a los consumidores de ese país en forma de electricidad barata, una exigencia alemana. La nueva regulación busca impulsar los contratos de suministro eléctrico a largo plazo, lo que pretende unos precios más predecibles y, por tanto, menor volatilidad. La posición ha contado con un gran respaldo en el Consejo de la UE: solo Hungría ha votado en contra.

El paso dado hoy tiene un significado doble. Por un lado, cierra una posición que se hacía de esperar desde el pasado marzo, cuando la Comisión Europea lanzó su propuesta. El Consejo ya lo intentó en junio, todavía bajo presidencia sueca. Finalmente, la fumata blanca ha llegado bajo la batuta de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, artífice del pacto. Y, además, abre ya la fase de negociación con el Parlamento sobre una regulación que quiere cerrarse antes de acabar el año. Prueba de esto último es que ya este mismo jueves hay prevista una reunión de las delegaciones del Consejo y del Parlamento para empezar la redacción final del reglamento y la directiva que componen la reforma.

Desde primera hora de la mañana, la vicepresidenta Ribera ha dejado claro que llegaba con la decidida intención de cerrar el pacto este mismo martes: “Si hace falta, nos quedaremos a cenar y a dormir, pero no contemplo la posibilidad de no llegar a un acuerdo hoy”. Una vez logrado, se ha presentado en la sala de prensa con una gran sonrisa: “Se ha logrado un respaldo casi unánime”, ha destacado, para después pasar a subrayar los objetivos que se persiguen con la reforma: “proteger mejor a los consumidores europeos, ofrecer señales a los inversores, facilitar y una estabilidad mayor en los precios y una menor dependencia de los mercados de materias primas”.

Fuera del ámbito estrictamente eléctrico, el pacto alcanzado este martes supone un paso muy importante en uno de los grandes asuntos económicos que tiene abierta la presidencia española del Consejo de la UE durante este semestre. Y lo ha hecho justo en el día en el que el otro dosier en negociaciones —la reforma de las reglas fiscales— se retrasa unas semanas sobre el calendario previsto. Ahí, las posiciones siguen lejanas.

Contratos por diferencias

El objetivo del texto que planteó la Comisión al principio era impulsar los contratos de suministro a largo plazo de electricidad, especialmente la procedente de fuentes renovables. Y buscaba, por otro lado, orillar la energía generada mediante combustibles fósiles. Con este fin, se plantea impulsar la firma de los llamados contratos por diferencias, en los que hay un precio acordado y garantizado para consumidor y suministrador. La garantía llega básicamente a través de subsidios.

En este punto ha estado la gran batalla de los últimos meses entre las dos mayores potencias europeas, Francia y Alemania. La primera buscaba que ese tipo de contratos, con los que se pretendía asegurar una rentabilidad para las plantas de generación nuevas que no recurran al combustible fósil (una manera de impulsar la inversión en energías renovables), se extendiera lo más posible a las centrales nucleares. La segunda lo rechazaba porque temía que el gran potencial francés en este sector le sirviera para reducir mucho los precios de la electricidad y diera ventaja competitiva a la industria francesa rompiendo el mercado único.

La discrepancia entre las dos mayores potencias europeas ha ocupado un punto muy importante en la agenda de ambas. De hecho, fue uno de los temas destacados que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, trataron la semana pasada en su cumbre bilateral, de la que salieron con el compromiso de alcanzar un pacto este mismo mes.

La satisfacción en París con el resultado final es máxima: “Es una triple victoria política la que hemos obtenido hoy”, ha celebrado la ministra para la Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher. “Se protege a los consumidores, se sientan las bases para una inversión masiva en energías renovables y se garantiza la preservación del activo que constituye la energía nuclear francesa”, ha destacado. “El trabajo realizado por Francia con la alianza nuclear europea, con la Comisión Europea, Alemania y con las sucesivas presidencias ha dado sus frutos”.

El punto de compromiso encontrado está en que la energía atómica podrá recurrir a estos contratos por diferencias, que cuentan con el soporte público, aunque bajo supervisión de la Comisión, que analizará el contrato bajo la regulación de las ayudas de Estado. Aunque hay un límite: solo podrá utilizarse para las instalaciones nucleares en las que se ha invertido para alargar su vida útil y aumentado su capacidad de producción y en la parte proporcional correspondiente, es decir, un criterio similar al seguido en la taxonomía que entrega la etiqueta verde a la inversión nuclear con estas características.

En este punto, es probable que haya un debate profundo con el Parlamento, pues la posición de los grupos políticos era distinta. Aquí España, como Presidencia del Consejo, tendrá que fajarse con el eurodiputado socialista español, Nicolás González Casares, que es el ponente de este dosier parlamentario.

Otros de los puntos destacados de la discusión serán la intervención parcial del mercado eléctrico cuando haya una crisis energética. En la posición del Parlamento, su declaración se convertía en automática cuando se cumplan las condiciones, algo que no contemplaba la Comisión. Además, proponía la prohibición de los cortes de la luz para los clientes vulnerables y los afectados por pobreza energética.

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