Boadilla del Monte es el municipio donde se pagan menos impuestos; Reus, el que más

Boadilla del Monte (Madrid), uno de los municipios con mayor renta per cápita de España, es también la localidad donde se pagan menos impuestos municipales. Le siguen Majadahonda, también en la Comunidad de Madrid, Arrecife (Las Palmas) y Las Rozas de Madrid. En el otro extremo están Reus, Girona y Sanlúcar de Barrameda, según el estudio La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas que ha presen...

Boadilla del Monte (Madrid), uno de los municipios con mayor renta per cápita de España, es también la localidad donde se pagan menos impuestos municipales. Le siguen Majadahonda, también en la Comunidad de Madrid, Arrecife (Las Palmas) y Las Rozas de Madrid. En el otro extremo están Reus, Girona y Sanlúcar de Barrameda, según el estudio La competitividad fiscal de las entidades locales y de las comunidades autónomas que ha presentado este jueves el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE.

El organismo ha analizado el comportamiento de los principales tributos municipales, sobre los que los consistorios tienen cierta capacidad normativa para subirlos o bajarlos. Con ellos recaudan cerca de 25.000 millones de euros al año; tres cuartas partes por el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Las otras figuras que más aportan a los ingresos municipales son el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la plusvalía municipal, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el tributo sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). A estos gravámenes se suman las tasas y cánones, que suponen cerca del 10% del dinero que entra en las arcas locales.

Partiendo de la media ponderada de recaudación de cada impuesto, el IEE ha construido un índice de competitividad que compara la carga tributaria que recae sobre los ciudadanos de los 141 municipios con más de 50.000 habitantes, que suman cerca de la mitad de la población del país. En el top ten de la competitividad fiscal, además de los cuatro Ayuntamientos arriba mencionados, aparecen Mijas (Málaga), Sagunto (Valencia), Dos Hermanas (Sevilla), Alcobendas (Madrid), Ourense y Getafe (Madrid). En el lado contrario, además de Reus, Girona y Sanlúcar de Barrameda, están Lleida, Tarragona, Gandía (Valencia), La Línea de la Concepción (Cádiz), Elda (Alicante), Alcoy (Alicante) y Granollers (Barcelona). Entre las grandes ciudades, destacan en lo más alto Madrid, Zaragoza y Málaga, mientras que Barcelona, Sevilla y Valencia figuran a la cola.

Boadilla del Monte, Santander, Alcobendas y Las Rozas de Madrid, Arrecife, Dos Hermanas, Torrevieja (Alicante) y Leganés presentaron la mayor competitividad en IBI; Reus y Girona, por contra, casi doblaron el tipo medio nacional en este impuesto. Pinto (Madrid), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Melilla, Santa Cruz de Tenerife, Boadilla del Monte y Majadahonda, por su parte, aplicaron las menores cuotas permitidas en el IVTM, frente a 45 consistorios que aplicaron las máximas. En cuanto a la plusvalía, las más competitivas son Arrecife y Aranjuez, mientras que Guadalajara, Collado Villalba (Madrid) y San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) están el otro extremo.

En la imposición fiscal sobre la actividad empresarial, en cambio, es más difícil encontrar rebajas de tipos. Hasta 30 municipios preveían en 2022 el coeficiente máximo en el IAE, entre ellos Barcelona, Madrid y Valencia. Jaén, Ávila, Boadilla del Monte y Talavera de la Reina (Toledo) aplicaron los menores. Más aún fueron las localidades que usaron el tipo máximo permitido para el ICIO: 80 Ayuntamientos, incluida la mayor parte de grandes ciudades.

Gregorio Izquierdo, director del IEE, ha subrayado que los consistorios suelen ejercer más su capacidad normativa en gravámenes sobre las personas físicas, como el IBI, mientras que la reducción de la carga fiscal sobre la actividad empresarial “es muy escasa, casi testimonial”. “Pero hay una heterogeneidad muy fuerte”, ha matizado en la presentación del informe. Madrid es la comunidad más rica de España, un resultado al que ha llegado también gracias al efecto capitalidad del que se beneficia: es donde tienen sede el Gobierno, los ministerios, las grandes empresas públicas y muchas de las mayores compañías privadas y sus profesionales, que tienen rentas elevadas y, por tanto, una capacidad de consumo superior a la media.

Capacidad normativa en el IRPF

En el caso de las comunidades y de los impuestos que gestionan, Madrid, País Vasco y Canarias destacan como las autonomías con mejor competitividad fiscal, mientras que Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón ocupan las últimas posiciones. En este caso, los tributos que se tienen en cuenta son el IRPF —las regiones han exprimido su capacidad normativa sobre el tramo autonómico—, el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). “Madrid es la comunidad que menos presión fiscal tiene, pese a ser la que más recauda. Los mayores tipos no siempre llevan a mayor recaudación”, ha subrayado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE. El efecto capitalidad, sin embargo, también explica una parte importante de esa mayor entrada de dinero en las arcas públicas madrileñas.

Raquel Jurado, del Consejo General de Economistas, ha destacado que una de las principales novedades de 2023 es la deflactación de la tarifa del IRPF en muchos territorios, aunque con fórmulas distintas. También ha subrayado que los Gobiernos regionales hacen un uso muy intensivo de sus competencias, con 958 cambios normativos en el último año. “Pero los beneficios reales son pequeños”, ha asegurado.

El informe concluye que las regiones con mejores puntuaciones para en el índice de competitividad fiscal también están mejor paradas, en promedio, en el Indicador de Competitividad Regional. “Por último, los indicadores analizados muestran que aquellas regiones que ofrecen unos marcos fiscales más atractivos son capaces de atraer empresas aumentando la oferta de empleo de una región e incrementando la competencia por los trabajadores más cualificados”, señala el documento.

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