Por qué a las compañías energéticas no les interesa que los clientes se pasen al mercado regulado

Quienes en los últimos días hayan tratado de pasar su contrato del gas del mercado libre al regulado han sufrido en primera persona las dificultades para llevar el trámite a buen puerto: teléfonos colapsados, formularios en línea sin respuesta y, en general, retrasos y más retrasos para un cambio que en condiciones normales debería hacerse en un abrir y cerrar de ojos. Detrás de esta lentitud —agravada por el calendario: el invierno, de largo el periodo del año de mayor consumo de gas, está a la vuelta de la esquina— emerge una realidad palpable: una auténtica avalancha de personas tratando de...

Quienes en los últimos días hayan tratado de pasar su contrato del gas del mercado libre al regulado han sufrido en primera persona las dificultades para llevar el trámite a buen puerto: teléfonos colapsados, formularios en línea sin respuesta y, en general, retrasos y más retrasos para un cambio que en condiciones normales debería hacerse en un abrir y cerrar de ojos. Detrás de esta lentitud —agravada por el calendario: el invierno, de largo el periodo del año de mayor consumo de gas, está a la vuelta de la esquina— emerge una realidad palpable: una auténtica avalancha de personas tratando de hacer lo mismo. Además, la tarifa de último recurso (conocida como TUR, cuyo precio fija trimestralmente el Gobierno) no solo es más barata para los consumidores; también es mucho menos interesante para las cuatro firmas que operan en ambos mercados: Naturgy, Endesa, Iberdrola y TotalEnergies.

La tarifa de último recurso es hoy por hoy mucho más barata para los hogares que las alternativas más económicas del mercado liberalizado (cuyo precio nace de las ofertas que hagan las compañías energéticas): la reciente escalada en el precio del gas se ha trasladado por completo al segundo, mientras que el primero quedaba a resguardo del Boletín Oficial del Estado y de la reciente subvención del Gobierno.

A su vez, aunque los datos sobre los márgenes de comercialización son escasos, todos ellos apuntan en una misma dirección: la diferencia de rentabilidad entre uno y otro es abismal. No solo por el propio margen operativo, sino por todos los añadidos (servicios adicionales) que se pueden incluir en el libre. En lo puramente operativo, en su último informe de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula unas ganancias brutas de entre 127 y 322 euros por cliente del mercado libre y año, en función de si solo tienen agua caliente y cocina a gas o también calefacción, y de dónde viven (en una zona de clima templado o frío). Unas cifras que las empresas ni de lejos pueden alcanzar en la TUR, donde los márgenes rondan los 20 euros anuales para un consumidor medio, según los cálculos de José Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.

“Se puede discutir si el margen fijado para el mercado regulado es alto o bajo, y si se debería revisar con más asiduidad. Pero las diferencias son muy grandes”, subraya Sancha. “Se mire por donde se mire, los márgenes son mucho mayores en el libre que en el regulado; de ahí que traten de evitar que sus clientes del libre se les vayan al regulado”. Incluso si es a su propia comercializadora de la TUR. Las energéticas, sin embargo, niegan la mayor: “Es falso que estemos evitando que nuestros clientes se pasen al regulado o que estemos frenando esos movimientos”, apunta una voz autorizada de una de las cuatro comercializadoras que tienen presencia en ambos mercados.

“En el regulado los márgenes son mínimos, aún menores que en el PVPC [su equivalente en el mercado eléctrico]”, sustenta Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora BeBartlet. “No es tanto que las compañías se estén forrando en el libre, sino que en la TUR su rentabilidad neta —tras añadir los costes administrativos o la morosidad— acaba siendo prácticamente nula. Por eso no quieren tener clientes en el regulado: es como vender a coste”. Para las comercializadoras, sentencia Juan Antonio Martínez, del grupo ASE, un consumidor adscrito a la TUR “supone demasiada carga administrativa para un margen tan bajo”.

Servicios adicionales

Más allá de los márgenes operativos, “la parte del león” —en palabras de una fuente del sector— está en los llamados servicios adicionales, como el mantenimiento de la caldera. Un apartado en el que las ganancias de las comercializadoras son especialmente jugosas y cuya inclusión es mucho más común en el mercado libre: aunque en el regulado las compañías también pueden ofrecerlos, estos no pueden ir aparejados a descuentos en la factura. Algo que sí ocurre, y muy asiduamente, en el liberalizado.

“En muchos casos, la mayor rentabilidad se obtiene tanto con esos servicios adicionales como con la venta cruzada de luz y de gas [los contratos que incluyen ambos suministros]: si se pierde el gas, hay que renegociar el otro y eso afecta mucho a los márgenes”, explica esta fuente. “No es solo que en el mercado libre se obtenga algo más por el combustible que se vende, sino que se pueden ofrecer muchas más cosas. Hasta televisión de pago”.

Estrategias comerciales

Tanto Labanda como Martínez ponen el acento en una dinámica habitual: quienes se pasan al regulado, luego no vuelven al libre o tardan mucho en hacerlo. “Una de las métricas que las empresas más tienen en cuenta es el coste que les supone captar un cliente en el libre, así que para ellos es una mala noticia que los clientes se vayan al regulado, porque en un futuro tendrán que hacer de nuevo toda esa labor comercial para que regresen a sus tarifas del libre”, resume el primero. Con un riesgo añadido: que, durante ese proceso, acabe yéndose a la competencia, lo que sería aún más perjudicial para sus intereses.

La CNMC abrió la semana pasada un expediente informativo a las cuatro comercializadoras de último recurso —Baser (TotalEnergies), Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola) y Gas&Power (Naturgy)—, que a partir de ahora tendrán que aportar todos los meses datos actualizados en cuatro ámbitos: sus servicios de atención telefónica, sus medios de información a clientes, sus tiempos de espera y los refuerzos aplicados para afrontar el alud de peticiones de cambio.

Aunque la normativa europea fija un máximo de tres semanas para el cambio de suministrador (ya sea entre compañías o entre mercados), la realidad es que ese rango temporal solo empieza a contar desde el momento en que se registra la petición. Y mientras las líneas telefónicas sigan colapsadas durante amplios tramos horarios de la jornada, ese registro es imposible y el plazo no echa a andar.

En los últimos días, el Gobierno se ha sumado a las indagaciones: “Entiendo que deben de estar desbordados. No me atrevo a decir si están siendo responsables o no, [pero] sí creo que tienen que hacer un esfuerzo por estar a la altura de lo que sus clientes les piden”, ha afirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La organización de consumidores Facua ha presentado, por su parte, una denuncia específica contra una de las empresas (Iberdrola) por ocultar en los buscadores web su tarifa regulada en favor de las del mercado libre.