El ejemplo de Francia y Argentina: así funcionó la cesta de alimentos esenciales que propone Yolanda Díaz

Francia ensayó en 2011 una cesta de la compra antiinflación similar a la que ahora quiere poner en marcha en las grandes superficies alimentarias de España la vicepresidenta española Yolanda Díaz. La experiencia francesa, durante la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy, consistía en ofrecer un paquete de productos sanos y variados (la cesta d...

Francia ensayó en 2011 una cesta de la compra antiinflación similar a la que ahora quiere poner en marcha en las grandes superficies alimentarias de España la vicepresidenta española Yolanda Díaz. La experiencia francesa, durante la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy, consistía en ofrecer un paquete de productos sanos y variados (la cesta debía contener como mínimo una pieza carne, pescado, fruta, verdura, queso o producto lácteo y bebida) por un precio de entorno a 20 euros. Topó con críticas en la oposición de izquierdas y en organizaciones de consumidores, que veían en la iniciativa un parche ante la inflación. Al llegar al Elíseo el socialista François Hollande, el acuerdo quedó en el olvido.

El hombre que ideó el llamado panier des essentiels (cesta de lo esencial), el entonces secretario de Estado para el Consumo, Frédéric Lefebvre, vive hoy retirado de la política, pero recuerda perfectamente cómo se fraguó la iniciativa, que sigue reivindicando: “Ya antes de entrar en el Gobierno”, dice en una entrevista telefónica, “yo ya había imaginado cómo asociar la cuestión de los precios y la accesibilidad a los productos con la cuestión de la comida basura y la calidad: el equilibrio y la salud”. Y añade: “A fin de cuentas, todo el mundo puede comprar a bajo precio hoy. La idea del panier des essentiels era agrupar en una cesta un producto de cada categoría con un precio no bloqueado, es decir no el mismo para todos, pero voluntariamente bajo. Esto obligaba a los distribuidores a buscar los productos de temporada, que son menos caros, y los menos transformados. Y esto hacía funcionar los circuitos cortos, lo cual es bueno para el planeta. Así que había calidad con precios accesibles”.

Lefebvre cuenta que, una vez planteada la idea, afrontó un doble forcejeo. Primero, con la propia Administración, hostil a propuestas que recordasen a un bloqueo de los precios. Y segundo, con los gigantes distribución. “Fue mi gran problema”, asegura el exsecretario de Estado, que señala específicamente a E. Leclerc. En cambio, afirma que logró el apoyo de la opinión pública, sobre todo después de que le entrevistasen el popular telediario del mediodía en la cadena privada TF1. El contexto, salvando las distancias, se parecía al actual: Francia, como el resto de Europa, sentía el golpe de la crisis financiera y económica de 2008, el norte de África y Oriente Próximo se encendía con las llamadas primaveras árabes, y los precios de la alimentación habían subido más de un 2% (ahora es peor: según las previsiones oficiales, la inflación en este terreno superará el 5%).

Las negociaciones culminaron con un compromiso de nueve grandes enseñas de supermercados para ofrecer la cesta de los productos esenciales con un sello común. La cesta debía renovarse semanalmente y publicitarse. “Cada semana el derecho de comer bien por menos de 20 euros”, decía uno de los anuncios. Pero las críticas no tardaron. En la Asamblea Nacional, Pascale Got, una diputada del Partido Socialista, entonces en la oposición, la calificó la ‘’cesta de los pobres” y sostuvo que se trataba “ni más ni menos que de una lista de productos de los que las grandes superficies se quieren deshacer”. Añadió que la cesta escondía “el fracaso de la política gubernamental ante el poder adquisitivo de los hogares y la dificultad para garantizar sus gastos obligatorios”. Lo esencial, remachó, no eran acuerdos como el Lefebvre había forjado con las empresas, sino “la regulación del alza de los precios alimentarios y la transparencia sobre los márgenes realizados por la gran distribución”. Olivier Andrault, de la asociación de consumidores UFC-Que Choisir tildó la iniciativa de un mero “truco” al servicio “de la gran distribución y de la comunicación gubernamental”, según declaraciones que en su momento citó el diario Le Monde.

“Estábamos en crisis entonces, como hoy, y había un debate sobre el poder adquisitivo en el país”, responde ahora Lefebvre. “Siempre que los políticos adoptan medidas se dice que es comunicación política, pero hay que mirar el monedero de la gente, la gente ve lo que es concreto para ellos, y no hay medida más concreta que aquella”. El acuerdo, sin embargo, no era obligatorio, ni estaba codificado por ninguna ley ni norma. Con el cambio de Gobierno, en 2012, “la gran distribución y la administración aprovecharon para enterrarlo”.

Once años después, con una subida aún mayor de los precios, algunas grandes superficies en Francia optan por otro método: listas de decenas de productos con los precios bloqueados durante un periodo de tiempo. De la cesta de lo esencial a lo que ahora se denomina el escudo antiinflación, o bouclier anti-inflation.

Experiencia argentina

En 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina lanzó un programa similar, Precios Cuidados, que se ha mantenido vigente desde entonces. Se trata de una lista de productos básicos de consumo familiar, como alimentos, bebidas y artículos de higiene personal, que se venden en supermercados a un precio acordado con el Gobierno y que se mantiene fijo durante cierto plazo.

El programa se lanzó para frenar la inflación, que en 2013 había rondado el 27% interanual, pero ese objetivo fracasó: los precios siguieron al alza y en 2014 subieron cerca de un 38%. Sin embargo, la iniciativa de precios cuidados continuó durante toda la gestión kirchnerista y se mantuvo también bajo la presidencia del liberal Mauricio Macri y de su sucesor, el peronista Alberto Fernández. El número de artículos incluidos en la lista se ha ido ampliando, y ahora superan los 900.

Sus defensores argumentan que los productos controlados por el Estado sirven como referencia de precios para todos los demás fabricantes y esa política frena aumentos aún mayores. Su escaso impacto en la inflación, que hoy es del 71% interanual, y la repercusión negativa que tiene en los pequeños comercios que no participan del programa son algunas de las principales críticas.