La jubilación parcial: la siguiente demanda laboral tras la subida salarial postergada después del 23-J

El acuerdo de subidas salariales para los próximos tres años que sindicatos y patronales firmaron a principios de mes —un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025, más un 1% adicional en cada ejercicio si la inflación es mayor— contempla también una serie de recomendaciones alrededor de ...

El acuerdo de subidas salariales para los próximos tres años que sindicatos y patronales firmaron a principios de mes —un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y 2025, más un 1% adicional en cada ejercicio si la inflación es mayor— contempla también una serie de recomendaciones alrededor de otros factores relacionados con el empleo (inteligencia artificial, flexibilidad laboral, teletrabajo), y abre la puerta a reconfigurar las distintas fórmulas de abandono progresivo del trabajo que existen actualmente. Es el caso de la jubilación parcial, un modelo de retiro en el que el trabajador compatibiliza salario y pensión, y que en los últimos años ha ido perdiendo fuelle: mientras que en 2018 se acogieron a esta modalidad 35.000 personas, hasta mediados de 2022 apenas lo hicieron 14.000. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales en julio aparcan esta reforma, que el Ejecutivo se había comprometido a afrontar.

“La jubilación parcial y el contrato de relevo deben seguir siendo un instrumento adecuado para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas”, señala el documento de los agentes sociales, que recoge la necesidad de potenciar fórmulas de jubilación gradual y flexible desde los convenios, con el objetivo de “facilitar el tránsito desde la vida activa al retiro laboral”.

La jubilación parcial —que también contemplan países como Alemania, Francia y Reino Unido—, fue uno de los pocos elementos que no se modificó en la reciente reforma de las pensiones por falta de acuerdo de los agentes sociales, y que se decidió orillar con vistas a una revisión posterior. De ahí que el Gobierno comprometiese a presentar antes del 30 de junio ante el Pacto de Toledo una nueva propuesta de regulación negociada previamente con sindicatos y patronales. Sin embargo, la convocatoria de elecciones anula esta previsión.

Mientras que desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desean que el nuevo planteamiento regulatorio permita “flexibilizar” esta fórmula, para que pueda tener un despliegue mayor y sirva para fomentar una transición generacional en la que no se produzca “una pérdida de conocimiento”; los sindicatos esperan que la futura regulación retorne al marco establecido por el PSOE en 2011. Entonces, entre otros aspectos, se concibió que los trabajadores pudieran acceder a esta vía hasta cuatro años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, en 2013 el Partido Popular aprobó una reducción progresiva de este margen hasta los dos años, que sigue vigente en todos los sectores, salvo en el manufacturero, y dentro de él, particularmente en el del automóvil.

Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, señala que la mayoría de las jubilaciones parciales que se están produciendo en los últimos años —entre un 9% y un 10% del total, según los cálculos de su sindicato—, son de otros sectores, de ahí que su extensión “a nivel general” sea necesaria. Bravo reclama también que esta figura sea desarrollada en el sector público, donde, a pesar de haberse eliminado su prohibición, no se ha definido convenientemente “para que se convierta en derecho”; y que se conciba como una salida para empleos “penosos”, en los que la salud de la persona está en peligro, como en el caso de aquellas que trabajan con materiales tóxicos.

Gasto exponencial

El debate principal alrededor de un modelo de retiro que sirve, al mismo tiempo, para dar salida (sin despidos) y entrada al mercado de trabajo a trabajadores veteranos y jóvenes, está en los costes que supone para todas las partes su aplicación. La jubilación parcial contempla que, en algunos casos determinados, un empleado pueda reducir su jornada de trabajo hasta en un 75%. Sin embargo, su base de cotización —lo que la empresa paga por él a la Seguridad Social—, no se verá recortada en la misma proporción. Esto es, aunque trabaje solo una tercera parte del tiempo, cotizará un porcentaje respecto de su jornada completa previa. Y es este porcentaje que se aplica a la base de cotización el que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos diez años: en 2013 empezó siendo del 50%, y en 2023 se ha establecido en el 100%.

Por lo tanto, hoy, cualquier empleado que se acoja a esta fórmula, independientemente del tiempo que reduzca su jornada, cotizará igual que si trabajase las mismas horas que antes; y cobrará el salario correspondiente a su nuevo horario y la parte proporcional de su pensión acorde al tiempo de descanso. “Es un factor clave que desincentiva su uso”, analiza Pablo Mallada, abogado del departamento laboral de Lener Asesores. “Puesto que la empresa estaría cotizando por este trabajador mucho más que por otro empleado que estuviera realizando esa misma jornada a tiempo parcial”, añade.

Sin embargo, que los ingresos por cotizaciones sociales a la Seguridad Social de estos trabajadores no se vean recortados, aunque se reduzca su tiempo de trabajo, también supone que sus pensiones se mantengan estables, puesto que su base de cotización —el elemento principal a la hora de calcular el importe de la pensión— no se reduce en los últimos años de trayectoria, determinantes para calcular la cuantía final. “El aumento del coste diferencial entre cotizaciones y pensiones fue lo que llevó a que estableciera este aumento de los porcentajes de cotización para incrementar los ingresos públicos y corregirlo”, señala Bravo.

La reforma de las pensiones, negociada en dos partes y que finalmente no contó con el apoyo de los empresarios, es uno de los compromisos que adquirió el Gobierno con la Unión Europea, y cuya línea argumental defiende un retraso progresivo de la edad de jubilación. Un planteamiento que condiciona el reajuste de la modalidad parcial y compromete el desarrollo del diálogo social.

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