Bruselas exigirá a los países que rebajen la deuda pública cada año para cumplir con los planes de ajuste

Bruselas ya tiene redactas las nuevas normas fiscales. Habrá planes plurianuales de ajustes individualizados por país, de entre cuatro y siete años, que los Estados propondrán a la Comisión Europea y después negociarán entre ambas partes. ...

Bruselas ya tiene redactas las nuevas normas fiscales. Habrá planes plurianuales de ajustes individualizados por país, de entre cuatro y siete años, que los Estados propondrán a la Comisión Europea y después negociarán entre ambas partes. Incluso podrán revisarse después de cada convocatoria electoral y con los cambios de Gobierno que estas provoquen. Pero hay límites. Los ajustes deberán repartirse durante todo el periodo. No cabrá el truco de concentrarlos al final o al principio del periodo con fines electoralistas, apuntan fuentes comunitarias, sobre la propuesta que el Ejecutivo bruselense está acabando estos días y previsiblemente hará pública este miércoles.

Fuentes conocedoras de esta redacción apuntan que Bruselas no fijará en ella un objetivo numérico de reducción de deuda cada año. Esto quiere decir que el Ejecutivo comunitario no habría asumido todo el planteamiento que hace un par de semanas le hizo el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, que reclamaba, al menos, un recorte anual del 1% en el volumen de deuda para cada país, sea cual sea su punto de partida. No obstante, sí habría aceptado exigir a los países que se comprometan a reducir su deuda cada año.

La reforma de las normas que rigen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento entra en su recta final. Esta semana, si no media un cambio de última hora, la Comisión Europea lanzará los textos legales que pasarán a negociar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE y deberán tener lista antes de acabar el año. Los ministros de Economía y Finanzas, el Ecofin, aprobaron en marzo las conclusiones que han servido de base para la redacción de la reforma. Esta deja intactos los grandes números de ese pacto de estabilidad, que se aprobó en 1992: el déficit anual de las cuentas públicas no debe superar una cantidad equivalente a un 3% del producto interior bruto (PIB) del país y la deuda tiene que ser del 60% del PIB o menos. Sin embargo, Bruselas quiere cambiar los mecanismos para llegar a ambos dígitos, especialmente, en lo que toca al endeudamiento.

Las tres crisis sistémicas de los últimos 15 años han dejado a los Estados con un volumen ingente de deuda. En la zona euro, al cierre de 2022 era del 91,5% y en países como Grecia, Italia, Portugal, España, Francia o Bélgica ese porcentaje es bastante mayor. Para llegar al 60%, según las reglas vigentes (aunque suspendidas desde que estalló la pandemia), deberían reducirlo a un ritmo de un veinteavo al año hasta dejarlo en ese listón. Esto exigiría ajustes de tal calibre que, en circunstancias normales, provocaría una profunda recesión a bastantes Estados.

La propuesta que viene hilvanando la Comisión desde que en noviembre pasado lanzó un documento con sus ideas mezcla varias ideas. Pretende, en primer lugar, que haya una rebaja de deuda, especialmente en los países más endeudados. Aunque, al mismo tiempo, asume la imposibilidad de que todos lo hagan al mismo ritmo sea cual sea su punto de partida, de ahí que propusiera planes de cuatro años que cada Estado negociaría con la Comisión en los que se fijaría objetivos de consolidación fiscal a medio plazo para que en un futuro más lejano e indeterminado se alcance ese 60%. Esas sendas cuatrienales serían ampliables a siete si el país concernido se compromete a hacer reformas e inversiones que impulsen su crecimiento económico, una herramienta inspiradas en los planes de recuperación de la covid-19.

Reticencias de Berlín

Además de estas ideas básicas, Bruselas también defendía la inclusión de sanciones económicas para las capitales que incumplieran sus compromisos. Sobre el papel, esos castigos serían menos elevados que los vigentes actualmente, pero eso, precisamente, los convertiría en aplicables. Las sanciones contempladas ahora nunca se han impuesto. Su mecanismo se llegó a poner en marcha con España y Portugal, pero finalmente la multa impuesta fue de cero euros. Fuentes comunitarias apuntan que tanto esta idea como la de buscar acomodo a las ingentes necesidades de inversión pública para la doble transición digital y verde están recogidas en las propuestas legales.

Aquel documento de la Comisión se debatió en el Ecofin. En este foro se vio la distancia que hay entre los países más endeudados y los que menos, con Alemania a la cabeza. Berlín no ve claro que los planes individualizados no cuenten, al menos, con unos objetivos numéricos comunes para todos los Estados miembro. También teme que la negociación de la senda de ajustes se convierta en un apaño entre Bruselas y la capital de turno y, por eso, incide constantemente en la “transparencia” y el enfoque multilateral que deben tener los planes. Su ministro de Finanzas fue el más reticente a la hora de aprobar en marzo las conclusiones del Ecofin que han dado pie a la fase actual y, de hecho, exigió al Ejecutivo comunitario que escuchara a los Gobiernos nacionales al ultimar las propuestas legales. Por eso, preparó un documento en el que exigía esa rebaja mínima anual del 1% para los países más endeudados más una regla que pusiera límites al incremento de gasto.

En los últimos días, apuntan varias fuentes al tanto de cómo se han estado elaborando los documentos, los gabinetes del vicepresidente responsable del área económica, Valdis Dombrovskis, y del comisario de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni, han tratado de encajar todas sus piezas e, incluso, han tenido que rehacer los modelos económicos sobre los que preparaban su propuesta. Cómo encajar o, al menos, atender algo las peticiones alemanas habría llevado más trabajo. En esto también habría tenido un papel destacado el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

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