“No vamos a tolerar que pongáis en cuestión la seguridad jurídica en España”

Nadie recuerda un enfrentamiento directo de este calibre entre un presidente del Gobierno y uno de los tres hombres más ricos de país, Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial. Ni siquiera en tiempos de José María Ruiz Mateos, con Rumasa intervenida, el choque fue tan directo con el presidente. De hecho, él se enfrentaba al ministro de Hacienda, Miguel Boyer.

Pedro Sánche...

Nadie recuerda un enfrentamiento directo de este calibre entre un presidente del Gobierno y uno de los tres hombres más ricos de país, Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial. Ni siquiera en tiempos de José María Ruiz Mateos, con Rumasa intervenida, el choque fue tan directo con el presidente. De hecho, él se enfrentaba al ministro de Hacienda, Miguel Boyer.

Pedro Sánchez dio una orden muy clara este miércoles por la mañana: “esto no puede quedar así”. Habló con Nadia Calviño, vicepresidenta económica, que el día anterior no había podido contactar con Del Pino, y le dio una instrucción firme: hay que dejar claro al presidente de Ferrovial que esto es inaceptable. Que esta decisión golpea la imagen de España y, sobre todo, que el Gobierno no puede tolerar que una empresa que ha crecido con contratos públicos ahora ponga en cuestión la seguridad jurídica de su país, precisamente en un momento en el que se está multiplicando la inversión extranjera.

En la tarde del martes, con la decisión ya tomada e irreversible, Del Pino intentó hablar con Calviño y con Sánchez. El presidente del Gobierno no contestó —todo indica que ya nunca lo hará— y Calviño lo intentó, pero no se pudo concretar la conversación. Al día siguiente, con las portadas de los diarios encima de la mesa y la oposición atacando duro al Gobierno, el ambiente era mucho más tenso.

Calviño llamó entonces a Del Pino a primera hora de la mañana, alrededor de las 9.30. Por entonces, algunos ministros como María Jesús Montero o Luis Planas lanzaban críticas, pero de forma muy suave comparado con lo que vendría después. Mientras ellos intervenían ante los medios, Calviño ya estaba hablando con enorme dureza, según coinciden fuentes del Gobierno y de la empresa, con Del Pino.

El mensaje que repitieron tanto Calviño como otros miembros del Ejecutivo que hablarían después con Del Pino o con su consejero delegado, Ignacio Madridejos, fue rotundo:

—No vamos a tolerar que pongáis en duda la seguridad jurídica en España. Y menos cuando estamos recibiendo más inversión extranjera que nunca.

Lo que más indignó a La Moncloa y en especial al propio Sánchez, que fue quien lideró la ofensiva desde el primer momento y el que utilizaría después las palabras más duras —”hay muchos empresarios comprometidos con su país, no es el caso de Del Pino”— fue, además de las formas —Ferrovial nunca avisó al Gobierno— la nota pública en la que utilizaban como argumento del traslado el “marco jurídico estable” en Países Bajos. La oposición utilizó rápidamente esta parte para culpar a Sánchez de la salida de Ferrovial.

Del Pino habló con Calviño, con María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y se fue a visitar a sus despachos a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Su consejero delegado también se puso en contacto con Manuel de la Rocha, máximo asesor económico de Sánchez, que le acompañaba en la minigira europea desde la que lanzó los dardos más duros. Y de todos recibieron un mensaje parecido, con distintos tonos y focos.

Según varias fuentes del Gobierno, Del Pino insistió en que no se iba por cuestiones fiscales —aunque es imposible negar que esto era un motivo importante, dado que se debatió entre tres plazas con fiscalidades muy bajas, como Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos— y negó que estuviera poniendo en cuestión la seguridad jurídica en España.

—Esto es inaceptable. Tenéis que dejar claro que no ponéis en cuestión la seguridad jurídica en España. Sabéis que no hay ninguna inseguridad jurídica. Están viniendo muchos inversores internacionales. Tenéis que aclararlo. Es lo mínimo que podéis hacer por el país, le llegó a decir la ministra de Fomento, el ministerio que durante decenios, desde el franquismo, ha sido el gran cliente de Ferrovial, el que la hizo crecer con la obra pública. Solo desde que Sánchez está en La Moncloa, a mediados de 2018, las empresas del conglomerado de Fomento han adjudicado contratos por más de 1.000 millones a Ferrovial.

