El encarecimiento de la luz empuja a más de 1,2 millones de hogares del mercado regulado al libre
Los consumidores domésticos se refugian en las tarifas de precio fijo para escapar de la volatilidad. Las reguladas son más convenientes en el largo plazo, pero no cuando los precios suben como lo han hecho en los últimos meses
El brutal encarecimiento de la luz iniciado el verano pasado acelera el éxodo de clientes del mercado regulado al libre. Solo en 2021, más de 1,2 millones de hogares dejaron atrás un contrato de tipo PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que fluctúa al son del mercado mayorista, para pactar directamente un precio con su empresa comercializadora, según los datos publicados este lunes por la ...
El brutal encarecimiento de la luz iniciado el verano pasado acelera el éxodo de clientes del mercado regulado al libre. Solo en 2021, más de 1,2 millones de hogares dejaron atrás un contrato de tipo PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que fluctúa al son del mercado mayorista, para pactar directamente un precio con su empresa comercializadora, según los datos publicados este lunes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta huida del mercado regulado —históricamente más barato para el cliente y menos rentable para las eléctricas, pero que en momentos de precios altos, como ahora, se ceba con los usuarios— se ha acelerado exponencialmente respecto a ejercicios anteriores: en 2020 quienes tomaron ese camino fueron menos de la mitad (575.000 usuarios) y un año antes de la pandemia, en 2019, fueron 660.000.
En octubre de 2021, el último dato disponible, el 60% de los consumidores eléctricos —unos 18 millones de consumidores sobre un total de 29 millones— tenían contratada una tarifa de mercado libre a precio fijo, lo que les permitió mantener los costes acordados hasta la fecha de revisión de sus contratos. Por el contrario, el 40% de los consumidores tenía contratos regulados indexados al precio del mercado al contado, que es donde se han disparado los precios en los últimos meses. El encarecimiento sufrido por estos ha rondado el 45% en 2021 (+229 euros con respecto a 2020 para un consumidor medio), según las cifras de la CNMC.
El organismo recuerda que optar por el mercado regulado, “si bien implica que el consumidor se encuentra expuesto a las variaciones del mercado de contado en cada momento, a cambio, no incorpora el coste de cobertura que añaden otros productos disponibles en el mercado que proporcionan una mayo estabilidad”. Por ello, la CNMC apela a que los consumidores sean “plenamente conscientes de los riesgos y beneficios que comportan este tipo de contratos” y recuerda que, “si en la actualidad se efectuara un cambio en la fórmula del PVPC incluyendo referencias de cotizaciones a plazo, también reflejaría la tensión de subida de precios trasladada a toda la curva de precios”.
En otras palabras: un consumidor doméstico que se hubiese cambiado al mercado libre al principio de la crisis de precios, habría pagado claramente menos; si el cambio se hiciese ahora, sin embargo, su nuevo contrato ya incorporaría un coste de la electricidad mucho más alto. Hoy, la mayoría de comercializadoras están ofreciendo contratos de mercado libre a más de 20 céntimos por kilovatio hora (KWh), lo que supone internalizar los actuales costes del mercado mayorista. Sin embargo, quienes hicieron el tránsito del regulado al libre a mediados del año pasado consiguieron tarifas de entre 10 y 15 céntimos por KWh, mucho más competitivas que las que ofrece el PVPC.
Por su parte, la patronal de las grandes eléctricas (Aelec) ha abogado en los últimos meses por acabar con las tarifas reguladas, que quedarían restringidas a los hogares vulnerables, los beneficiarios de las ayudas del bono social. La asociación alega que España es el único país de Europa en el que hay tarifas reguladas de electricidad ligadas al mercado diario, mientras que en el resto del bloque las tarifas suelen arrojar precios más estables. A largo plazo, las compañías suministradoras son las más beneficiadas por este cambio del regulado al libre, donde el retorno por cliente es mucho mayor. En los últimos meses, los grandes nombres de este sector han lanzado potentes campañas comerciales para acelerar ese tránsito.
Un mercado cada vez más volátil
La CNMC reconoce, eso sí, que la volatilidad del mercado regulado “previsiblemente será cada vez más habitual en el futuro ante la elevada incorporación de energías renovables prevista”. La entrada en tromba de eólica y solar hará que, durante cada vez más horas del día los precios caerán a niveles mínimos, de dos o incluso un solo dígito. A la vez, sin embargo, en los tramos en los que no den de sí para cubrir la demanda, serán los ciclos combinados (que queman gas natural) los que fijen el precio y este se disparará. La volatilidad de los últimos meses puede ser, así, el aperitivo de lo que está por venir cuando las fuentes verdes copen la mayor parte del mercado.
El organismo, sin embargo, vincula la contribución de la tarifa PVPC —por su naturaleza dinámica: el precio cambia en función del tramo horario— al buen funcionamiento del mercado y a una transición energética “más sostenible”, dado que incentiva el gasto en las horas en las que el peso de las renovables es mayor. “Permiten que el consumidor ajuste su consumo a las señales de precio en tiempo real, que reflejan el valor de la electricidad en cada momento”. Aunque este tipo de tarifas —como las nocturnas o las que discriminan por horas en las que se efectúa el consumo— también están disponibles en el mercado libre, son mucho menos comunes que aquellas que ofrecen el mismo precio a todas las horas del día.
Aviso sobre las cláusulas de alza de precios
Un buen número de eléctricas incluyen en los contratos de suministro de mercado libre una cláusula que les permite adaptar los precios en caso de encarecimiento del mercado mayorista, como ha ocurrido en los últimos meses. Algunas de ellas, subraya la CNMC, “han optado por modificar unilateralmente sus condiciones”, una práctica que “no cumple con la obligación de información transparente sobre precios y condiciones de la directiva europea”. El regulador afirma estar “supervisando dichas conductas en el ámbito de sus competencias” y advierte a las comercializadoras de que deben “avisar de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificación y del derecho a rescindir el contrato sin coste alguno”.