La CNMC investiga a las filiales de distribución de varias grandes eléctricas por las trabas al autoconsumo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a cabo en los últimos días registros en las oficinas de las filiales de distribución de varias grandes eléctricas, entre ellas Endesa y Naturgy. La inspección, revelada por El Confidencial, ha sido confirmada por EL PAÍS. “Sí, es cierto que ha habido registros en las oficinas de nuestra distribuidora”, confirman fuentes de la primera. “Ha sido esta semana, no un día en concreto, y estamos colaborando con la CNMC”. ...

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a cabo en los últimos días registros en las oficinas de las filiales de distribución de varias grandes eléctricas, entre ellas Endesa y Naturgy. La inspección, revelada por El Confidencial, ha sido confirmada por EL PAÍS. “Sí, es cierto que ha habido registros en las oficinas de nuestra distribuidora”, confirman fuentes de la primera. “Ha sido esta semana, no un día en concreto, y estamos colaborando con la CNMC”. El regulador, en cambio, ha desechado hacer cualquier comentario al respecto: “No podemos confirmar ni desmentir nada por ahora”. El protocolo habitual de la CNMC es informar de estas investigaciones solo si estas resultan en la apertura de un expediente sancionador, un extremo al que todavía no se ha llegado. Un portavoz de Iberdrola, la segunda mayor distribuidora de España tras Endesa, ha negado a este diario haber sido objeto de la investigación.

Las pesquisas no solo se han producido en las sedes centrales de las empresas, sino también en otras delegaciones territoriales (el mercado de distribución está muy atomizado y las compañías actúan casi en régimen de monopolio en las distintas zonas de la geografía peninsular), según confirman fuentes del sector. Las trabas al despliegue del autoconsumo colectivo —a las que EL PAÍS dedicó un extenso reportaje hace dos semanas— serían, según estas fuentes, “uno de los asuntos clave” sobre el que ha posado su lupa el organismo que preside Cani Fernández.

A diferencia de lo que ocurre en el caso de las instalaciones individuales, cuya conexión a la red es mucho más ágil, poner paneles solares en el tejado de una comunidad de vecinos se ha convertido en un suplicio por la cantidad de trámites burocráticos y frenos por parte de las empresas de distribución, que no tienen grandes incentivos para conectarlas a la red y que, así, puedan empezar a verter sus excedentes y ser remuneradas por ello.

Otras investigaciones

Esta no es, ni mucho menos, la única investigación iniciada en los últimos tiempos por la CNMC sobre las energéticas. En abril, el ente puso en marcha toda su maquinaria de indagación sobre una treintena de comercializadoras de tamaño medio y pequeño por supuesta especulación con la excepción ibérica, el mecanismo con el que el Gobierno redujo el precio de la luz en la segunda mitad del año pasado y los primeros compases de este.

En marzo, el regulador impuso medidas a las tres mayores comercializadoras del mercado español (Endesa, Naturgy e Iberdrola) y a Holaluz tras dispararse los cambios de suministrador sin el consentimiento de los usuarios, que se cuadruplicaron en 2021. Y cuatro meses antes, en un ámbito completamente diferente, Competencia multó a los gigantes RWE (alemán) y Total (francés) por cancelar entregas de gas durante el temporal de frío y nieve de Filomena, en enero de 2021 y en las semanas siguientes.

También a finales del año pasado, Competencia abrió una investigación a las cuatro comercializadoras que ofrecen la tarifa de gas regulada —parcialmente financiada por el Gobierno y, por tanto, más reducida que los del mercado libre— para saber si ponían trabas a los clientes que querían salir del mercado libre y acogerse a este sistema. La CNMC decidió abrir el expediente informativo ante la “avalancha” de solicitudes por parte de consumidores, especialmente de comunidades de vecinos con calefacción central por gas, para cambiar a tarifas reguladas. Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies están obligadas a comercializar esa tarifa, conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR), que lleva en funcionamiento desde 2008.

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