El blindaje del Gobierno empuja a 2023 el baile en el capital de Naturgy
El escudo frente a las compras de inversores extracomunitarios vence este año y el Ejecutivo no tiene previsto renovarlo. La Moncloa, sin embargo, observa con atención los movimientos en una energética clave
La partida de ajedrez que se libra en el capital de Naturgy será larga y tendrá en 2023 un año clave para su resolución. Son varios los indicios que apuntan en esa dirección. Por un lado, la división en dos de la compañía —activos regulados en una; renovables y comercialización, en otra—, anunciada en febrero y postergada sine die, tendrá que definirse o quedar aparcada definitivamente. Por otro, el más que probable decaimiento del blindaje activado por el Gobierno durante la pandemia sobre las grandes cotiz...
La partida de ajedrez que se libra en el capital de Naturgy será larga y tendrá en 2023 un año clave para su resolución. Son varios los indicios que apuntan en esa dirección. Por un lado, la división en dos de la compañía —activos regulados en una; renovables y comercialización, en otra—, anunciada en febrero y postergada sine die, tendrá que definirse o quedar aparcada definitivamente. Por otro, el más que probable decaimiento del blindaje activado por el Gobierno durante la pandemia sobre las grandes cotizadas eliminará una barrera para que cualquier inversor no europeo pueda entrar a lo grande en el accionariado de la segunda mayor energética española.
El hundimiento del Ibex en los peores meses de la crisis sanitaria llevó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a crear, en cuestión de semanas, un escudo para proteger las mayores cotizadas españolas frente a cualquier intento de compra oportunista procedente del exterior. Ese blindaje, que entró en vigor en abril de 2020, obliga a cualquier extracomunitario interesado en hacerse con más del 10% del capital de cualquier empresa cotizada a pedir autorización al Ejecutivo antes de acometer la operación. La prohibición se extiende también a los inversores que, aunque sean residentes en la Unión Europea, estén controlados por inversores de fuera del bloque.
Con el baile accionarial en Naturgy convertido en comidilla del parqué español en las últimas semanas, el fin de este blindaje a tiro de piedra —vence el próximo 31 de diciembre y, según fuentes gubernamentales, no hay previsión de renovarlo— invita a pensar en que, quien sea que quiera entrar en el capital de la energética, esperará un par de meses antes de mover ficha para ahorrarse un trámite adicional y asegurarse una compra más ágil.
El mayor candidato a vender es Global Infrastructure Partners (GIP), que se ha abierto a escuchar ofertas por el 20,6% de la española que tiene en cartera, más de 4.400 millones de euros al cierre bursátil de este jueves. Aunque oficialmente no ha confirmado el cartel de se vende a sus acciones, el mercado da por hecho que aceptaría una buena oferta por su participación, habida cuenta de las jugosas plusvalías acumuladas. En ese contexto se enmarca el creciente runrún sobre sus contactos del fondo neoyorquino con la petrolera francesa Total Energies, en el que sería uno de los grandes movimientos del año en el selectivo español. El otro potencial vendedor, la firma británica de capital riesgo CVC Capital Partners —que atesora un 20,7% de la energética— negó la semana pasada a EL PAÍS cualquier opción de venta de sus acciones. Y mostró su interés por continuar en las dos compañías resultantes de la escisión si esta acaba cristalizando.
Negocio en el gas y en la luz
Naturgy no es solo un gigante empresarial: es, también, el único actor que mantiene posiciones relevantes tanto en gas como en electricidad en España. Y eso, en un momento como este, con una crisis energética de proporciones bíblicas en la UE, son palabras mayores. A nadie se le escapa que quien entre en su capital, tendrá que hacerlo de común acuerdo con el Ejecutivo, que no tiene ningún incentivo para abrir tamaño avispero en las actuales circunstancias. Pero el decaimiento del escudo pandémico haría las cosas más sencillas.
“El Gobierno tratará de dar estabilidad al accionariado: en un momento como este, lo último que querrá es tener volatilidad en el capital de una empresa que es fundamental en la cadena de valor y el suministro del gas en España”, apunta Javier Suárez, responsable del equipo de análisis europeo del banco italiano Mediobanca y especialista en firmas energéticas. “Es un melón que nadie en el Ejecutivo quiere abrir”, sentencia una segunda voz autorizada en el sector, bajo condición de anonimato.
A su manera, con más tiento y escondiendo sus cartas, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha venido a confirmar que el Ejecutivo frenará cualquier atisbo de inestabilidad en el capital de la antigua Gas Natural Fenosa. “Estamos en un momento particularmente sensible en el ámbito gasista. En unas circunstancias así, es importante preservar la capacidad de las empresas para operar y evitar tensiones en los mercados”, afirmó, al ser preguntada por la segregación, tras el consejo de ministros del martes.
“La última operación corporativa con Naturgy fue la entrada del fondo australiano IFM [el año pasado], tras una autorización [gubernamental] con condiciones. Si se produjera una división, habría que vigilar si se están cumpliendo o no las condiciones que puso el consejo de ministros”, señaló Ribera. En su intervención, todo menos improvisada, dos términos resonaban con especial énfasis: “estabilidad” y “seguridad”.