La banca presiona para pagar el nuevo impuesto con créditos fiscales

Los bancos han propuesto al Gobierno que se pueda abonar el nuevo impuesto al sector con créditos fiscales. Otra opción que han reclamado, según fuentes al tanto de las conversaciones, es que se puedan deducir lo pagado por el nuevo tributo en el impuesto de sociedades. El Gobierno rechaza estas presiones porque el gravamen perdería recaudación y no tiene sentido usar activos fiscales de sociedades para compensar otro tributo.

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Los bancos han propuesto al Gobierno que se pueda abonar el nuevo impuesto al sector con créditos fiscales. Otra opción que han reclamado, según fuentes al tanto de las conversaciones, es que se puedan deducir lo pagado por el nuevo tributo en el impuesto de sociedades. El Gobierno rechaza estas presiones porque el gravamen perdería recaudación y no tiene sentido usar activos fiscales de sociedades para compensar otro tributo.

Las entidades cuentan con unos 200.000 millones en pérdidas y provisiones apuntadas en los balances que pueden ir deduciéndose al tipo del 30% en el impuesto de sociedades. Es decir, se trata de unos 60.000 millones en créditos fiscales de los que tiran para reducir su factura tributaria. En su mayor parte, estas pérdidas tienen su origen en los ajustes de valoración que tuvieron que hacer al estallar la burbuja inmobiliaria, cuando reconocieron que sus activos y créditos valían mucho menos. Gracias a estos activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés), las entidades han pagado menos impuestos durante la última década. Eso sí: está limitado cuánto pueden utilizar cada año. Y hay una parte que va caducando.

El sector defiende esta opción para hacer frente al nuevo impuesto que anunció la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Los DTA no son un privilegio de los bancos. Son un activo que ya se ha pagado previamente”, sostienen fuentes financieras. El nuevo tributo, del que aún se desconoce su diseño final, irá en principio a un tipo alrededor del 5% sobre el total de intereses y comisiones. El Ejecutivo, por su parte, se muestra inflexible, ya que considera que de hacer eso no recaudaría lo esperado para financiar las medidas contra la inflación. Tan solo se haría caja dentro de unos años o incluso décadas más tarde. Las posturas están alejadas y la negativa será rotunda. “Un impuesto se negocia con los partidos, no con la banca”, dicen fuentes gubernamentales.

Fuentes del Ministerio de Economía señalan que la reunión que tendrá lugar este viernes será simplemente un diálogo en el que también se tratarán otras materias como la inclusión financiera. Está previsto que asista el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, el director general de CECA, José María Méndez, el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, y los presidentes Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank), Josep Oliú (Banco Sabadell) y Manuel Azuaga (Unicaja). Por parte de Bankinter, su consejera delegada, María Dolores Dancausa, aseguró este jueves que todavía no habían decidido si acudiría ella misma o el presidente de la entidad, Pedro Guerrero.

Una preocupación de los supervisores es que con este impuesto las entidades más débiles tengan la tentación de liberar provisiones para dar más beneficios. Pero también puede ocurrir lo contrario con las que estén mejor: pueden pactar con los inversores institucionales que van a retrasar parte del dividendo porque elevan las provisiones, limitando su beneficio y reduciendo así su fiscalidad por sociedades. De esta forma, compensarían el pago del nuevo impuesto con una caída de lo que abonan por la imposición societaria. Según algunos expertos consultados, sería más limpio que el Gobierno subiera el impuesto sobre los depósitos. Pero esto sería políticamente difícil de justificar en tanto que se estaría gravando el ahorro y no los ingresos de la banca.

Sin recaudación hasta 2023

La justificación del Ejecutivo para impulsar este nuevo gravamen era que la banca arrimase el hombro en el actual contexto de espiral inflacionista. Sin embargo, con este impuesto al sector financiero, los ingresos tardarán en llegar: aunque se grave el negocio de este ejercicio, las entidades no pagarán hasta un año después. El tributo se abonaría en 2023 y 2024 porque, al no estar aún aprobado, no podría haber adelantos a cuenta. Y eso en el caso de que se logre llevar adelante, ya que los bancos darán la batalla: “Si hay resquicios para no pagarlo, porque jurídicamente nos asista el derecho, lo pelearemos”, aseguró Dancausa este jueves.

La limitación temporal del gravamen será otro de los puntos clave de la reunión. Los bancos quieren asegurarse de que la tasa es excepcional y temporal. Para ello, pretenden que su duración se vincule a un hecho concreto como la guerra de Ucrania o la inflación y evitar así que se pueda convertir en un impuesto permanente por la puerta de atrás.

El desencuentro entre las partes es notable y se visualizará en la reunión en la sede de Economía. Fuentes financieras insisten en que no tiene mucho sentido que el ministerio pretenda que sea para hablar de otros temas y no del nuevo impuesto. “Esperamos que haya algo más de concreción, aunque me temo que habrá pocos detalles”, esgrimen estas fuentes. Además, el sector financiero no entiende cómo se pudo anunciar este gravamen por sorpresa y sin tenerlo definido. Tampoco comparten que este sobrecoste no se pueda repercutir sobre sus servicios. Según fuentes del sector, es muy difícil de evitar y jurídicamente no tiene firmeza. “Este impuesto lo sugirieron Stiglitz y Krugman para reducir el tamaño del sector financiero tras la burbuja de crédito. Sin embargo, se descartó por sus efectos contraproducentes, ahora no es un momento de efervescencia financiera, va a intensificar la restricción crediticia de la subida de tipos y no va a aumentar la recaudación”, explica Fernando Fernández, profesor del IE.

El BCE, a la espera de los detalles

El Banco Central Europeo, informa Manuel V. Gómez, todavía no tiene una respuesta sobre el nuevo impuesto a la banca que ha anunciado el Gobierno español. “Es difícil opinar cuando no conoces los detalles del impuesto. No conocemos los detalles y nuestra opinión no puede ser completa”, ha justificado el vicepresidente del regulador bancario, Luis de Guindos, también exministro de Economía.

A pesar de esto, Guindos ha recordado los criterios que suele emplear el BCE para opinar sobre los nuevos impuestos a la banca. Ha detallado que tienen en cuenta que el tributo no impida la concesión de crédito, no endurezca la financiación de familias y empresas y que no perjudique la solvencia del sector. En los últimos años, en la zona euro Lituania, Chipre y Eslovenia han implantado nuevas tasas a los bancos. Todos han sido evaluados por el BCE bajo los prismas que ha recordado el vicepresidente.