Díaz reivindica el estatuto del becario frente al PSOE: “Quien se oponga deberá explicar por qué quiere que los jóvenes sufran precariedad”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no quiere que su mandato se emborrone en la recta final, en una campaña electoral a la que se presenta como candidata a la presidencia. Una posible tacha es que el último acuerdo que ha alcanzado con los sindicatos, ...

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no quiere que su mandato se emborrone en la recta final, en una campaña electoral a la que se presenta como candidata a la presidencia. Una posible tacha es que el último acuerdo que ha alcanzado con los sindicatos, el del estatuto del becario, no vea la luz. Otro es que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social vayan a la huelga, que empezará el lunes que viene, a solo un mes de los comicios. Y en ambos casos el PSOE desempeña un papel clave. Este lunes, tras un encuentro con ministras de Trabajo iberoamericanas en la Casa América de Madrid, Díaz ha lanzado mensajes directos a los socialistas por estos dos conflictos.

El pasado viernes, a la vez que la ministra, CC OO y UGT presentaban el pacto para mejorar las condiciones de los becarios, fuentes de La Moncloa comentaban que la norma está “verde”, mientras que fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos indicaban que le falta “trabajo técnico”. Así, desde la parte socialista del Gobierno ven muy difícil que la norma se apruebe antes de las elecciones. Además, tampoco tiene asegurados suficientes apoyos parlamentarios fuera del Ejecutivo. Díaz, que no comentó este rechazo socialista el viernes porque en el acto de presentación no hubo preguntas, sí ha hablado de ello este lunes: “Quien se oponga a la aprobación del estatuto del becario deberá explicar a nuestro país por qué quiere que los jóvenes y las jóvenes en España continúen con fórmulas de precariedad laboral. Desde luego no me van a encontrar ahí y soy clarísima”.

Además, ha defendido que “el diálogo social es garantía de legitimación social”. A este respecto, desde la parte socialista del Ejecutivo se critica el rechazo de la patronal, que aunque participó en las negociaciones no suscribe el acuerdo, y de los rectores universitarios. Sí cuenta con el respaldo de las centrales sindicales y de los principales colectivos de estudiantes. “Soy clara, es una negociación de 15 meses y hay que respetar el diálogo social. Era un mandato que tenía la reforma laboral en su disposición adicional segunda. Y hemos hecho una negociación concreta sobre esa materia justo por la enorme complejidad que tenía”, ha añadido.

Las principales novedades que introduce el nuevo texto son la limitación a un máximo de 480 horas de las prácticas extracurriculares (figura en la que se concentra el fraude, al no estar directamente vinculadas con la formación), la obligación de las empresas de cubrir los gastos del estudiante y un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.018 euros.

Responsabilidad

Por otro lado, Díaz ha vuelto a insistir en que la responsabilidad de que no se desbloqueen las mejoras comprometidas con la plantilla de Inspección de Trabajo es de Función Pública, departamento que dirige la socialista María Jesús Montero. “Creo que no hay ninguna razón para que no se cumpla por parte del Gobierno de España con el plan estratégico de la Inspección de Trabajo. Saben ustedes que esto está en el negociado de Función Pública y, por tanto, quedo pendiente de que resuelvan este problema”, ha comentado Díaz, que ha reivindicado el papel de los inspectores: “La Inspección de Trabajo es vital en una democracia, es la garante del empleo de calidad y, por lo tanto, imprescindible. No hay excusa, hay que cumplir”. Si no hay una solución, desde el lunes 26 de junio los trabajadores irán a una huelga indefinida. La semana pasada subieron los decibelios con la paralización de varias campañas de inspección.

Los trabajadores apuntan a dos parcelas del Gobierno como responsables: al Ministerio de Trabajo y al de Hacienda y Función Pública. Cargan contra los primeros porque son los que alcanzaron el acuerdo que de momento no se cumple y contra los segundos por no dar luz verde a su aplicación. Por ello, la plantilla pide la dimisión tanto de Díaz como de Montero. Justo antes de las elecciones del 28-M, fuentes de Trabajo expresaron su malestar con Función Pública por no desbloquear el acuerdo y se quejaron de que mejoras parecidas sí se han materializado en ministerios socialistas. Fuentes de Función Pública contestaron que trasladaron a Trabajo una propuesta que incrementa la plantilla de Inspección, pero no convence ni a los trabajadores ni al departamento de Díaz.

Tres fines

El compromiso del Gobierno era aprobar la relación de puestos de trabajo (RPT) acordada hace dos años. Pero, según explican los sindicatos, Función Pública rechaza esta posibilidad a corto plazo. Esa RPT establece tres fines principales: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones laborales y aumentar la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto, que implicaría un refuerzo de casi 1.000 plazas más. Inspección cuenta actualmente con unos 3.100 trabajadores y necesitaría, según los sindicatos, al menos 4.500 para operar correctamente. Para sostener esta postura resaltan que en España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000.

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