El juez del ‘caso Villarejo’ archiva la causa contra una filial de Iberdrola por prescripción

Iberdrola se apunta un tanto en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Villarejo, ha archivado la causa abierta contra una de las filiales de la eléctrica, Iberdrola Renovables, que permanecía imputada por contratar los servicios del comisario José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial. El magistrado considera que los delitos que se le atribuyen a la compañía han prescrito y, por tanto, no le queda más remedio que dar carpetazo al asunto. Hace ap...

Iberdrola se apunta un tanto en la Audiencia Nacional. El juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Villarejo, ha archivado la causa abierta contra una de las filiales de la eléctrica, Iberdrola Renovables, que permanecía imputada por contratar los servicios del comisario José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial. El magistrado considera que los delitos que se le atribuyen a la compañía han prescrito y, por tanto, no le queda más remedio que dar carpetazo al asunto. Hace apenas un mes, el juez aplicó el mismo criterio y también desimputó a Ignacio Sánchez Galán, presidente de la energética, al que se investigaba desde 2021 por cohecho, falsedad documental y delitos contra la intimidad.

En un auto de 14 páginas firmado este miércoles, el magistrado explica primero que la imputación de Iberdrola Renovables respondía al encargo que hizo a Villarejo para investigar a una sociedad suiza con la que mantenía conflictos empresariales por la ejecución de una serie de proyectos en Rumanía. Según argumenta entonces el juez, pese a los indicios existentes, como se atribuye un delito de cohecho y la pena máxima que podría imponerse a la empresa de Sánchez Galán sería de dos años, el tiempo de prescripción se fija en cinco años. Un plazo que, en su opinión, se habría superado.

El instructor subraya que la prescripción comenzó a contar en el momento de la jubilación del comisario (22 de junio de 2016) y que ya se había sobrepasado cuando se dictó el auto de imputación contra la energética como persona jurídica (9 de julio de 2021). Es decir, se habría superado por apenas 17 días.

“Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos, que los delitos imputados a Iberdrola Renovables Energía S. A. estarían prescritos cuando se dictó el auto de 9/07/2021, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre a tenor del artículo 637.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, concluye el juez en su resolución.

Pese a ello, Iberdrola sigue en el punto de mira de los tribunales en diferentes instrucciones. La compañía es el epicentro de esta línea de investigación del caso Villarejo, donde García-Castellón mantiene que la energética contrató al comisario Villarejo para, al menos, seis presuntos proyectos de espionaje: Arrow, que tenía por objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz); Black Board, para conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, su gran rival en el sector eléctrico; Front, sobre trabajadores de la central de Cofrentes; Gipsy, para investigar a directivos internos ante las sospechas de que estuvieran cobrando comisiones ilegales; Posy, el espionaje a Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, para evitar el asalto de la constructora al consejo de administración de la eléctrica en 2009; y Wind, “centrado en la investigación de la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario, Christopher Kaap, con quienes Iberdrola Renovables Energía S. A. se había aliado para desarrollar proyectos en Rumania”.

La Audiencia Nacional también ha abierto juicio oral contra otra de sus filiales, Iberdrola Generación, y cuatro directivos por manipular presuntamente en 2013 el mercado para disparar el precio de la energía eléctrica y obtener un beneficio millonario. Una operación irregular que, según los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción, provocó un perjuicio de más de 107 millones de euros, que fue “soportado” por los consumidores, empresas comercializadoras y aseguradoras.