El Gobierno solo gastó 2.400 millones de los fondos europeos el año pasado

El Gobierno solo gastó el año pasado 2.400 millones de euros de los fondos europeos, el equivalente al 0,2% del PIB, según datos oficiales de contabilidad nacional publicados por la Comisión Europea. ¿Se trata de una cifra exigua o de algo normal dadas las circunstancias? Si se compara con otros países, la cantidad materialmente desembolsada por España del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia se sitúa dentro de lo normal: por ejemplo, Italia ha ejecutado el 0,1% del PIB a cierre del 2021. Portugal, todaví...

El Gobierno solo gastó el año pasado 2.400 millones de euros de los fondos europeos, el equivalente al 0,2% del PIB, según datos oficiales de contabilidad nacional publicados por la Comisión Europea. ¿Se trata de una cifra exigua o de algo normal dadas las circunstancias? Si se compara con otros países, la cantidad materialmente desembolsada por España del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia se sitúa dentro de lo normal: por ejemplo, Italia ha ejecutado el 0,1% del PIB a cierre del 2021. Portugal, todavía nada. Y Grecia, también el 0,2%. Todos ellos han recibido una mayor proporción de recursos de este fondo que se constituyó para ayudar a Europa a salir de la pandemia y modernizar la economía. Por el contrario, esta cifra se antoja muy escasa al compararla con los 24.000 millones que el Gobierno presupuestó para el año pasado. El impulso que iban a dar estas inversiones a la actividad, que el Ejecutivo llegó a estimar en 2 puntos de PIB, también se ha quedado en poco.

No obstante, el Gobierno alega que en realidad el plan no se aprobó por la Comisión hasta julio y que no se puso a pleno rendimiento hasta septiembre. Sostiene que sí que sirve para mejorar la inversión: la de bienes de equipo y propiedad intelectual se encuentra en máximos históricos. “Este tirón ocurre porque las empresas ya han empezado a invertir preparándose para los proyectos y la adjudicación de contratos”, señalan fuentes gubernamentales. Además, recuerdan que España es el país que más ha avanzado con su plan: es el único que ya ha solicitado el segundo pago.

A España le han tocado cerca de 70.000 millones en ayudas no reembolsables que debe asignar antes de que acabe 2023 y gastarlas para finales de 2026. Estas se conceden a cambio de la consecución de inversiones —sobre todo en el ámbito verde y digital— y reformas, como la laboral o la de pensiones. Además, puede disponer de otros 70.000 millones en créditos que negocia el Gobierno y que se incluirán en el plan de recuperación español como una adenda, con nuevos hitos y objetivos.

En cualquier caso, hay bastantes países que todavía no han gastado nada. Algunos han preferido disponer de más tiempo para elaborar sus planes y no han ido tan rápido como España o Portugal, que fueron los primeros en conseguir el visto bueno de la Comisión para sus programas y que ya han obtenido desembolsos. La idea era que fuese un estímulo para asegurar la recuperación de la covid.

Dicho esto, otros Estados que reciben una menor proporción de fondos como Alemania ya tienen el 0,2% del PIB gastado. A pesar de haber presentado su plan tarde, Suecia ya cuenta con el 0,2% del PIB desembolsado. Y Francia destaca como uno de los dos países que más fondos ha usado en relación a su economía: el 0,5%. Quizás gracias a su estructura centralizada ha podido movilizar los recursos más rápido. El otro que más ha gastado es Hungría, que pese a no haber logrado el aprobado de la UE ya ha contabilizado inversiones por valor del 0,5% del PIB a cargo del mecanismo. Estos datos son los que han brindado de forma oficial las agencias nacionales a Eurostat, que los ha validado. No obstante, la Comisión advierte de que algunos números podrían no haber llegado a tiempo y estas cifras todavía podrían tener alguna revisión.

Inversión pública

El problema surge cuando estos guarismos se comparan con las expectativas que generó el Gobierno en los Presupuestos de 2021. Entonces, el Ejecutivo prometió que aumentaría el gasto en unos 24.000 millones solo por el mecanismo de recuperación. Sin embargo, esto ha distado de ser así. Por ejemplo, la inversión pública apenas aumentó el año pasado en unos 2.500 millones, hasta los 32.152 millones. Y casi la mitad de ese incremento se debe a carreteras que se quedó el Estado. De hecho, en los datos de ejecución del Estado central aparecen unos 16.700 millones que se han transferido en 2021 a otras partes del sector público. Es decir, el Gobierno ha entregado el dinero a entidades como Adif, Tragsa, carreteras, puertos, Red.es, IDAE o las comunidades, y estas a su vez tienen que preparar los marcos regulatorios, licitar y resolver. En consecuencia, el dinero está tardando en llegar.

Ha costado poner en marcha la maquinaria. Los procedimientos y controles necesarios son numerosos. La plantilla de la administración es limitada para gestionar una cantidad tan grande de recursos al tiempo que atiende las tareas ordinarias. Las comunidades están mostrando un ritmo más lento. Y los límites a las ayudas de Estado dificultan la aplicación. Así que el Gobierno se ha centrado en publicitar los datos de fondos comprometidos. Esta es la fase en la que se saca el concurso. Y es importante porque hay que asignar los recursos antes del cierre de 2023. La aceleración en este sentido ha sido muy pronunciada. Conforme se avance en los proyectos estratégicos o PERTE, estos ayudarán porque canalizarán más fondos. Pero ahora resta acelerar la resolución de las convocatorias.

“Hay por ahora mucho convocado y poco resuelto”, explica Manuel Hidalgo, del observatorio de fondos europeos de EsadeEcPol y EY Insights. Un informe de Llorente y Cuenca señala que el reto es la ejecución al ritmo necesario para propiciar la recuperación pretendida. En este contexto, tanto la Autoridad Fiscal como el BBVA ven cada vez más probable que este año se ejecuten unos 15.000 millones, por debajo de los 26.000 presupuestados para 2022. La buena noticia es que podría concentrarse en la segunda mitad del año, justo cuando se acabe la recuperación de la campaña turística, ayudando en un otoño que podría complicarse. La mala es que el estímulo aterriza cuando la inflación ya es un quebradero de cabeza.