El nuevo impuesto sobre las grandes fortunas recauda 623 millones a pesar de las dudas jurídicas

El nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, aprobado el pasado diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha recaudado 623,6 millones de euros durante este año, según confirman fuentes de la administración. La mayor parte de los ingresos cosechados por este tributo, que se liquida entre el 1 y el 31 de julio de cada año por los contribuyentes con un patrimonio de más de tres millones de euros, proceden ...

El nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, aprobado el pasado diciembre por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha recaudado 623,6 millones de euros durante este año, según confirman fuentes de la administración. La mayor parte de los ingresos cosechados por este tributo, que se liquida entre el 1 y el 31 de julio de cada año por los contribuyentes con un patrimonio de más de tres millones de euros, proceden de ciudadanos de Madrid, Andalucía y Galicia, las comunidades autónomas que en la práctica habían suprimido o tenían bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio, el otro tributo que grava la riqueza en España.

El gravamen sobre las grandes fortunas es una figura tributaria polémica y que se ha enfrentado a debates jurídicos durante su tramitación. Fue creada por el Ejecutivo de Sánchez a finales del pasado año con el objetivo de costear las ayudas públicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y la crisis energética. El Ministerio de Hacienda aprovechó el hueco que dejaron algunas autonomías gobernadas por el PP, que tienen bonificado el Impuesto sobre el Patrimonio —Madrid y Andalucía al 100%, y Galicia al 50%—, para tratar de tapar esa fuga de recaudación. Algunas grandes fortunas del país se habían trasladado a Madrid para no tener que tributar por su riqueza. Para evitar esa competencia fiscal entre regiones y arañar más ingresos de los más ricos, Hacienda ha diseñado un impuesto complementario de carácter estatal, pero cuya recaudación se queda en las arcas del Estado, a diferencia del patrimonio, que también tiene un origen estatal, aunque está cedido a las comunidades.

“El nuevo tributo es complementario al impuesto del patrimonio. De esta forma, para evitar la doble imposición, lo abonado por patrimonio se descuenta de la cuota a pagar del impuesto sobre las grandes fortunas. Así se evita tributar dos veces por el mismo patrimonio y concepto. Y, al mismo tiempo, el nuevo tributo garantiza que todas las grandes riquezas contribuyan al sostenimiento del Estado de bienestar”, explicaba Hacienda en la orden ministerial en la que aprobada el modelo de declaración. Esta fija que el tipo de gravamen del impuesto es el 1,7% para los patrimonios entre tres y cinco millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre cinco millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones.

El nuevo impuesto, por tanto, solo se aplica en los territorios que bonifican patrimonio o han establecido tipos de gravamen inferiores a los que marca el nuevo tributo estatal. De hecho, el 95% de la recaudación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas procede de Madrid (555 millones), Andalucía (29,7 millones) y Galicia (9,8 millones). También hay aportaciones de contribuyentes de otras comunidades como Cataluña (2 millones); Valencia (0,2 millones) o Asturias (0,1 millones). En total, solo el 0,1% del total de contribuyentes españoles, unos 12.010 ciudadanos, han tenido que pagar el impuesto sobre la riqueza declarada en 2022. La cuota media a pagar por cada uno de ellos asciende a 52.000 euros. Se trata de contribuyentes que apenas tributaban por su riqueza porque tenían bonificado total o parcialmente el Impuesto sobre el Patrimonio. El 85% de los declarantes del nuevo impuesto está en Madrid (10.302 contribuyentes). Otras 865 personas con un patrimonio superior a los tres millones de euros residentes en Andalucía, el 7% del total, también han abonado el gravamen. En Cataluña, 322 declarantes han tenido que pagar casi dos millones porque los tipos del Impuesto sobre el Patrimonio en esa comunidad son inferiores a los estatales.

Polémica jurídica

El Gobierno había previsto que el nuevo impuesto sobre la riqueza afectara a 23.000 contribuyentes y recaudara 1.500 millones al año entre 2023 y 2024, pero el resultado ha sido más magro: 623 millones en 2023 que han abonado un total de 12.010 contribuyentes. No obstante, fuentes del ministerio explicaron ayer que la suma de la recaudación total del impuesto sobre las grandes fortunas y del impuesto de patrimonio asciende a 1.868 millones de euros en 2023. “Se trata de una cifra consecuente con las previsiones del Gobierno que apuntaron que el potencial recaudatorio del impuesto de las grandes fortunas alcanzaría los 1.500 millones, bajo el supuesto de que todas las comunidades aplicaran una bonificación del 100% en el impuesto de patrimonio”, sostiene la misma fuente.

El tributo ha sido discutido desde el principio por la oposición de las comunidades gobernadas por el PP y las dudas jurídicas tras un intento del ministerio de modificar la norma que lo regula para evitar que en Madrid, Andalucía y Galicia se pague menos por el tributo. De hecho, estas tres comunidades han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto que han sido admitidos a trámite. La controversia se avivó debido a un embrollo técnico que trató de solventar Hacienda a toda prisa, pero provocó las críticas del Consejo de Estado. Los fiscalistas consideran que el texto original permitía a los contribuyentes ricos de Madrid, Andalucía y Galicia deducirse en el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas la cuota teórica (que no pagan) del Impuesto sobre el Patrimonio. Hacienda trató de cerrar esa vía de agua en la orden ministerial con la que aprobaba el modelo tributario para liquidar el impuesto, lo que suscitó el rapapolvo del Consejo de Estado. Debido a esas dudas jurídicas, los asesores fiscales creen que se producirán cientos de reclamaciones contra el impuesto. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) considera que el nuevo tributo incurre en “vulneraciones jurídicas de calado” en su diseño. Los asesores han aconsejado a sus clientes que primero paguen el impuesto y después recurran ante la justicia, por lo que se espera una avalancha de recursos.

El nuevo impuesto sobre la riqueza tiene un carácter temporal. Se iba a aplicar solamente en 2023 y 2024, aunque Hacienda incluyó una cláusula de revisión para evaluar al finalizar su vigencia si lo mantiene o lo suprime. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deslizado en varias intervenciones su voluntad de hacer permanente el impuesto. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que si logra gobernar acabará con el nuevo tributo sobre las grandes fortunas.

El pasado febrero Montero aseguró sobre el impuesto de las grandes fortunas y los tributos sobre los beneficios extraordinarios a eléctricas y banca: “Estas figuras responden a la justicia fiscal que practica el Gobierno para promover que quienes más ganan o más beneficios tienen hagan un esfuerzo para ayudar a la mayoría social del país. Y agregó: “El modelo económico del PP lleva al desmantelamiento de los servicios públicos para asegurar que unos pocos sigan teniendo beneficios, promoviendo bonificaciones que suponen regalos fiscales en detrimento de la construcción de hospitales o colegios públicos. Ese no es nuestro modelo. Por eso, estamos seguros de que el impuesto es justo y que obedece a nuestras competencias”, dijo.

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