— Es una decisión puramente empresarial. Por supuesto que no ponemos en duda la seguridad jurídica en España, ministra. No hemos querido insinuar eso. Lo vamos a dejar claro, se comprometió Del Pino. Pero luego no hubo ninguna nota que desmintiera o matizara la primera.

Frenar o dificultar la marcha de Ferrovial

Desde ese momento, el Gobierno ha puesto en marcha toda su maquinaria en varios frentes. Primero, el jurídico, para ver si hay algo que se pueda hacer para frenar o al menos dificultar la decisión. Del Pino les explicó a todos los ministros que no hay marcha atrás posible. Y fuentes del Gobierno admiten que es muy difícil pararlo dentro del mercado único europeo. Pero todas las medidas posibles están en estudio.

El segundo frente, el que parece más avanzado, es el de garantizar que ninguna otra multinacional siga los pasos de Ferrovial. Todo el equipo económico del Gobierno ha movido estos días sus contactos empresariales y nada hace pensar que ninguna otra siga este mismo camino.

Parece un caso excepcional que en La Moncloa atribuyen a la especificidad de la empresa, pero también al propio Del Pino, al que atribuyen un escaso compromiso con el país por el uso de mecanismos para eludir impuestos, señalan fuentes del Ejecutivo. Además, ven un componente político, por la cercanía del empresario al mundo conservador. Él reprochó en algunas de las conversaciones de estos días que Sánchez había sido crítico con el mundo empresarial.

Y la tercera pata es la ideológica. Sánchez ha optado por una crítica directa a Del Pino, algo muy inusual, pero también por plantear un debate de fondo sobre la fiscalidad en España y en Europa. De hecho, el presidente estuvo hablando de este asunto con la finlandesa Sanna Marin, que le preguntó al ver que la rueda de prensa en Helsinki que ambos ofrecieron quedaba monopolizada por la cuestión de Ferrovial, y ambos coincidieron en que la Unión Europea tiene que hacer algo para evitar que Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos se disputen con impuestos más bajos las sedes de las multinacionales europeas y de las tecnológicas de EE UU para vender en el Viejo Continente. Es una competencia a la baja que perjudica a todos, creen en La Moncloa.

Esta es otra de las cuestiones clave de esta polémica. Sánchez ha aprovechado algo que objetivamente es una mala noticia para el Gobierno —la salida de una gran multinacional de España— para llevarla a su terreno de la disputa ideológica sobre la fiscalidad justa y el modelo económico progresista para salir de la crisis, uno de los ejes de su discurso en este año electoral frente al PP.

Desde Davos

El presidente ya arrancó con esta idea en Davos, en un discurso que tuvo mucho recorrido en las redes sociales, cuando les dijo a los grandes ejecutivos de las multinacionales —Del Pino no estaba en primera fila escuchándole, pero sí otros del Ibex 35 español— que ellos y sus empresas deben pagar más impuestos. “No podemos pedirles sacrificios a los trabajadores cuando hay grandes empresas que pagan cero euros de impuestos gracias a los paraísos fiscales y vacíos legales. Ustedes saben que el sistema no es justo, y que es hora de cambiarlo”, clamó.

Desde Helsinki, Sánchez fue directo contra Del Pino, al que el Gobierno atribuye también motivaciones personales, porque podrá eludir más impuestos sobre su fortuna de 3.800 millones de euros si traslada su residencia fiscal a Países Bajos. “La patria no es solo hacer patrimonio”, clamó el presidente. La familia Del Pino se reivindica como patriota y esta idea está en el corazón de la Fundación Del Pino, en cuyo patronato ocupa un lugar destacado Carlos Espinosa de los Monteros, padre de Iván, uno de los dirigentes clave de Vox, y ex alto cargo con Mariano Rajoy como responsable de Marca España.

Pero sobre todo, Sánchez quiso lanzar un mensaje político: “nosotros apostamos por competir como Finlandía o Dinamarca, con fuertes Estados del bienestar, educación pública, sanidad pública, y mucho desarrollo tecnológico. Queremos competir en calidad y no en precariedad. Y para eso necesitamos justicia fiscal: los que tienen más tienen que pagar más impuestos. Este es el debate que está detrás de lo que está sucediendo con el señor Del Pino”, remató. Esa será la línea a partir de ahora: convertir este caso en un referente para disputar el debate ideológico en la campaña electoral. Hacer, como siempre, de la necesidad virtud.

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