La reforma de las pensiones, al límite

No aparece como una batalla en primera línea de la política, porque todo el mundo quiere ser prudente dado lo que está en juego. Pero dentro del Gobierno, con sindicatos y aliados como observadores cercanos, se está viviendo una intensa y discreta discusión decisiva para el año electoral: la reforma de las pensiones. Después de más de un año de debate interno entre el sector socialista y el de Unidas Podemos, el proyecto ...

No aparece como una batalla en primera línea de la política, porque todo el mundo quiere ser prudente dado lo que está en juego. Pero dentro del Gobierno, con sindicatos y aliados como observadores cercanos, se está viviendo una intensa y discreta discusión decisiva para el año electoral: la reforma de las pensiones. Después de más de un año de debate interno entre el sector socialista y el de Unidas Podemos, el proyecto liderado por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, y comprometido con Bruselas, ha llegado a su punto conclusivo: hay que aprobarla ya, en enero, para evitar el riesgo catastrófico de que la Comisión Europea pudiera decidir en abril que no entrega la siguiente partida de fondos europeos porque no se ha cumplido con este hito, el llamado componente 30.

Escrivá y su equipo confían en sacar adelante la negociación en las próximas dos semanas, y tienen varios elementos encima de la mesa para hacerlo. Entre ellos, cuestiones muy positivas, como la posibilidad de fijar un compromiso a varios años para aumentar progresivamente las pensiones mínimas, al estilo del que existe por ejemplo para que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura. Pero hay un elemento encima de la mesa que se ha convertido en tóxico, y que amenaza toda la negociación: la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, una idea que rechaza de plano Unidas Podemos.

España ha ido aumentando progresivamente esta cifra, que son los años que se toman hacia atrás desde que el trabajador se jubila para calcular qué pensión le quedará. En teoría los últimos años son los mejores, y, por tanto, ampliar años es perder, pero esto ha ido cambiando mucho y hay mucha casuística diferente. En 1985 se pasó de 2 a 8 años, en 1997 se subió a 15, en 2011 se pasó a 25. Escrivá plantea pasarlo a 30, pero eliminando los dos peores años. Esto sería casi como subirlo a 28.

Los sindicatos no han mostrado un rechazo frontal. La patronal se queda fuera de la reforma de las pensiones porque están en contra de la otra parte, la que implica aumentar cotizaciones un 0,6% para mejorar la caja de la Seguridad Social y garantizar el futuro, como exige Bruselas, que reclama un aumento de ingresos del sistema para compensar que el Gobierno progresista eliminó la polémica reforma del PP que prácticamente limitaba la subida de las pensiones a un 0,25% anual, algo que habría sido letal en años de mucha inflación como 2022. Pero CC OO y UGT exigen antes de seguir adelante que haya acuerdo dentro del Gobierno. También lo reclaman otros socios como el PNV, ERC o Bildu, que no están cerrados a un acuerdo. Fuentes de estos tres partidos señalan que aún no tienen el texto y no entrarán en ninguna negociación a fondo mientras no esté muy seguro el acuerdo en el Gobierno. Fuentes sindicales también señalan que si no está garantizado el apoyo político de los socios del Ejecutivo, ellos tampoco entrarán. Los sindicatos quedaron muy escaldados con la reforma laboral, que después de ser acordada entre Gobierno, patronal y centrales estuvo a punto de no salir —lo hizo por un error del PP— porque ERC, PNV y Bildu votaron en contra.

La reforma está pactada prácticamente en un 90%. Todas las fuentes consultadas en el Gobierno, en los sindicatos y en los socios coinciden en que es una reforma positiva que no genera grandes problemas. Pero el aumento del periodo de cómputo amenaza con dar al traste con todo porque el rechazo de Unidas Podemos es frontal.

El último mensaje que ha recibido el equipo de Escrivá ha sido muy claro: “No hay espacio político para acordar el aumento del periodo de cómputo”. Eso en privado. En público Yolanda Díaz también ha sido clara: “Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos”, señaló en diciembre. Este es el mensaje político de fondo: después de que el Gobierno haya hecho un esfuerzo enorme para aumentar las pensiones un 8,5%, y en año electoral, nadie quiere tensiones y malas noticias. Escrivá insiste a sus interlocutores, y lo demuestra con datos, en que el aumento del periodo de cómputo es neutro, porque algunos pueden perder algo, pero otros ganan al poder elegir los mejores 28 años. Y además hay espacio para negociar más condiciones, incluso reducir esos 30 años. Pero el problema no parece técnico, sino político: Unidas Podemos no quiere entrar ahí.

El sector que dirige Díaz plantea la posibilidad de aprobar la reforma con todo lo demás, lo que no genera problemas y que es el corazón del proyecto para aumentar los ingresos y garantizar la sostenibilidad, esto es el destope de las cotizaciones máximas y el aumento del 0,6% finalista para garantizar el futuro. Pero esta opción tiene un problema muy relevante: Escrivá tendría que renegociar con Bruselas, con el comisario Paolo Gentiloni —un socialdemócrata más flexible a la visión española—, porque este compromiso, aunque de forma ambigua, está por escrito en el componente 30 que se envió a la Comisión Europea.

La reforma 2, apartado C, del componente 30 fue redactada con suma cautela, porque ya entonces había mucha tensión con este asunto entre el PSOE y Unidas Podemos, pero apuntaba un compromiso que ahora tiene esta dificultad política: “Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se plantea adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”. No se habló de ampliación ni mucho menos de 35 años, como se planteó en algunos documentos internos que envió Escrivá en 2020, ni siquiera de 30. Pero el compromiso de “adecuar el periodo de cómputo” está ahí. La negociación, que ya lleva varias semanas intensificándose, se acelera ahora con contactos casi permanentes. El PSOE y Unidas Podemos tienen varias negociaciones delicadas encima de la mesa en este mes, además de pensiones: la ley de vivienda y la mordaza también esperan una solución urgente. Todo entra en la balanza. Y las elecciones se acercan, así que no hay mucho tiempo.

Riesgo

Pero el riesgo sería aún mucho más fuerte si, como consecuencia de un fracaso negociador, Bruselas diera un varapalo a España y retrasara la entrega del dinero de los fondos justo en plena precampaña, en abril. Eso sería un auténtico regalo para el discurso de la oposición. Precisamente España es el país que más rápido está cumpliendo los compromisos con Bruselas y antes está recibiendo el dinero, y esto forma parte del corazón del mensaje del Gobierno, así que Pedro Sánchez no se puede permitir un traspié ahí. España cuenta con otra baza: mientras Francia se pone en huelga contra una reforma que amplía la jubilación a los 64 años, España tiene aprobados los 67 desde 2011. Y ha cumplido con todo lo demás.

Con estos elementos encima de la mesa, Escrivá confía en hallar pronto una solución. Queda muy poco tiempo para conocer cómo acaba una de las reformas clave de la legislatura, no solo por los cambios que suponen para los futuros pensionistas y la garantía del sistema, sino también por sus riesgos políticos.