Bruselas da un vuelco a las reglas fiscales: exigirá objetivos de deuda ajustados a cada país

La Comisión Europea ya ha diseñado una propuesta para reformar las nuevas reglas fiscales europeas. Y estas se parecerán mucho más a un traje a la medida de cada socio que a un corsé en el que deban entrar todos, con independencia de las circunstancias. En la proposición, que divulgará la semana que viene, ...

La Comisión Europea ya ha diseñado una propuesta para reformar las nuevas reglas fiscales europeas. Y estas se parecerán mucho más a un traje a la medida de cada socio que a un corsé en el que deban entrar todos, con independencia de las circunstancias. En la proposición, que divulgará la semana que viene, el Ejecutivo comunitario planteará diseñar junto con los países afectados planes fiscales de cuatro años, que pueden extenderse hasta siete si se asumen reformas e inversiones. Según varias fuentes comunitarias, Bruselas también planteará límites de gasto nacional (es decir, sin contar con los fondos comunitarios) o bien imponer sanciones más reducidas que las actuales —que acaban por no abonarse— pero que tengan un coste reputacional en los mercados, con el consiguiente castigo que eso conlleva para las primas riesgo.

La comunicación que el Ejecutivo comunitario pondrá sobre la mesa el miércoles inaugurará un largo debate entre la Comisión y los Estados miembros. Para esa discusión, varias capitales ya han ido tomando posturas y puede dibujarse una línea clara entre las pretensiones de Países Bajos, Alemania y demás Estados tradicionalmente más partidarios de la disciplina fiscal y otros como Francia, Italia o España, donde hay una gran preocupación por ese asunto a causa de la gran cantidad de deuda pública que acumulan.

La llegada de la pandemia se produjo cuando muchos países —entre ellos, España— todavía trataban de reponerse del golpe de la crisis financiera, y eso disparó la deuda pública. Los ERTE, las ayudas directas a empresas o rentas básicas requerían volúmenes ingentes de dinero y la recaudación se hundió ante el parón de la actividad. Rebajar la montaña de deuda (el 94,2% del PIB en el conjunto de la zona euro) se ha convertido en todo un reto que, con las normas actuales, amenaza con llevar a los Estados más endeudados a una profunda recesión. De ahí que la Comisión advirtiera, desde que retomó la idea de revisar las reglas hace un año, de que se trataba de buscar también una regulación “creíble”.

Tanto por las ideas ya esbozadas en público por los responsables comunitarios —como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni— como por los detalles que se conocerán el miércoles puede deducirse que convertir en “creíbles” las reglas actuales pasa por reformar los mecanismos de corrección fiscal que ya existen. Ni Gentiloni ni el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis van a poner sobre la mesa cambios en los dos grandes pilares del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: el déficit público anual no debe superar el 3% y la deuda tiene que estar por debajo del 60%. Sí plantearán, en cambio, una nueva vía para rebajar el pasivo para los países que superen este último límite (con los datos del segundo semestre, toda la zona euro excepto Países Bajos, las tres repúblicas bálticas e Irlanda). Ahora, eso debería hacerse al ritmo de un veinteavo al año hasta llegar a ese listón, una senda endiablada para países como Grecia, Italia, Portugal, España, Bélgica o Francia (todos con una deuda muy por encima del 100% del PIB).

Extensión a siete años

El mecanismo que propone la Comisión —inspirado en el funcionamiento del Fondo de Recuperación— consiste en un plan de ajuste parcial de deuda con objetivos a medio plazo creíbles (a largo plazo siempre estará ese horizonte del 60%) que se negociará entre el Estado afectado y el Ejecutivo comunitario, y debe ser sancionado por el Consejo de la UE. En principio, ese plan duraría cuatro años, pero si el país involucrado se compromete con reformas y obligaciones puede extenderse hasta siete años, siempre según las mismas fuentes europeas. Esta prolongación es algo a lo que Bruselas da mucha importancia, ya que supone una implicación de los Gobiernos nacionales y busca huir de la sensación de diktat más tecnocrático que democrático que se impuso durante la crisis del euro.

El pacto también cuenta con una regla que limitará el gasto público que puede financiarse con recursos propios de cada Estado, es decir, excluyendo los fondos comunitarios. No obstante, en el capítulo de inversiones podrían quedarse fuera partidas que se destinaran a los objetivos que la Unión Europea ha señalado como preferentes: transición ecológica, revolución digital y defensa. Se trata de gasto que puede incrementar el crecimiento potencial de los países. A pesar de que fuentes comunitarias admiten que este argumento no es del todo aplicable a Defensa, sí recuerdan que ese gasto está dentro de las prioridades de los Veintisiete.

Otro capítulo en el que Bruselas propone cambios atañe a las sanciones. Estas serán más reducidas, aunque sí que se pretende que conlleven un golpe reputacional. Está por ver que esa rebaja convenza a los Estados a aceptar las multas. La resistencia ha sido tal que, hasta ahora, nunca se ha impuesto una sanción derivada del incumplimiento de las reglas fiscales, a pesar de que sí se han abierto expedientes, como fue el caso de Italia en 2018.

En la propuesta de la Comisión, el Ejecutivo comunitario se arroga la vigilancia de que se cumpla lo pactado. Esto puede suponer un punto de fricción con los llamados países frugales (Países Bajos, Alemania, Austria, Finlandia). La Haya y Berlín han defendido en sendos escritos en los últimos meses que órganos independientes y, en teoría, más partidarios la ortodoxia fiscal, tengan más papel en el control de todo el proceso. Los gobiernos de estos países desconfían de darle más margen a Bruselas en la aplicación de las normas. Son conscientes de que la aplicación a rajatabla de las actuales —aunque suspendidas tras la pandemia— llevarían a una recesión profunda a muchos Estados miembros, de ahí que acepten la revisión. Sin embargo, quieren que las reglas que salgan de este proceso no dejen mucho espacio a la interpretación y menos al arreglo a dos entre el Ejecutivo comunitario y el Estado afectado.

España, que firmó un documento muy ambiguo con Países Bajos, tiene motivos para sentirse satisfecha, ya que se recoge su anhelo de que no se imponga una misma regla de reducción de deuda para todos, independientemente de cuál sea su punto de partida. Francia e Italia también tienen motivos para sentirse relativamente identificadas en el documento que ultima Bruselas, puesto que se abre la posibilidad de que la inversión en partidas como la transición digital o la defensa no se contemplen en la regla de gasto. También Madrid reclamaba que no se contemplara el gasto verde.