Bruselas permitirá revisar los ajustes fiscales tras cada cita electoral

Los resultados electorales tendrán consecuencias sobre los planes de ajuste fiscal individuales de los países de la UE. “Los planes podrían alinearse, previa solicitud, con el ciclo electoral nacional, revisarse con la llegada de nuevos gobiernos y actualizarse en circunstancias objetivas, manteniendo al mismo tiempo la ambición del ajuste fiscal”. Así reza el borrador de conclusiones sobre la reforma en marcha del Pacto de Estab...

Los resultados electorales tendrán consecuencias sobre los planes de ajuste fiscal individuales de los países de la UE. “Los planes podrían alinearse, previa solicitud, con el ciclo electoral nacional, revisarse con la llegada de nuevos gobiernos y actualizarse en circunstancias objetivas, manteniendo al mismo tiempo la ambición del ajuste fiscal”. Así reza el borrador de conclusiones sobre la reforma en marcha del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que los ministros de Finanzas de los Estados miembros analizarán el 14 de marzo.

La Comisión Europea se abre, de ese modo, a que un Ejecutivo salido de las urnas pueda renegociar la senda de ajuste pactada por el anterior o bien plantear medidas distintas para alcanzarla. El documento, de poco más de cuatro páginas, añade que las normas que prepare la Comisión Europea deberán tener en cuenta el gasto en defensa, así como la inversión en transición digital y medioambiental.

El fantasma del rescate griego en la década pasada y alguno de sus múltiples capítulos, como la llegada al poder de Alexis Tsipras y el choque con las instituciones comunitarias en 2015, parece estar presente en la revisión de las reglas fiscales. Las lecciones extraídas en aquellos años, cuando parecía que el edificio del euro se desmoronaba con cada rescate (Irlanda, Portugal, España y Chipre, además de la propia Grecia), han pesado en esta revisión. Se ve en el planteamiento inicial que hizo la Comisión Europea, que propuso que fueran los gobiernos quienes diseñaran las sendas de ajuste, partiendo de las premisas que marcara Bruselas para después negociar con ella su forma definitiva. Y se ve explícitamente en este borrador que probablemente se convertirá en conclusiones definitivas el próximo martes: “El marco debe tener en cuenta la necesidad de permitir que el proceso democrático de los Estados miembros configure sus políticas económicas”.

Aunque no hay detalles sobre esta última frase ni la que da pie a ese “alineamiento con el ciclo electoral” ―habrá que esperar a que se conozca el detalle de los textos legales, previsiblemente en abril― el borrador abre la puerta a que cuando un nuevo Gobierno llegue al poder podrá plantear a Bruselas la renegociación de la senda de ajuste pactada por el anterior. Por ejemplo, podría ofertar un cambio en el ritmo de rebaja de deuda —incluso concentrándola en los primeros años de la legislatura— o subir impuestos en lugar de bajarlos, si ese hubiera sido el compromiso previo, para poder aumentar el gasto.

El Ejecutivo presentó sus ideas sobre la reforma de las reglas fiscales en noviembre. Sus líneas básicas pasaban por la creación de sendas de ajuste fiscal individualizadas por país según la situación de sus finanzas públicas. Esos caminos hechos a medida deberían señalar objetivos intermedios de ajuste de deuda y durarían cuatro años, con la posibilidad de llegar hasta siete si el Estado concernido se comprometía a hacer una serie de reformas e inversiones (un modelo inspirado en el fondo de recuperación Next Generation EU).

La meta a largo plazo seguiría siendo ese volumen del 60% de deuda pública sobre el PIB —también el 3% de déficit—, pero ya no se impondría a todos el objetivo irreal de rebajar todos los pasivos que superaran ese porcentaje al ritmo de un veinteavo al año fuera cual fuera su endeudamiento total. En resumen: la intención sería reducir la montaña inmensa de deuda que ha acumulado Europa durante la crisis del euro y la pandemia sin obligar a recortes draconianos que llevaran a recesiones duras.

