Economía veta el 3% de límite a los alquileres que se negociaba en la ley de vivienda

La reunión de este martes entre los grupos de la mayoría de investidura para desbloquear la ley de vivienda no empezó bien. El líder de esta negociación por parte del PSOE, David Lucas, ahora secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el número dos de ese ministerio) ...

La reunión de este martes entre los grupos de la mayoría de investidura para desbloquear la ley de vivienda no empezó bien. El líder de esta negociación por parte del PSOE, David Lucas, ahora secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el número dos de ese ministerio) tras la reorganización por el fiasco de los trenes que no cabían por los túneles en Asturias y Cantabria, eligió poner el foco primero en lo que sabía que suponía problemas. En las últimas citas, la negociación había caminado hacia un punto que parecía servir para todos: fijar por ley un límite máximo de aumento del 3% de todos los alquileres en las llamadas “zonas tensionadas”, aquellas donde más suben los precios.

Ahora mismo hay un límite del 2% a las actualizaciones de rentas (el precio que anualmente un propietario puede subir el alquiler al inquilino durante la vigencia del contrato) que se puso de forma extraordinaria por la explosión de la inflación, y que está vigente todo este año 2023 para todos los inquilinos. Pero los socios de legislatura quieren un límite permanente por ley, para siempre. El Ministerio de Transportes, que es quien negocia por la parte socialista del Gobierno, con Lucas a la cabeza, había ofrecido llevarlo al 4%. Los grupos, sobre todo ERC y Bildu, claves para sacar adelante esta ley, apretaron y al final se estaba fraguando un acuerdo en torno al 3%, según diversas fuentes negociadoras de todos los sectores. Pero Lucas planteó este martes una nueva posición: ahora propone un índice específico para el alquiler que marque esos límites de subidas, que aún no está concretado.

El origen de este cambio está muy claro, según diversas fuentes consultadas: el Ministerio de Economía, liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño, no ve de ninguna manera establecer un límite del 3% por ley. Calviño cree que es un mensaje muy negativo para el mercado y puede acabar llevando a que haya menos viviendas en alquiler, aunque oficialmente su departamento señala estar “estudiando todas las propuestas”. Lucas ya había explicado en las reuniones anteriores que cualquier propuesta sería estudiada dentro del Gobierno y con la vicepresidencia económica, que es quien tiene la penúltima palabra —la última es la del presidente— en cuestiones tan delicadas como esta. En la legislación especial que se aprobó con motivo de la guerra de Ucrania, el límite del 2% siempre se planteó como temporal, aunque el Gobierno fue prorrogando su vigencia sucesivamente. Como la fórmula más usada en España es vincular la subida de renta al IPC y este se ha disparado en los últimos tiempos, lo que hizo el Ejecutivo fue sustituir esa referencia por el Índice de Garantía de Competitividad, lo que equivale a ese tope del 2%.

Hay también otro punto de bloqueo en las negociaciones, que es de qué manera se establece algún límite máximo para los alquileres nuevos, los que se hacen por primera vez. Los grupos temen que si no se fijan esos topes, alguien puede hacer el truco de sacar su casa del mercado durante un tiempo y luego volver a alquilarla por el precio que sea.

Ya parece claro, tal y como recogía el proyecto remitido por el Ejecutivo al Congreso, que habrá algún tipo de límite en zonas tensionadas para los alquileres renovados con el mismo inquilino —aunque aún se discute cuál y cómo fijarlo— y otro para los que se hacen con un nuevo inquilino —con una referencia al contrato con el anterior y un tope máximo más alto en función de si se hacen reformas a la vivienda—. Pero no está claro qué hacer cuando una vivienda sale al mercado y la discusión aquí también es muy intensa. Los grupos quieren que el máximo se fije como el que se prevé para los grandes tenedores: con un índice que marquen las administraciones en cada zona. La parte socialista del Gobierno, que siempre ha tratado de evitar límites basados en ese índice para los pequeños propietarios (la inmensa mayoría de los arrendadores españoles), piensa más en una fórmula intermedia.

Reunión con gritos

Ambas cuestiones son los grandes obstáculos para el pacto, pero aun así todas las fuentes consultadas creen que se podrá encontrar una salida y es posible que la ley esté lista en pocas semanas. Sin embargo, la reunión casi descarrila el martes.

Después de estas malas noticias, que llegaron antes de las buenas —en todos los demás asuntos hay avances del Gobierno hacia las posiciones de los grupos y están casi cerrados— el representante de Podemos, Rafa Mayoral, un hombre que antes de entrar en política dedicó su vida a ser abogado de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) y a tratar de impedir desahucios, se indignó. Mayoral empezó a llamar “liberales” a los socialistas. Y César Ramos, el diputado del PSOE que ejerce como negociador de su grupo, le cortó en seco y le dijo que no llevara ese tipo de debates, que se estaba hablando de cuestiones técnicas y del fondo del asunto. Mayoral se enfadó tanto que se levantó y se fue entre gritos, para sorpresa de todos. Pero se quedaron todos los demás, incluidos otros diputados de Unidas Podemos como Pilar Garrido y los representantes de ERC, Pilar Vallugera, y Bildu, Oskar Matute, que son claves para la aprobación de la norma.

El Gobierno querría ampliar el apoyo a otros grupos, como PNV o PDeCAT, pero no será sencillo con una ley que considera muy progresista y va a tratar de controlar las subidas de los alquileres; y lo fundamental es tener amarrados a ERC y Bildu (18 votos) para intentar garantizar que sale con otros grupos de izquierda como Más País o Compromís. ERC y Bildu van de la mano en este asunto y tienen muy claras sus prioridades: recuperar el límite del 3% que estaba bastante avanzado con el Gobierno, o al menos algo muy similar. Y garantizar algún tipo de límite para los pisos que entren por primera vez en el mercado del alquiler, para evitar que eso se convierta en un coladero y tire para arriba los precios.

La voluntad negociadora de todos parece muy evidente, e incluso algunas fuentes confían en poder cerrar el acuerdo la próxima semana, pero ERC y Bildu saben que tienen mucha fuerza negociadora y están usándola para garantizar que la ley realmente sea capaz de cambiar el mercado de alquiler. De hecho, pese a esta tensión con Mayoral, que mostró una discrepancia evidente dentro del Gobierno, todas las fuentes consultadas creen que si se encuentra una fórmula que valga a todos para los límites al alquiler y para las viviendas que entren nuevas al mercado, el acuerdo estará listo y la ley se podrá aprobar en abril, antes de las municipales y autonómicas. Sería un gran mensaje político de los partidos progresistas antes de esos comicios. Porque si no se logra el acuerdo y no hay ley, en el momento que al finalizar 2023 decaiga el decreto que ahora limita las subidas al 2% (que no afecta a los nuevos arrendamientos), varios grupos temen que se pueda volver a la ley de la selva en el alquiler y ya tal vez sin una mayoría progresista en el Congreso para negociar una nueva norma que lo impida.

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