La OCDE amplía hasta finales de 2024 el veto a la creación de ‘tasas Google’ nacionales

La definición de una nueva arquitectura fiscal internacional avanza, pero aún no hay pleno consenso. De ahí que el veto a la creación de nuevas tasas Google se extienda un año más, al menos hasta finales de 2024. Así lo han acordado 138 países que forman parte del llamado marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la organización que lidera las negociaciones para reformar las reglas tributarias globales. El organismo ha comunicado este miércoles que los países firmantes “se comprometen a abstenerse de promulgar nuevos impuestos sobre ...

La definición de una nueva arquitectura fiscal internacional avanza, pero aún no hay pleno consenso. De ahí que el veto a la creación de nuevas tasas Google se extienda un año más, al menos hasta finales de 2024. Así lo han acordado 138 países que forman parte del llamado marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la organización que lidera las negociaciones para reformar las reglas tributarias globales. El organismo ha comunicado este miércoles que los países firmantes “se comprometen a abstenerse de promulgar nuevos impuestos sobre servicios digitales y medidas similares pertinentes” entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 —ampliable hasta finales de 2025— o la entrada en vigor del acuerdo, el Convenio Multilateral, al considerar que supondrían un obstáculo para ratificar el pacto. De esta manera, se da más margen para avanzar en las negociaciones para que las mayores multinacionales del mundo paguen más impuestos, un compromiso sellado en 2021 y definido de “acuerdo histórico”.

Entonces, tras casi ocho de años de negociaciones, más de 130 países y jurisdicciones acordaron la creación un nuevo marco fiscal que reflejara la realidad actualidad: un mundo globalizado y digitalizado, en el que ya no tiene sentido gravar los negocios solo en base a la ubicación de los establecimientos físicos de las empresas. El pacto prevé un impuesto mínimo global de sociedades de “al menos el 15%” y obligar a las 100 multinacionales más grandes del mundo a tributar una parte de sus beneficios en los países donde tienen actividad, aunque no cuenten con presencia física.

El contexto en el que se alcanzó el acuerdo era propicio. Los Gobiernos estaban tirando del gasto público para contener los estragos de la pandemia y Joe Biden, recién llegado a la Casa Blanca. Su antecesor, el republicano Donald Trump, había salido de las negociaciones —y un acuerdo sin EE UU perdería de sentido, al ser el país donde tienen sede los mayores grupos empresariales del mundo—. Las conversaciones, sin embargo, se estancaron sobre los detalles técnicos, lo que finalmente determina el alcance real de las medidas, y la OCDE fue retrasando la fecha de implantación del nuevo marco. Lo anunció el pasado verano el mismo secretario general del organismo, Mathias Cormann, en un informe dirigido a los ministros de Finanzas del G-20 en el que admitió que había un “ligero retraso”.

“El Convenio Multilateral se abrirá en la segunda mitad de 2023 y se organizará una ceremonia para su firma a finales de año, con vistas a permitir que entre en vigor en 2025, dando tiempo con ello a los procesos nacionales de consulta, legislativos y administrativos aplicables en cada jurisdicción”, señala la Declaración de Resultados publicada este miércoles por el club con sede en París. El documento señala que, si al menos “30 jurisdicciones que representen como mínimo el 60% de las entidades matrices últimas de las empresas multinacionales comprendidas en el ámbito de aplicación” firman el Convenio Multilateral antes de finales de 2023, entonces los miembros marco inclusivo se comprometen “a abstenerse de promulgar nuevos impuestos sobre servicios digitales y medidas similares pertinentes”. Sin embargo, no ha conseguido el apoyo de todos los Estados participantes. Cinco países de los 143 que forman parte del proyecto no han suscrito esta declaración: Canadá, que pretende introducir un nuevo impuesto digital a partir del 1 de enero de 2024, Bielorrusia, Rusia, Pakistán y Sri Lanka.

Por el otro lado, hay varios países, sobre todo en Europa, que ya cuentan con sus propios impuestos digitales, entre ellos España, el Reino Unido y Francia—. Fuentes del Ministerio de Hacienda afirman que la declaración, “de momento”, no afecta a la tasa Google que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021. “Lo de hoy es un paso adelante, pero todavía los países y jurisdicciones no han firmado el acuerdo final vinculante, que sería el Convenio Multilateral”, explican.

Progresos

El marco en el que trabaja la OCDE está conformado por dos patas, llamadas pilar uno y dos. La Declaración de Resultados destaca los avances logrados en el primero, el más complicado desde un punto de vista técnico, ya que pretende atribuir nuevos derechos de imposición a los países en los que las multinacionales más rentables del mundo generan negocio sin tener presencia formal en el territorio —lo que afecta en gran medida a actividades digitales—. El “segundo pilar”, más avanzado, se refiere a la creación de un suelo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. En la declaración de este miércoles, los países firmantes destacan que eso ya es una realidad, ya que”más de 50 jurisdicciones están adoptando las medidas necesarias para su implementación”.

“El Marco Inclusivo está finalizando el trabajo relativo al primer pilar y ha completado los trabajos de desarrollo de la cláusula de sujeción a imposición (CSI), así como a su marco de implementación”, destaca el documento. Si las partidas de ingresos tributan por debajo del 9% en el impuesto de sociedades en la jurisdicción de residencia, el país en el que se origina el ingreso podrá fijar un tipo adicional que será, como máximo, la diferencia entre ese 9% y el tipo nominal de sociedades de su legislación nacional. La OCDE elevó en enero en un 50% su previsión de ingresos por el impuesto mínimo a las multinacionales. Calculó, con datos de 2021, que afectará a 200.000 millones de dólares de beneficios, un importe que se traducirá en una recaudación adicional de entre 13.000 y 36.000 millones a nivel global.

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