Madrid concentra la mitad de las rebajas fiscales de las comunidades en plena crisis por la sanidad

El terreno fiscal se ha convertido uno de los campos más explosivos de la batalla política. A los encontronazos entre el Gobierno y la oposición se suman los movimientos de los barones regionales. La avalancha de rebajas fiscales que han anunciado en los últimos tiempos, que se concentran en el IRPF y el patrimonio, supondrá una merma de 686 millones en la recaudación de 2023, año denso en citas electorales; en primavera se celebran comicios...

El terreno fiscal se ha convertido uno de los campos más explosivos de la batalla política. A los encontronazos entre el Gobierno y la oposición se suman los movimientos de los barones regionales. La avalancha de rebajas fiscales que han anunciado en los últimos tiempos, que se concentran en el IRPF y el patrimonio, supondrá una merma de 686 millones en la recaudación de 2023, año denso en citas electorales; en primavera se celebran comicios autonómicos y municipales, y en noviembre, generales. El mayor impacto lo causarán los recortes en el tramo autonómico del IRPF. Estos supondrán un 80% del total, según recoge la Autoridad Fiscal (Airef) en su Informe sobre los proyectos y líneas fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas 2023. Madrid, donde el plan del Gobierno autónomo para reabrir las urgencias extrahospitalarias se está revelando un caos, concentrará el grueso del descenso. En total, 335 millones de euros. Le sigue Andalucía. En 2024 el efecto de los cambios tributarios será aún más intenso: ascenderá a 2.000 millones, inflado sobre todo por las deflactaciones y rebajas en el impuesto sobre la renta prometidos a la vuelta del verano por comunidades tanto del PP como del PSOE.

Estas modificaciones se impulsan gracias a la autonomía fiscal reconocida a las comunidades, que les permite crear tributos propios y les otorga amplia capacidad normativa sobre los impuestos estatales que tienen cedidos, como sucesiones y donaciones, patrimonio o actos jurídicos documentados. También les da margen de maniobra sobre el IRPF: pueden aprobar deducciones, tocar los mínimos personales y familiares y modificar la mitad de la escala impositiva del gravamen. Pero esta prerrogativa, a la vez, genera una carrera tributaria a la baja, que se ha exacerbado en la última década y ha causado tensiones con el Gobierno central y entre las mismas comunidades.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones ha sido la primera víctima de la competencia fiscal autonómica. Hoy en día, lo que se paga por este tributo puede suponer diferencias de hasta el 100% en función del territorio. Después, el efecto dominó se extendió al tramo autonómico del IRPF y al gravamen sobre el patrimonio. Madrid ha sido la comunidad que, hasta el momento, más uso ha hecho de esta autonomía fiscal. Pero otras regiones del PP le están siguiendo la estela.

Los cambios en el IRPF adoptados por las comunidades de régimen común tendrán un impacto negativo de 450 millones en 2023, a los que hay que sumar las modificaciones aprobadas en Navarra y estimadas en unos 78 millones. En total, las modificaciones en este impuesto alcanzarán los 529 millones. Más de la mitad de esta cifra, 334 millones, se corresponde a la rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF aprobada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Será la medida fiscal con más repercusión en términos absolutos el próximo ejercicio.

El desglose de la Airef se elabora a partir de los datos que confeccionan las mismas comunidades. Tras Madrid, la Andalucía de Juan Manuel Moreno (PP) es la que ha promovido los ajustes de mayor calado de cara a 2023: supondrán una disminución de 209 millones en los ingresos. La supresión del impuesto sobre el patrimonio, que empezará a bonificarse al 100% —hasta ahora, solo Madrid preveía un beneficio tan potente en esta figura—, restará 97 millones. Las rebajas en el IRPF, otros 24 millones, y en sucesiones y donaciones, 13 millones. El resto se debe a medidas de carácter temporal: la suspensión hasta 2025 del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas (71 millones) y varias bonificaciones en tasas (cuatro millones) hasta 2024.

Por otra parte, la disminución del tramo autonómico del impuesto sobre la renta y la bonificación del 25% en el tributo que grava el patrimonio aprobado por el Gobierno gallego reducirán la recaudación en 78 millones. También Castilla y León, Extremadura y Murcia han puesto en marcha políticas que impactarán negativamente en los ingresos. En cambio, la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha iniciativas —incremento de las tarifas en el IRPF para rentas altas y de transmisiones patrimoniales— que comportarán un alza de 53 millones.

Si el análisis se hace impuesto por impuesto, todas las figuras fiscales, salvo transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados —que, al contrario de los demás tributos cedidos, han subido en la última década—, sufrirán ajustes a la baja. No solo se reducirán los ingresos por IRPF. También bajará en 114 millones la recaudación por patrimonio, en 10 millones la de sucesiones y donaciones, y habrá una merma de unos 100 millones por medidas de carácter temporal, que afectan sobre todo a tasas o cánones.

5.000 millones hasta 2026

El recuento de la Airef no incluye las deflactaciones y rebajas en el tramo autonómico del IRPF recién anunciadas por varias comunidades para hacer frente al repunte de los precios. “Toda la nueva oleada de deflactaciones en el IRPF se notará en 2024″, confirma Diego Martínez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. El impacto de estos cambios será de unos 2.000 millones en 2024, 1.500 millones en 2025 y 1.100 millones en 2026, según valora la Airef a partir de las estimaciones de los gobiernos regionales. Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias concentrarán el mayor efecto. En Galicia, la ulterior ampliación de la bonificación del gravamen sobre el patrimonio al 50% restará otros 17 millones.

El impacto de estas rebajas se trasladará a los ejercicios futuros debido al diseño del sistema de financiación, que en 2023 repartirá a las comunidades los mayores recursos de la historia. Las entregas a cuenta se calculan por adelantado sobre las previsiones de ingresos, y a los dos años se echan cuentas. Las modificaciones fiscales aprobadas para 2022 se notarán entonces en la liquidación que se practicará en 2024, y en las entregas a cuenta de ese año; los cambios que afectan a la renta a partir de 2023 se incorporarán a las entregas a cuenta de 2024 y la liquidación que se efectuará en 2025.

El Gobierno central, que por su parte ha anunciado un alivio en el IRPF para los trabajadores de bajos ingresos, ha acusado a los barones autonómicos de privilegiar a los más ricos con las deflactaciones generalizadas en el impuesto sobre la renta y las bonificaciones en patrimonio. Los líderes regionales del Partido Popular defienden que donde “mejor está el dinero es en el bolsillo del consumidor” y respaldan el postulado neoliberal de que las bajadas de impuestos impulsan la mejora de la recaudación. Algo que, según Martínez, no se producirá. “Los datos disponibles sobre rebajas fiscales anteriores van en contra de ese criterio. La recaudación de todos los tributos cedidos en Andalucía, por ejemplo, está yendo peor que la media nacional”, argumenta. “Esos vasos comunicantes no están bien justificados. Si bajo impuestos de un lado no los recupero de otro. Todos los indicios apuntan a la dirección contraria”.