La idea del Ejecutivo comunitario ha sido la base del debate que han mantenido los Estados miembros, y su resultado no ha cambiado la esencia: “Se reconoce la necesidad de tener en cuenta la posición de partida de los Estados miembros y sus perspectivas, también sus características económicas, en sendas fiscales diferenciadas”, señala el borrador. También se demanda que las nuevas reglas fiscales hagan hueco “a los retos de las inversiones públicas para la transición digital y verde” y para el gasto en defensa, como pretendían en Bruselas. Y, además, de nuevo en línea con la Comisión, se piden multas menos cuantiosas para los incumplidores que las previstas actualmente, pero una aplicación “más eficaz”. Nunca hasta ahora se ha castigado a un país por infringir la norma.

Para llegar a este texto, en el que también se plasman algunos desacuerdos, las negociaciones se intensificaron tras la reunión del Ecofin, el órgano que agrupa a todos los ministros de Finanzas de la UE, el 14 de febrero. A las pocas horas, ya había un borrador sobre la mesa. El texto ha ido cambiando hasta llegar al pactado a finales de la semana pasada. El resultado son unas líneas generales, sin bajar al detalle, que una vez se aprueben en el Ecofin, probablemente el próximo martes, darán luz verde a la Comisión para redactar las normas legales de la reforma. Esto último es de suma importancia para el Ejecutivo comunitario, ya que su intención es presentarlas en abril, quedando así un año de legislatura para que el Consejo de la UE —otra vez los Estados miembros— y la Eurocámara den forma definitiva a las leyes.

Guiños a Alemania

Aquel primer borrador que la presidencia rotatoria sueca redactó a mitad de febrero ya mostraba la clara intención de atraer a Alemania al debate. El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, había declarado que el planteamiento de Bruselas no conducía a “una senda fiable de reducción de deuda”. Para ganárselo, los escandinavos hablaban explícitamente de “un esfuerzo presupuestario mínimo” en cada senda de ajuste.

Las palabras han cambiado. Ahora se dice que se “debería garantizar un esfuerzo fiscal para situar la deuda en una senda suficientemente decreciente o mantenerla en niveles prudentes, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas y promoviendo las reformas y la inversión pública”. Así puede leerse en la redacción consensuada en el Comité Económico y Financiero de la UE, que agrupa los números dos de cada Ministerio de Finanzas y a la Comisión Europea, más el BCE, que acude de oyente.

“Deberían estudiarse disposiciones comunes de salvaguarda que garanticen una reducción suficiente de la deuda y eviten la concentración de los esfuerzos fiscales”, subraya también el escrito. Estas últimas palabras —como el alineamiento de sendas de ajuste y ciclos electorales— han sido uno de los puntos que más debates han provocado, apuntan varias fuentes comunitarias. Berlín, con el respaldo de Copenhague, ha presionado por una redacción más exigente en la que se hablara abiertamente de una “referencia numérica común” para la rebaja de deuda.

Madrid, París, Roma y Lisboa han puesto pie en pared: temen que eso induzca a unos objetivos numéricos iguales a todos, independientemente de su punto de partida. Es decir, algo similar a lo que hay ahora y que no se aplica por irreal, que pasa por rebajar toda la deuda pública que supere el 60% del PIB al ritmo de ese veinteavo al año. Al final, la “referencia numérica común” se ha caído del texto, pero la redacción deja claro que se abordará más adelante porque ”son necesarias más aclaraciones y debates” que pongan negro sobre blanco “referencias cuantitativas comunes”.

No es la única cuestión que se deja abierta en este texto, por otra parte, bastante genérico. El propio documento admite que deben concretarse los requisitos bajo los que se considerará que un país tiene un problema de deuda bajo (los que superen en 60% entrarán automáticamente en el otro grupo); la definición del gasto agregado (en la comunicación inicial de la Comisión se planteaba dejar fuera los estabilizadores automáticos, como el desempleo) o el papel de las recomendaciones específicas por país que emite Bruselas cada primavera.

El Ejecutivo comunitario no ha recibido el visto bueno a todos sus planteamientos, por ejemplo, la posibilidad de aumentar el papel de las Autoridades Fiscales de cada país en el diseño de los planes nacionales de ajuste está rechazada con claridad. Y, en cambio, se reclama más papel para el Consejo Fiscal Europeo “en el marco de la gobernanza económica”, una petición en la que puede intuirse la paternidad de Berlín, que no se fía de la Comisión en el campo fiscal y busca estrecharle el margen de actuación en todo momento.

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