El Banco de España prevé que más del 45% de los trabajadores con convenio tendrá una cláusula de revisión salarial en 2023
Solo uno de cada cuatro asalariados con pacto colectivo tiene protegido su sueldo frente a la inflación, y el 75% de ellos tiene limitada la subida
Solo 1.738.842 trabajadores tienen una cláusula de revisión salarial en su convenio colectivo, y tres de cada cuatro la tienen topada. De acuerdo con un análisis publicado este martes por el Banco de España, únicamente el 25% de los trabajadores con convenio vigente en España estaría protegido frente a la inflación por este tipo de cláusulas. El número de trabajadores cubiertos ha aumentado en alrededor de medio millón de personas frente a 2021, y el o...
Solo 1.738.842 trabajadores tienen una cláusula de revisión salarial en su convenio colectivo, y tres de cada cuatro la tienen topada. De acuerdo con un análisis publicado este martes por el Banco de España, únicamente el 25% de los trabajadores con convenio vigente en España estaría protegido frente a la inflación por este tipo de cláusulas. El número de trabajadores cubiertos ha aumentado en alrededor de medio millón de personas frente a 2021, y el organismo supervisor prevé que, de acuerdo con sus datos preliminares, aumente hasta algo más del 45% el año que viene.
Con la inflación disparada —se situó en el 10,5% en agosto y la OCDE prevé que sea del 9,1% en el conjunto del año— los trabajadores acuden a sus convenios para comprobar si están protegidos contra la subida de precios. Pero, como apunta la institución, tener este tipo de cláusulas no garantiza, ni mucho menos, una protección completa contra “sorpresas inflacionistas” como la que está viviendo España: el 75% de los trabajadores con convenios que incorporan una cláusula de salvaguarda la tienen limitada, y poco más de la mitad estarían cubiertos de forma retroactiva.
Revisiones limitadas y no retroactivas
De acuerdo con los datos aportados por el Banco de España, las cláusulas de salvaguarda incluidas en los convenios españoles solo protegen íntegramente al 25% de los trabajadores cubiertos. Esto significa que tres de cada cuatro asalariados cubiertos la tiene topada y pierde poder adquisitivo con la inflación. El Banco de España señala que la protección ofrecida por estas disposiciones se ha reducido notablemente en los últimos años: entre 1994 y 2011 las cláusulas habrían cubierto hasta el 85% de la subida de precios. En 2021, fue el 33%. En lo que va de 2022, los salarios protegidos por estas disposiciones se han revalorizado una media del 2,78%, frente a una inflación que por ahora es de más del 10%.
Por otro lado, algo más de la mitad de los amparados por la salvaguarda salarial no lo son de forma retroactiva. Es decir, sus empresas no revisan los salarios que han percibido durante el pasado año y les pagan la diferencia con la inflación. Aunque los datos de Trabajo revelan que el aumento salarial de los trabajadores con cláusulas no retroactivas ha sido mayor en lo que va 2022 —con un 3,375%—, estos han perdido más capacidad adquisitiva. Aquellos cuyos convenios no prevén una revisión con efectos retroactivos solo ven sus salarios revisados al terminar el año, y hacia delante, pero no recuperan el poder adquisitivo que han perdido a lo largo de ese periodo.
Cláusulas referidas al IPC
El Banco de España no ha sido capaz de identificar ningún convenio que use como referencia para revisar los salarios la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni la energía. El organismo, que considera que este tipo de cláusulas “perjudica la competitividad”, señala que los índices generales a los que se sujetan, como el IPC, “se encuentran muy distorsionados” y que no ofrecen “una visión completamente ajustada de las verdaderas presiones inflacionistas internas” en España.
El organismo supervisor y varios economistas —a los que se suma la patronal— temen que una subida excesiva de sueldos lleve a una “espiral” de precios y salarios que agrave la inflación, en lugar de paliar su efecto en el bolsillo de los trabajadores. Por ello, tanto desde el Banco de España como desde el Gobierno se apela a un pacto de rentas que sea capaz de repartir el peso de la subida de precios entre todos los actores económicos.