Bruselas plantea un mecanismo para controlar que las ayudas energéticas se destinen a hogares vulnerables

Europa no puede ni debe seguir dando ayudas de forma indiscriminada a hogares y empresas para afrontar la crisis que han provocado los precios de la energía. Ni puede porque bastantes países pasan por estrecheces fiscales —España es uno de ellos—, ni debe porque se desincentiva el ahorro energético. Esta reflexión la comparten muchos de los dirigentes y altos funcionarios de las instituciones económicas comunitarias. Para reconducir la sit...

Europa no puede ni debe seguir dando ayudas de forma indiscriminada a hogares y empresas para afrontar la crisis que han provocado los precios de la energía. Ni puede porque bastantes países pasan por estrecheces fiscales —España es uno de ellos—, ni debe porque se desincentiva el ahorro energético. Esta reflexión la comparten muchos de los dirigentes y altos funcionarios de las instituciones económicas comunitarias. Para reconducir la situación, la Comisión Europea ha planteado a los Estados en mecanismo para concentrar los apoyos sobre las familias más vulnerables. Ese documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, abre la puerta a fijar un precio mínimo de la electricidad y del gas para los hogares y, a continuación, establece tres alternativas para focalizar la medida sobre quienes más lo necesitan. Los ministros de Finanzas de la UE debatirán el lunes sobre la propuesta en la reunión del Eurogrupo.

En el documento preparado por el departamento de Economía y Finanzas del Ejecutivo comunitario, se cifra en una cantidad equivalente al 1,5% del PIB de la Unión Europea hasta el 31 de octubre las ayudas que han desplegado los Estados para responder a la crisis energética que agravó mucho la invasión de Ucrania el 24 de febrero de este año. El esfuerzo presupuestario se reduce en tres décimas por los impuestos extraordinarios a los beneficios caídos del cielo. En Bruselas se piensa que este ritmo de gasto no puede sostenerse durante mucho tiempo, de ahí que en los exámenes de los presupuestos para 2023 ya recomendaran la necesidad de concentrar las ayudas sobre las empresas y hogares que lo necesiten.

El diseño más sensible socialmente de las medidas también debe completarse con los incentivos “de apoyar la eficiencia energética y las energías renovables para reducir la demanda estructural de combustibles fósiles”. Las medidas indiscriminadas sobre los precios, “como las rebajas del IVA”, no cumplen estos criterios, apunta el Ejecutivo comunitario en su documento. Y así, como indiscriminadas, podrían definirse el 61% de las ayudas, señala el último cálculo comunitario.

La idea de poner sobre la mesa un mecanismo para apoyar a hogares que consistiera “en un modelo de dos niveles de precios de la energía, en el que los consumidores se benefician de precios regulados hasta un determinado nivel de consumo” se esbozaba sin detalles en uno de los documentos presentados al mismo tiempo que los exámenes presupuestarios. Los detalles aparecen en la nota remitida al Eurogrupo para que se debata el lunes en su formato ampliado, es decir, los responsables de Finanzas de la zona euro más los del resto de la UE, sin que llegue a ser el Ecofin.

En la propuesta quedan fuera las empresas, ya que Bruselas entiende que el respaldo a estas para afrontar la crisis energética está regulado por la normativa de ayudas de Estado y esta ya se relajó por última vez en octubre. No obstante, la inspiración de la medida parte de cómo se ha abierto la mano con las empresas.

El punto de partida del mecanismo es la fijación de una referencia mínima de precios para electricidad y gas que “puede basarse en un multiplicador del precio medio histórico de la energía en el Estado miembro”. El resultado debería perseguir un equilibrio entre la ayuda a los beneficiarios y un control suficiente de costes. A partir de aquí se pasa fijar un volumen de consumo cubierto por ese precio que no debe ser muy alto “para incentivar el ahorro de energía”, el consumo que esté por encima ya no se beneficia de este tope.

El siguiente paso es cómo concretar ese volumen de consumo beneficiado y para eso se ponen tres alternativas sobre la mesa. La primera pasa por fijar un volumen regulado que sea igual para todos los hogares, independientemente de su nivel de ingresos. La Comisión razona que esta opción beneficia más a las familias con menos ingresos porque consumen menos energía y que incentiva el ahorro una vez cubiertas necesidades básicas. La segunda vía es la más regresiva, ya que plantea fijar la parte acogida a la referencia mínima, estableciendo un porcentaje sobre la cantidad que cada hogar hubiera consumido en año anterior. La tercera opción es la más focalizada, ya que ofrece aplicar “la referencia mínima de precios o un volumen de consumo cubierto [por ella] más alto” sobre clientes vulnerables u hogares en situación de pobreza energética.

Por último, la propuesta comunitaria se cierra con la recomendación de incluir “una salvaguardia financiera” sobre el coste total de la medida por la dificultad de saber con antelación el coste final de la medida. La factura depende, pues, de la diferencia entre ese precio regulado más bajo y el que haya en el mercado minorista. Aunque no lo dice claramente, de este punto puede deducirse que las empresas deberían ser compensadas por lo que dejaran de ingresar.

Ayudas focalizadas

No es previsible que el debate sobre este documento se cierre el lunes. Realmente en la capital comunitaria se piensa que la propuesta puede ir perfilándose en los próximos meses porque bastantes medidas puestas en marcha al comienzo de la guerra comenzarán a caducar a partir de marzo. Entonces las ayudas que se lanzaron fueron indiscriminadas y poco a poco han ido afilándose, como muestran los cálculos decrecientes que ha ido difundiendo la Comisión sobre qué porcentaje de medidas estaban focalizadas: durante la presentación del examen de presupuestos el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, hablaron del 70%; dos días después, los documentos internos del Ejecutivo comunitario ya lo situaban en el 61%.

Este porcentaje es insuficiente para las autoridades bruselenses, que siempre que pueden recuerdan que las medidas contra la crisis tienen que ser “focalizadas, ajustadas y temporales”. No obstante, también saben en la Comisión que llevar ese latiguillo al boletín oficial no es nada fácil por la complejidad del diseño, por la dificultad de llegar a los colectivos vulnerables y, sobre todo, por la presión social y política para que las ayudas sean amplias.